Instalada la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados y en el Senado es posible intentar un ejercicio de reflexión sobre las posibilidades de que determinados asuntos avancen en su proceso legislativo hasta su aprobación, promulgación y publicación en el Diario Oficial. Para empezar, hay que señalar que el mayor grupo en las dos cámaras seguirá siendo Morena, pero no logró el 50% + 1 y ni siquiera con sus aliados logrará la votación calificada (2/3) de legisladores requerida para cualquier reforma constitucional. Esa es una diferencia sustancial con la anterior legislatura, en la que fueron aprobadas varias reformas constitucionales referidas al núcleo central de la 4aT. Ello implica que serán contados y de muy poca monta los asuntos que aglutinen los votos necesarios para reformar la Constitución.
No será posible cambiar las reglas para obtener o perder el registro de un partido político, ni las fórmulas para calcular su financiamiento, ni para volverlos más democráticos empoderando a sus bases, ni para obligarlos a transparentar sus finanzas, etc. También será muy poco probable que se logre el apoyo de más de 2/3 partes de los legisladores para transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), para volver menos oneroso su funcionamiento y, sobre todo, para que sean capaces de ser imparciales y eficaces en el combate al trasiego de dinero ilícito. El actual INE no fue capaz ni de detectar las cantidades que Peña Nieto recibió de la empresa Odebrecht, según lo ha revelado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y los integrantes del TEPJF se han comportado vergonzosamente y acusado mutuamente de corrupción. Todo indica que no será posible la reforma de gran calado necesaria.
Lo más lamentable es que prácticamente nadie está promoviendo la reforma al sistema presidencial para construir uno parlamentario, ni para introducir las reformas necesarias para que el poder judicial sea la columna del Estado de Derecho que México requiere. Aunque parece que una mayoría de comentaristas ya está convencida de que el sistema presidencial vigente, en una sociedad proclive a poner todas sus esperanzas en actores políticos individuales, interfiere en el proceso de consolidación de todos los elementos de nuestro sistema republicano, lo cierto es que existen muy pocas voces que proponen alguna modalidad de república parlamentaria. Sería muy importante quitarle centralidad al titular del poder ejecutivo, con su designación en un parlamento electo bajo el principio de representación proporcional, de acuerdo con la votación emitida en las distintas regiones del país, mediante listas separadas y abiertas de 50% de mujeres y 50% de hombres.
Un sistema diseñado bajo esos principios permite que los gabinetes gubernamentales sean sometidos al escrutinio público desde antes de su designación por la mayoría parlamentaria y durante su desempeño. En el extremo, cuando un gabinete pierde la confianza de la mayoría parlamentaria mediante una votación de una moción para el efecto, procede su sustitución inmediata o, en ciertas condiciones, procede la disolución del parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Sería también importante pasar de los mandatos de 6 años para el titular del Ejecutivo, a sólo 4, permitiendo que tenga una oportunidad de ser reelecto, justo como ocurre en los Estados Unidos.
Otro tema de importancia que no se está debatiendo es el de la Cédula de Identidad Única. Sería relativamente fácil hacer las reformas para que al actual registro nacional de electores se le adicionen los menores de edad, para tener un listado universal y emitir una identificación que sirva para todos los trámites en la república mexicana: Para votar desde luego, para obtener permiso de manejo, para acceder a los derechos humanos fundamentales: salud, educación, etc. Este y otros temas relevantes no están en el debate nacional; para cambiar esta situación debemos incursionar intensamente en las herramientas que permitan saber lo que ocurre en los espacios encargados de conducir el intercambio de opiniones: el Congreso de la Unión.
Es obvio que las dificultades para lograr mayorías calificadas no impedirán que las mayorías de diversas comisiones generen dictámenes sobre distintos asuntos de interés, y que su debate en las asambleas plenarias de diputados y senadores sea promovido para posicionar partidos o candidaturas con vistas a la elección general de 2024. Es evidente que quienes se opongan a, por ejemplo, disminuir las prerrogativas económicas a los partidos, o elevar a 5% de votos el umbral para mantener el registro de alguno de ellos, provocarán un alto costo político al partido y a los candidatos en lo individual. Por ello es tan importante dar la máxima difusión a las agendas y discusiones y, sobre todo, al sentido de cada voto emitido por cada partido y cada legislador. Es muy importante que se sepan vigilados por millones.
