«Que tiraste a mis espaldas niegas, Martínez Domínguez. Alfonso no te persignes, fuiste halcón pero con faldas”, escribió el periodista y político panista Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, en relación con la responsabilidad del entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, en la matanza del Jueves de Corpus de 1971, que este 10 de junio cumple medio siglo.
Ese día jóvenes armados con largas varas de bambú, adiestrados en Japón en disciplinas como karate, judo y kendo, atacaron en las calles de la Ciudad de México una manifestación estudiantil. Se trataba, en su mayoría, de soldados dados de baja del Ejército, luchadores, boxeadores, expolicías y grupos de vagos del barrio de La Merced, que bajo las órdenes del teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa integraron el grupo paramilitar Los Halcones.
El financiamiento a los paramilitares provino de la CNOP del PRI a través de Martínez Domínguez, y del erario del DDF usufructuado por el general Alfonso Corona del Rosal, que tenía una larga experiencia en la creación y operación de grupos policiacos.
Como consecuencia del ataque, 32 mexicanos, en su mayoría estudiantes del IPN, perdieron la vida. Tres décadas más tarde, en 2002, un abogado de oscurísimos antecedentes, con una inhumación clandestina y torturas en su haber, Américo Ireneo Meléndez Reyna, integró la averiguación previa PGR/FEMOSPP/ 011/2002 que presentaba fallas de argumentación, como el hecho de señalar que durante la matanza del 10 de junio de 1971 hubo 45 muertos y únicamente presentó 12 actas de defunción; además de tener una interpretación errónea de algunos preceptos jurídicos. En julio de 2004 Meléndez presentó el pliego de consignación, 9 mil 832 fojas, en contra de los implicados en la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. Ninguno de ellos pisó la cárcel.
No se ignoraba que Meléndez había sido delegado de la PGR en Michoacán en 1990 y que fue trasladado al Distrito Federal, acusado de tráfico de estupefacientes, homicidio calificado, acopio de armas y posesión de mariguana”. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard fue director del Consejo de Honor y Justicia de la policía capitalina y con Miguel Ángel Mancera pasó a la Dirección General de la Policía Auxiliar. En 2017 se presentó en el Senado, donde aseguró que sus 46 años de “experiencia en la materia” le otorgaban la idoneidad para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción.
I. El contexto
No es cierto que la manifestación del 10 de junio de 1971, efectuada en la Ciudad de México, tuviera como finalidad apoyar a la Universidad de Nuevo León en sus demandas.
Desde 1967 el rector de la UANL, Eduardo A. Elizondo, había propuesto un plan para aumentar las cuotas a los alumnos. Su publicación generó un grave conflicto entre quienes lo apoyaban y quienes lo rechazaban. En 1969 los estudiantes plantearon reformas a la Ley Orgánica de la Universidad y a la autonomía universitaria, por lo que entregaron al Congreso del Estado un proyecto de ley que fue archivado. Como gobernador, Elizondo promulgó la nueva Ley Orgánica, de factura gubernamental, lo que generó un gran rechazo entre estudiantes y académicos que se declararon en huelga. De forma que la gira del candidato presidencial del PRI, Luis Echeverría, tuvo que aplazarse por temor al repudio. El conflicto escaló debido a la actividad de grupos de “extrema izquierda”, integrados por las Juventudes Comunistas Mexicanas, y por la Obra Cultural Universitaria (OCU) de extrema derecha. Por lo que en 1971 se comisionó al secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, para negociar con los universitarios, “mas el verdadero plan que traía no era el que entonces tanto ansiaban los ilusos regiomontanos, sino era pedir la renuncia, por ‘orden superior’, como gobernador del estado al Lic. Eduardo A. Elizondo, pues la agitación era tremenda entre el estudiantado universitario”. De esa manera, el entonces presidente mató dos pájaros de un solo tiro: se deshizo de un gobernador que no le agradaba y frenó la protesta estudiantil con la promulgación de la Cuarta Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León el 5 de junio de 1971. ¿Qué demandas apoyaron los estudiantes de la Ciudad de México? Ninguna. Resultaron más papistas que el Papa.
II. Los grupos de presión
Mientras tanto en la Ciudad de México, el 3 de junio habían regresado de Chile los héroes del 68, y otros habían sido liberados. Ese grupúsculo, envuelto por un halo de heroísmo romántico, literalmente tomó todas las asambleas de las distintas facultades de la UNAM y sacrificó a decenas de estudiantes que no fueron otra cosa que carne de cañón. Heberto Castillo, “uno de los presos políticos recién liberados, con mayor prestigio e influencia, opinaba que la marcha tenía que suspenderse. Argumentaba que las demandas de los universitarios regios ya habían sido cumplidas”. Pero el comité de la Escuela de Economía decidió que asistirían. Joel Ortega Juárez presidió la asamblea general y señaló que la marcha tenía como finalidad “solucionar un problema político, o sea, tratar de continuar en una lucha contra el gobierno y en especial contra las estructuras del PRI, que son las que pretenden apoderarse del movimiento estudiantil para destrozarlo”. Pablo Gómez, Ortega Juárez y sus seguidores acordaron no realizar más asambleas, para impedir que pudieran imponerse aquellos que no querían realizar la manifestación. Pero ninguno de los dos asistió. El delegado de la UANL en el DF, Luis Ángel Garza, opinó, a tres décadas de los hechos, que “para los compañeros de México detrás del apoyo a la UANL estaba el afán de reconquistar las calles”. Más claro ni el agua. En consecuencia, murieron más de 30 personas en su mayoría estudiantes del IPN, de las preparatorias populares, de secundarias y hasta de primaria. No debemos olvidarlo. Ninguno de los líderes recibió ni un solo rasguño. A sólo cinco días de los fallecimientos, ya organizaban festivales musicales en el campus de la Universidad. Un grupo de vivos recordó a unos muertos de los que ignoraban hasta el nombre.
