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jueves, 27 junio, 2024
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■ Sexenio de AMLO deja compromisos pendientes en esta materia, afirma

Política educativa de la 4T ha tenido aciertos, pero también contradicciones: Víctor Fernández

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

A pocos meses de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la política educativa de la llamada Cuarta Transformación ha tenido aciertos, pero también claroscuros, contradicciones y compromisos que están pendientes y que deberá asumir la próxima administración gubernamental, afirmó Víctor Fernández Andrade, subdirector académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad 321.

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Entre los aciertos, destacó el modelo educativo con carácter humanista de la Nueva Escuela Mexicana y la universalidad de las becas para alumnos de educación media superior, pero entre los errores señaló el incumplimiento a su promesa de derogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y admitir en su proyecto político a la fracción “charra” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Recordó que, en 2018, “la mayor parte del magisterio nos volcamos en apoyo a López Obrador e incluso en Zacatecas hubo un evento masivo el 10 de febrero de ese año, donde estuvimos como 10 mil maestros, y ahí hizo pública una serie de promesas que tenía que ver con aspectos de política educativa, pero sobre todo con una política laboral. Palabras más palabras menos prometió echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto”.

Ante ese compromiso, dijo que se esperaba “que no quedara ni huellas de esa reforma”, pero en seis años solamente se abolió la evaluación punitiva que vinculaba la permanencia en el servicio a un examen amañado y alejado a la realidad del sistema educativo; es decir, el presidente cumplió con quitar a los profesores “la guadaña del despido”.

No obstante, afirmó que el resto de la reforma de Peña Nieto se ha mantenido, por ejemplo, los procedimientos “poco razonables” para el ingreso y promoción de los docentes y “un enorme manoseo” en las posibilidades para ascenso vertical de los profesores, puesto que hay corrupción al interior del Usicamm.

Por tanto, Fernández Andrade dijo que, “en el fondo, las relaciones neoliberales entre los maestros no han sido trastocadas por Andrés Manuel López Obrador y lo único que ya no está es la evaluación ligada al despido, pero la precariedad, persecución y negación de derechos no se ha logrado abatir”.

Un aspecto positivo en la política educativa de la Cuarta Transformación, mencionó, es el programa La Escuela es Nuestra, mediante el cual se asigna una cantidad de recursos específica por alumno a cada escuela para realizar obras de infraestructura, lo que permite mejorar las instalaciones.

Además, en lo que respecta a los apoyos para los estudiantes, dijo que las becas para educación media superior son un acierto “incontrovertible”, pues ha permitido una reducción importante en los indicadores de deserción.

En ese sentido, consideró que el gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum debe continuar con esta política y que incluso se profundice y que se revise qué se requiere alumno por alumno y familia por familia para que ningún niño o adolescente abandone la escuela, así como la beca universal para todos los niños tal como lo planteó en campaña.

Fernández Andrade también se refirió a la reforma de los planes y programas de estudio y expuso que este fue el tema más polémico de este gobierno porque generó “una infodemia desbordada y una serie de argumentos en parte racionales y en parte muy ideológicos”. Por ejemplo, se dijo que los nuevos libros de texto tenían contenidos comunistas, pero “el gobierno de López Obrador no tiene un pelo de comunista”.

Desde su perspectiva, el modelo educativo implementado es el adecuado para México debido a que se trata de una política de carácter humanista que pone en el centro el desarrollo de seres humanos integrales y ciudadanos aptos para la vida democrática en la comunidad, lo cual era impensable en los gobiernos panistas o priístas cuando se privilegiaba la formación de individuos eficientes para el sector productivo y para el mercado.

Sin embargo, indicó que los docentes no han logrado concretar en las aulas el contenido y los preceptos de ese modelo y es importante que el siguiente gobierno atienda la formación de los profesores.

En el tema político-sindical, cuestionó que la Cuarta Transformación le haya dado cabida a personajes como Alfonso Cepeda, próximo senador de la República y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), o Soralla Bañuelos, secretaria general de la sección 23 del SNTE, quien obtuvo este nombramiento de manera violenta en aquel congreso realizado en el 2016.

Fernández Andrade explicó que a la Cuarta Transformación le convenía sumar al “charrismo” sindical y a la “izquierda de plástico” para mantener cierto control sobre el magisterio.

“Es algo que le conviene al régimen y también a los otros, pero eso no tiene nada de raro. El sindicato de maestros así nació, no se fundó por iniciativa de los profes, sino por Manuel Ávila Camacho, y entonces el SNTE se funda de la mano del Estado y los sectores más combativos del profesorado fueron aniquilados, expulsados o domesticados”, expresó.

Es decir, en toda su historia, el SNTE nunca ha sido un órgano de defensa de los trabajadores, sino un ente que el gobierno ha utilizado para contener los conflictos que se presentaban en el sistema educativo y para ello “compran, cooptan, amenazan, amedrentan, arrinconan y te callan, y cuando no pueden, asesinatos, cárcel o persecución”.

Así, durante el régimen presidencial, el sindicato prometía votos al PRI tanto de maestros como de las comunidades, mientras que el gobierno en turno ofrecía dádivas a las cúpulas del SNTE.

Por tanto, Fernández Andrade afirmó que lo mismo ocurre en este momento, cuando el gobierno de López Obrador utiliza al SNTE y a su dirigencia para controlar y contener el sector magisterial que suele ser “crítico, enfadoso y rasposo”, lo que significa que la función del sindicato es contraria a los intereses de los trabajadores.

Desde su perspectiva, es contradictorio que un gobierno de izquierda recurra a las mismas prácticas de administraciones que encabezaron en su momento el PRI o el PAN, por lo cual sigue pendiente el tema de la democratización del sindicato, además de los problemas en materia de salario, laborales y en el ámbito profesional.

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