El surgimiento de la pandemia de Covid-19 exige la consideración de la relación entre el “miedo público” y la ley. Asuntos que para muchos son irrelevantes; el cambio climático, la ingeniería genética, el terrorismo internacional, entre otros; han sido por muchos años el foco de atención de los gobiernos de varios países. En 1992, en la reunión de las Naciones Unidas en Río de Janeiro se emitió la “Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo”, en cuyo principio 15 dice: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para evitar la degradación del medio ambiente”. Cass Sunstein (en “Laws of Fear” Cambridge University Press (2005)) asegura que cualquier “principio de precaución” (pp) consiste en que “los reguladores deben tomar medidas de protección contra daños potenciales, incluso si las cadenas causales son poco claras y se ignora si los peligros tendrán lugar” Según argumenta Sunstein en el libro citado, este principio es incoherente. Años después, en “Enviromental Risk Analysis: Robustness is Essential for Precaution” (Philosophy of Science”, vol. 79, #5 (2012)) Jan Sprenger indica que el (pp) es incompatible con principios aceptados de toma de decisiones. ¿Qué relación guarda esto con la pandemia? Ante el escenario de la apertura de instalaciones escolares para reiniciar las clases presenciales se impone la necesidad de discutir la viabilidad de tal medida. Es decir, se impone el establecimiento de un pp. Lo primero que se debe tener en cuenta es la construcción de escenarios posibles. Se recuerda un ejemplo bien conocido. Al inicio de la pandemia en México las autoridades trataron de reducir el miedo público mediante la minimización de la enfermedad. No estuvo mal si el objetivo era evitar el pánico, pero resultó que el virus era más peligroso de lo esperado y se cometió el error de despreciar un riesgo serio. Algo similar aconteció con el uso de la política de confinamiento. Dado el escenario de contracción del gasto público (austeridad) y la consiguiente desaceleración de la actividad económica, el uso de la cuarentena impondría una presión más, a la baja, sobre el PIB. Esto obligó a relajar muy pronto el encierro y disparó los números de infectados. Ante un escenario de contagio acelerado e incremento de muertes, y uno de mayor reducción de la economía nacional, con la consecuencia de más desempleo y pobreza se optó por uno intermedio: contagio y muertes con decrecimiento económico no tan pronunciado. Debido a que en toda sociedad compleja existen líneas causales entre varios de sus sectores, cualquier medida impacta en ámbitos imprevistos. Y ante eso también se debe tener una respuesta. Ahora bien, la propuesta de iniciar clases presenciales se funda en varios argumentos. He aquí algunos: los docentes ya están vacunados, el semáforo epidemiológico está en verde, las clases en línea son inferiores a las presenciales. A partir de esto último se asegura que habrá un “retroceso” en la educación nacional y una “generación perdida”. Los argumentos pronto derivan hacia los posibles daños económicos: si no se abren las escuelas se perderán millones de pesos. Así, Rafael Bojalilen su artículo “¿Cuándo y cómo volver a las aulas” (Nexos 522, junio 2021) comenta que, según el Banco Mundial: “esta generación de estudiantes perdería la posibilidad de generar durante su vida alrededor de 10000 millones de dólares”. Un argumento adicional es el incremento de la deserción de los estudiantes porque no les gustan las clases virtuales. No es difícil ver que ante los argumentos previos se impone la necesidad de un pp. En el caso que nos ocupa este toma la forma de una serie de medidas sanitarias estrictas, no negociables, que incluyen aulas ventiladas, pruebas periódicas para detectar los contagios, medidores de dióxido de carbono, barbijos, jabón y agua corriente, así como procurar evitar los tumultos. De otra manera crecerá la infección y habrá muertes. Aquí cabe recordar que el riesgo existe, y no es pequeño, porque la mayoría de la población de la UAZ no está vacunada, muchas de sus instalaciones carecen de ventilación y servicios sanitarios adecuados y no se ha presentado un programa de detección de casos. Si se inauguran de manera irresponsable las clases presenciales, es decir, sin seguir el pp, pronto, en un mes o dos, la misma presión del crecimiento de los contagios exigirá cerrar de nuevo. Una vez abierta la universidad, y la sociedad zacatecana en general, los estudiantes van a socializar, habrá fiestas, tumultos y sin las medidas sanitarias adecuadas en las instalaciones universitarias comenzará un crecimiento exponencial que impactará a todo el Estado. Ante un nuevo cierre, de duración indefinida, se perdería otro semestre, o quizá otro año porque la duración del proceso de contagio no es calculable de manera precisa. Entonces, por precaución, si la universidad no cuenta con los medios, debido a su situación financiera, para garantizar medidas sanitarias adecuadas, lo mejor es aguardar a que estén todos vacunados.
Principio de precaución
