Cada que inicia un nuevo gobierno, los reclamos en materia de aseo administrativo y manejo financiero son comunes. Aun cuando no hay alternancia y la transición es tan tersa como el cambio de lugares en un comedor familiar, no falta algún dejo de reproche por alguna omisión, algún descuido, algún exceso. Esto sucede con mayor frecuencia y fuerza, cuando los cambios son entre dos fuerzas políticas opuestas. No siempre terminan en procesos que culminen en las sanciones correspondientes. Nuestras primeras transiciones locales y también federales, buscaron exhibir un nuevo estado de la cuestión democrática, a partir de una cortesía política que terminó convirtiéndose en un pacto de impunidad que hartó a los mexicanos, al grado que, con el paso de los años, el electorado no palpó una rendición de cuentas vertical nunca, es decir, con su voto, apenas lograba arrojar del poder a los que lo detentaban, pero no castigarlos por sus actos. El castigo era solamente el despojo del poder, del cargo.
Por lo mismo, para no dejarlo en manos de una clase política que entendía la empatía como un asunto solo entre ellos, la sociedad mexicana comenzó a construir instituciones que se alejaran de esta lógica (en la medida lo posible y lo práctico) para garantizar así que la rendición de cuentas dejara de ser un tema de voluntades y se convirtiera en un asunto de obligaciones. Sin embargo, estas instituciones no alcanzan a todo. Tienen limitaciones técnicas, presupuestales, materiales e incluso también, políticas, amén de las áreas de oportunidad que su novatez implica en muchos casos. Por ello, cada vez se vuelve más necesaria la participación ciudadana en mecanismos de vigilancia permanente, instrumentados a partir de la apertura del Estado, y de capacidades desarrolladas en la ciudadanía, así como en el incentivo de la profesionalización en dichas materias. La construcción de una sociedad civil vigorosa e independiente, no se dará, en un país y contexto histórico como el nuestro, sin la aportación, con una visión estadista, de nuestras instituciones: desde el poder legislativo, hasta el Ejecutivo, pasando por el Judicial y particularmente, por los organismos constitucionales autónomos, que fueron creados justamente para ello, a saber y con especial interés, los que conforman el Sistema Anticorrupción, tanto a nivel nacional como local.
Para ponerle fin al ciclo de sorpresas que inmovilizan a los gobiernos entrantes, urge que, además de los controles internos que existen desde la lógica de la rendición de cuentas horizontal, y el voto, como método de rendición de cuentas vertical, permanezca una constante: el involucramiento de la sociedad en la tarea de gobernar, a través de la transparencia, la contraloría social, mecanismos eficientes, accesibles y modernos de denuncia, acompañamiento de los procesos administrativos y judiciales, desde el legítimo interés de los denunciantes, como lo acaba de reconocer la Suprema Corte de la Nación, inclusive.
Solo así, entre todos, con participación, involucramiento, pero también, con capacidades desarrolladas desde las escuelas, universidades, centros de investigación y organizaciones civiles y sociales, podremos ponerle fin a este ciclo maldito, que nos lleva a descubrir desagradables conductas cada que un sexenio, trienio o cualquier periodo de gobierno, concluye.
@CarlosETorres_
