La obligación global de la asistencia humanitaria

La obligación global de la asistencia humanitaria

Hay récords que deberían causarnos una absoluta vergüenza como humanidad. Que 235 millones de personas (cinco veces España) necesiten apoyo humanitario para sobrevivir es un escándalo; que esa cifra haya aumentado desde el año pasado, cuando ya alcanzó niveles históricos, es un golpe en el estómago, una falta de aliento. Podemos decirlo de otro modo y seguirá siendo indecente: una de cada 33 personas en todo el mundo depende de la asistencia humanitaria. En el Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, vale la pena arrojar luz sobre las causas y responsabilidades de tal infamia.

Según datos del Programa Mundial de Alimentos y a FAO, el hambre extrema aumentará en los próximos meses. Al menos, 23 regiones sufrirán crisis alimentarias de forma directa. Cada minuto mueren once personas como consecuencia del hambre aguda. Tal como denuncia Oxfam, las causas pueden resumirse en tres C: covid-19, cambio climático y conflictos. Los precios de los alimentos, a consecuencia de la crisis provocada por la pandemia, han subido un 40% en el último año; la precariedad económica y la falta de empleo han golpeado con saña quienes ya vivían en cuerda floja. El informe sobre cambio climático del IPCC, recién salido del horno, lo deja muy claro: los episodios climáticos extremos tendrán un grave impacto en la vida de millones de personas. Y, además, los conflictos continúan multiplicándose: algunos enquistados desde hace años o incluso décadas; otros sumando múltiples violencias que atentan contra la vida digna. Las muchas crisis que afectan a todo el planeta han arrojado de sus hogares a más de 83 millones de personas; una cifra sin precedentes.

En un contexto en el que el apoyo humanitario es crucial para la vida de millones de personas, se generalizan los ataques a lugares, actuaciones y personas que garantizan, con neutralidad e independencia, el apoyo a quienes sufren las crisis. La primera víctima de estos ataques es la población civil, pero también lo son los actores humanitarios. En 2020, según el último informe de Aidworker Security Organization, 475 personas fueron víctimas de ataques, de ellas, 108 perdieron la vida. Recientemente fueron asesinados en Etiopía tres compañeros de Médicos sin Fronteras.

España: la urgencia de la responsabilidad humanitaria
En un contexto global de tales características, la responsabilidad de los Estados y de las instituciones internacionales no es una opción, sino una obligación. Está claro que lo ideal sería que ese apoyo no fuera necesario porque cada país pudiera resolver sus propias crisis o que incluso estas no llegaran a producirse. Sin embargo, la realidad para 235 millones de personas es que, sin ese apoyo humanitario, en muchos casos no pueden asegurar ni siquiera una comida diaria.

El número de llamamientos humanitarios de la ONU en 2020 pasó de 36 a 55 mientras el apoyo de los Estados se estancó. En la fotografía general, hay países donantes que salen mejor parados que otros. España es de los que se sitúa a la cola con un compromiso mínimo: destina a la acción humanitaria un 3,8% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), una cantidad muy alejada del compromiso del 10%. Es urgente que España apueste por una cooperación comprometida que responda a las emergencias y violencias de un mundo en crisis. Los compromisos se asumen para cumplirlos.

Más allá del necesario aumento en los fondos, España debe garantizar que otras políticas no echan más leña al fuego. La venta de armas a zonas en conflicto debe acabar de manera inmediata. La acción exterior del Gobierno debe apoyar a la sociedad civil, principalmente en un contexto creciente de recorte de derechos de participación y organización colectiva. Los acuerdos comerciales y las actuaciones de empresas transnacionales, que acaban con los recursos y la biodiversidad en amplias zonas del planeta, deben ser controladas. España debe asumir su responsabilidad en materia de cambio climático y reducir de manera importante las emisiones de CO2. Sin olvidar la urgencia de políticas migratorias y de asilo que garanticen plenamente los derechos de personas que, en muchos casos, provienen de contextos de crisis humanitarias.

El cambio de rumbo es posible
La negociación de los presupuestos generales del Estado para 2022 debería ser una buena oportunidad para cambiar el rumbo y definir con hechos el papel que España quiere jugar en el mundo. Asistimos también a la reforma el sistema de cooperación al desarrollo, un momento ideal para tomar medidas que fortalezcan en todos los sentidos el rol de España en la garantía de los derechos humanos, la protección el planeta y la asistencia humanitaria.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de demostrar si realmente está comprometido con la garantía universal de los derechos humanos. Las cartas están en sus manos: puede responder a una ciudadanía que es solidaria y, sobre todo, puede responder a las personas que se levantan sin saber si comerán ese día, qué futuro inmediato les espera o si sus hijos e hijas podrán algún día vivir mejor de lo que viven ahora. Desde la sociedad civil estamos dispuestas a construir puentes que protejan esas vidas. Ojalá seamos capaces de frenar la vergüenza global que suponen las crisis humanitarias y sus terribles consecuencias. La humanidad y nuestro futuro colectivo lo merecen. ■

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