De acuerdo con la información oficial disponible, el objetivo general de la política nacional de vacunación del gobierno de México es: Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la Covid-19; para lograrlo se propone inmunizar como mínimo al 70% de la población total en México para lograr la inmunidad de rebaño contra el virus SARS-CoV-2, incluyendo al 100% del personal de salud que trabaja en la atención de la Covid-19 y al 95% de la población con edades mayores a los 16 años cumplidos.
La estrategia se elaboró siguiendo las recomendaciones de los grupos de expertos integrados por la secretaría de salud y se orienta a reducir el número de muertes asociadas con Covid-19, tomando como referencia la mortalidad observada en México y los estudios específicos de riesgos de salud, pobreza e inequidad con relación a la infección y muerte por Covid-19, realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), además de los criterios de promoción del bienestar humano, respeto igualitario, equidad global, equidad nacional, reciprocidad y legitimidad.
Por otra parte, es evidente que en la información oficial no se asume plenamente que la vacunación y el proceso electoral coinciden en el tiempo y estarán sujetos a un continuo escrutinio de la opinión pública en estos meses. Recordemos que ambos procesos son de interés público y, por ello, ambos y sus relaciones, deben ser objeto del debate público. Ya se observa que mientras el partido gobernante pregona la existencia de suficientes dosis y convoca a vacunarse, algunos de sus antagonistas acusan un uso político y hasta un posible condicionamiento electoral, mientras que otros parece que apuestan al fracaso del gobierno en la obtención de las suficientes dósis del antígeno y/o en el proceso mismo de vacunación. Es una apuesta a que les vaya bien políticamente, aunque todos salgamos perjudicados.
Vale la pena evaluar, a la luz de esos posicionamientos algunos casos ocurridos recientemente, en los que algunos agentes gubernamentales han actuado, al margen de la política oficial explícita, para facilitar la vacunación de grupos de personas antes de que les corresponda según los calendarios oficiales. Las reacciónes provocadas con ello permiten suponer que lejos de ganar votos para sus candidatos, han provocado el fortalecimiento e influencia de sus críticos.
Veamos más en detalle el asunto. En la encuesta nacional de EL FINANCIERO realizada el 18 y 19 de diciembre se plantea la pregunta: “¿Cree usted que la vacuna contra el coronavirus se aplique de forma justa y sin favoritismos, o bajo criterios políticos con miras a las elecciones?”.
El 63 por ciento respondió que la vacuna se aplicará de forma justa y sin favoritismos; el 29 por ciento cree que regirán criterios políticos. Según la encuesta, existe una fuerte correlación entre quienes aprueban la labor del presidente AMLO y quienes creen que la vacuna se administrará con justicia y sin favoritismos. Sin embargo, quienes desaprueban al presidente están divididos en su opinión: la mitad de ellos espera imparcialidad y la otra mitad está convencida de que regirán los criterios políticos en esta importante y crucial medida sanitaria.
El asunto se polariza mucho más si consideramos las orientaciones partidarias de los entrevistados: los morenistas, en un extremo, comparten predominantemente la expectativa de que la vacuna será administrada de manera justa; los panistas, en el otro extremo, creen casi de forma unánime que imperarán criterios político-electorales. Es fácil concluir que la actuación de quienes propiciaron el sonado caso de los “33 gandallas” que concurrieron a utilizar vacunas destinadas a los más pobres, fortaleció las convicciones de los panistas.
Por otra parte, la encuesta también revela que la población de mayor edad es la que menos cree que la vacuna será aplicada bajo criterios políticos, acaso reflejando la prioridad que se le ha dado a ese grupo demográfico. En contraste, los encuestados con niveles de ingreso bajo son quienes más esperan un uso político de la misma. En el caso que comentamos se debilitó la confianza del nucleo duro, de los que confían más, y se fortaleció el escepticismo del otro grupo. Malo por donde se le vea para los intereses de Morena, y si se repite la conducta el daño puede ser irreparable.
Ojalá que quienes tienen el poder para evitar la repetición de esa conducta, tomen también en cuenta que la percepción del abuso de poder está ligada a la de incremento de la corrupción y de la impunidad; el impacto que eso tenga en la percepción de justicia en el proceso de vacunación influirá, sin duda, en los resultados electorales del 6 de junio próximo.
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