A votar contra la impunidad y por un Estado de Derecho

A votar contra la impunidad y por un Estado de Derecho

A solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo primero de agosto se llevará a cabo una consulta popular conocida coloquialmente como la consulta “para juzgar a ex presidentes”. Esta será la primera vez que se realiza una consulta popular en aplicación de la figura prevista para tal fin en la Constitución mexicana, por ello, los resultados de la consulta serán vinculantes si participa al menos el 40 por ciento del padrón electoral. En un Estado de Derecho consolidado, la investigación de crímenes graves atribuidos a expresidentes u otros altos funcionarios es una obligación del Estado y un derecho de las víctimas que no puede depender legalmente de una consulta popular. Sin embargo, ello no ha ocurrido en México.

El 15 de septiembre de 2020, López Obrador solicitó ante el Senado de la República la realización de una consulta popular sobre si la ciudadanía estaba a favor o en contra de investigar la presunta comisión de delitos por los cinco ex presidentes que gobernaron el país entre 1988 y 2018. Concretamente, López Obrador propuso consultar la siguiente pregunta:

¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Sin embargo, de acuerdo con los juristas opositores al gobierno de AMLO, poner a consulta la investigación de crímenes como los referidos resulta improcedente bajo el derecho constitucional e internacional, puesto que las víctimas tienen derecho a la justicia, sin que éste pueda ser cancelada por voto popular. En ese sentido, el derecho interamericano prohíbe amnistiar o aplicar figuras semejantes para impedir la investigación de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le correspondió en octubre de 2020 analizar si la materia de la consulta era constitucional y en una decisión, resolvió que sí era constitucional, pero modificó la pregunta. Así, la pregunta final quedó como sigue:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

La pregunta aprobada por la SCJN no es fácilmente entendible. Pretende establecer que la consulta no será sobre juzgar a ex presidentes, sino sobre esclarecer las acciones de los actores políticos; al mismo tiempo, sigue haciendo referencia a garantizar la justicia, lo que indudablemente corresponde a las fiscalías y al poder judicial. Si la consulta genera una respuesta vinculante, será obligatorio que determinadas instituciones la tomen en cuenta para informar el ejercicio de sus facultades discrecionales.

Encuestas recientes indican que la mayor parte de la población mexicana (8 de 10) está a favor de la rendición de cuentas por actos de corrupción y otros delitos cometidos por ex presidentes. Esta tendencia es aún mayor entre las personas que indican que participarán en la consulta, por lo que parece muy seguro que el SÍ prevalecerá el primero de agosto. Sin embargo, existen retos importantes para que la opinión mostrada en las encuestas se traduzca en un sí vinculante. El umbral mínimo de 40 por ciento de participación —requisito constitucional para que el resultado sea vinculante. Aunado a lo anterior el INE anunció que sólo se instalarán aproximadamente 57 mil casillas, lo que representa alrededor del 35 por ciento del número de casillas instaladas en la jornada electoral del primero de julio pasado. A la luz de lo anterior, es posible que el resultado de la consulta no sea vinculante jurídicamente. No obstante, el eventual triunfo del SÍ generaría una expectativa social de que todas las autoridades cumplan su responsabilidad y den un paso importante en la construcción del Estado de Derecho que México requiere. Está por verse si las fiscalías y el Poder Judicial se deciden de una vez por todas a erradicar la impunidad, prioritariamente de los más poderosos.

A nivel nacional, la mayoría de los delitos cometidos contra la población no se denuncian, por motivos que incluyen el miedo, el creer que es una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. De los delitos denunciados, sólo se abre una investigación en aproximadamente 7 de cada 10, pero la mayoría de las investigaciones no son judicializadas. Se estima que solamente el 1.4% del total de delitos contra la población resultan en la presentación de alguna persona ante la autoridad judicial, la reparación del daño o algún resultado concreto similar. Por ello no basta la presentación de denuncias. Los grandes pendientes de la justicia mexicana incluyen la rendición de cuentas de quienes, como presidentes u otros altos funcionarios, han incurrido en graves violaciones de derechos humanos, corrupción u otros delitos. Es necesaria la movilización de la sociedad para hacer frente a la impunidad y consolidar el Estado de Derecho, para que se avance en la investigación y prevención de la delincuencia organizada, la violencia de género, las violaciones de derechos humanos, la delincuencia común y las demás formas de violencia que afectan cotidianamente a la población mexicana. ■

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