■ En Zacatecas persiste la discriminación contra este sector, revela estudio
■ Falta una cultura de la denuncia; solo 6% de encuestados dijo haber reportado algún caso
El problema de discriminación en contra de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Trasngénero e Intersexuales) no es la falta de leyes, sino que no se ha cambiado la cultura de respeto a los derechos de estas personas. Por ello, el trabajo de sensibilización es primordial para cambiar las condiciones de exclusión y discriminación que sufre este grupo poblacional.
Esta fue una de las conclusiones derivadas de una mesa de análisis llevada a cabo este sábado, en la que se presentaron los resultados de un diagnóstico sobre la discriminación en México y en Zacatecas de la comunidad LGBTI.
El estudio fue elaborado por la Fundación Arcoiris, en colaboración con el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), y arroja que en Zacatecas persisten el desconocimiento y las actitudes discriminatorias en contra de este colectivo.
En la encuesta levantada en la entidad se preguntó en concreto acerca del acceso que la comunidad LGBTI tiene a los derechos de salud, educación, trabajo, seguridad y justicia.
Entre los resultados destacados por María de la Paz Barrón Delgado, coordinadora en el estado de la asociación Eclipse Lésbico, se encuentra que la mitad de las agresiones que sufren los integrantes de esta comunidad proviene de familiares directos, mientras que el resto corresponde a personas desconocidas.
Barrón Delgado señaló, en este punto, que por ejemplo las marchas que se han dado en contra de cambios legislativos que favorezcan el matrimonio igualitario o la adopción entre personas del mismo sexo, entre otros aspectos, sólo generan un mayor clima de violencia y discriminación en su contra.
En este punto coincidió Jimena Batista Ordaz, coordinadora nacional de investigación de la Fundación Arcoiris, quien apuntó que las manifestaciones que en diferentes estados organizó el llamado Frente Nacional por la Familia estuvieron seguidas de un incremento en los crímenes de odio.
Concluyó, en base a las estadísticas de los estudios que han realizado, que “septiembre fue el mes de las marchas y octubre fue el mes de los crímenes de odio”.
Por ello, sostuvo que es fundamental que los resultados de estas encuestas sean difundidos y pongan sobre la mesa la situación real que atraviesan estas personas ya que actualmente México atraviesa un momento político de retroceso en sus derechos.
El de ahora es “un contexto político que nos ha dado cuenta que a veces, amparados por la libertad de expresión, muchos grupos conservadores no es que ejerzan este derecho sino que promocionan el odio hacia la comunidad LGBTI”, concluyó.
Por su parte, Barrón Delgado agregó que falta una cultura de la denuncia ya que en la encuesta solamente 6 por ciento dijo haber reportado cualquier tipo de agresión o acto discriminatorio ante las autoridades.
Quienes no lo hicieron apuntan que la razón fue que no sabían que podían denunciar este tipo de situaciones, que no recibieron al inicio un trato adecuado y desistieron, o inclusive no concluyeron el proceso porque les recomendaron no denunciar.
En el tema de la saluda se advierte que es necesaria una capacitación del personal médico para atender al colectivo LGBTI ya que 64 por ciento de las personas encuestadas dijo que quienes les recibieron no tenían información sobre enfermedades o padecimientos de salud con un enfoque en la orientación sexual o la identidad de género.
La discriminación en este ámbito fue ejemplificada asegurando que por ejemplo se les impide el paso a las habitaciones de sus parejas, firmar responsivas o acompañar a la persona en el proceso de internamiento hospitalario puesto que “no son familiares, no son legítimos, porque no se reconoce que haya una pareja gay o lesbiana”.
En el evento estuvieron presentes representantes de Gobierno del Estado, tanto de la Secretaría de las Mujeres como de la Secretaría General de Gobierno. De esta última dependencia acudió Raquel Ortiz, quien reconoció que actualmente hay una falta de cumplimiento a una disposición legal desde 2011 al interior de la administración pública.
Mencionó que desde ese año, tras la reforma constitucional que hubo en materia de derechos humanos, deberían haberse creado un consejo general y consejos en todas las instancias del gobierno para vigilar el tema de los derechos humanos en el actuar gubernamental.
Dijo que inmediatamente después de advertir esta situación se empezó a trabajar en su conformación y estos organismos serán instalados a la brevedad. Por ello, llamó a las integrantes de las asociaciones que luchan por los derechos del colectivo LGBTI en Zacatecas a que se integren en estos espacios.
También estuvo presente la diputada local María Elena Ortega, quien indicó que se debe aprovechar la conformación del presupuesto del próximo año y también el análisis del Plan Estatal de Desarrollo para tratar de materializar como algo real la perspectiva de género y de derechos humanos, en las acciones que durante los próximos 5 años desarrollará Gobierno estatal.
