Autoridades, sin iniciar algún proceso de sanción contra ella
Jalil Cervantes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) acreditó que la directora de esa institución, Patricia del Carmen Bernal Larralde, incurrió en nepotismo, conflicto de interés y abuso de autoridad, pero hasta el momento las autoridades no han iniciado ningún proceso de sanción contra ella e incluso sigue en el cargo.
Recordó que el sindicato presentó una denuncia formal por nepotismo en 2018, a partir de la cual la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas de la SFP determinó que las conductas de los directivos encuadran en faltas administrativas graves o delitos administrativos.
“Esto se le hizo saber a la directora mediante el informe de presunta responsabilidad administrativa, por lo que ha sido notificada para enfrentar el proceso de faltas graves de conflicto de interés, nepotismo y abuso de funciones”, expuso.
Ante esa situación, solicitó al gobernador que destituya a Bernal Larralde de manera inmediata, a fin de que lleve su proceso fuera del cargo que ostenta como directora del instituto.
En conferencia de prensa realizada este jueves, Cervantes cuestionó que la resolución de esta denuncia contra la directora ha llevado una duración de tres años, más tiempo que el que tardaron para el caso de Rosario Robles, por ejemplo, por lo que “le han dado más importancia a ella del que tiene”.
A partir de esta y otras denuncias que presentó el sindicato en contra de la directora, refirió que le rescindieron el contrato de trabajo, el cual también ya se está atendiendo en un proceso legal.
“Esta es la garantía que tenemos los ciudadanos por denunciar actos de corrupción, acoso sexual. No hay protección para los ciudadanos y el gobernador dijo que iba a actuar en consecuencia, pero no ha hecho nada”, agregó.
Por su parte Alejandro Rivera Nieto, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Sitez), cuestionó que a pesar de que la Función Pública ya emitió un dictamen, el Gobierno del Estado no ha actuado y ni siquiera se le ha separado del cargo como directora.
Señaló que este es otro caso en el que el gobernador, Alejandro Tello, asume una postura en contra de los trabajadores, pues ha protegido a los intereses de quienes incurren en todo tipo de faltas.
