Cuando se pensó al sistema de partidos políticos para que fueran el vehículo de organización de la democracia liberal moderna, se les concibió como una manera de organizar la pluralidad y diversidad social. Así, los grupos sociales en su diferencia elegían representantes de uno de los partidos políticos disponibles, y luego estos últimos llegaban al parlamento. Así, el ideal es que el parlamento se convirtiera en una muestra representativa de la sociedad o fuera algo así como la sociedad en pequeño. La negociación parlamentaria permitía resolver los conflictos sociales reales.
Sin embargo, las diferencias sociales pueden tener diversos criterios: la clase y el estrato, como obreros y patrones; el origen étnico, como indígenas, mestizos y blancos; el género, que pretende cerrar brechas entre hombres y mujeres; la región, como las diferencias entre el norte y el sur; y una serie de rasgos que ahora han tenido relevancia política, como los derechos por preferencia sexual y temáticas conexas con ellas.
Como las burocracias partidarias no tienen interés genuino en temas que atiendan los temas de la defensa sindical de los obreros, los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de la equidad entre hombres y mujeres, las demandas por asimetrías regionales, los derechos LGTB y el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo o la defensa de la preservación ambiental; entonces, es necesario que los grupos directamente afectados o interesados se integren en las listas de candidatos para que ellos, a pesar de sus propios partidos, gestionen la defensa de esos intereses.
Esto es, una manera de conseguir el requisito esencial de la ética comunicativa para la realización democrática, de escuchar la voz de los propios afectados de las decisiones del Estado, es justamente que los grupos de la sociedad civil dedicados a los temas aquí mencionados logren una representación política en los parlamentos. Que los grupos ecologistas tengan candidaturas y no la simulación del Partido Verde; líderes de luchas indígenas tengan una curul para hablar por los grupos étnicos del país, que las feministas aparte de ocupar las calles obtengan un espacio en los Congresos, y claro está, los colectivos LGTB tengan acceso a una representación popular que les permita empujar por las reformas que reconozcan sus derechos.
En el sistema de partidos, es muy clara la representación de los poderes fácticos de los intereses del poder: televisoras, mineras, diversos grupos empresariales monopolistas, caciques regionales o gremiales, banqueros, iglesias, y especuladores financieros. A través de los partidos mayoritarios y en los propios dirigentes parlamentarios tienen a sus peones que defienden sus intereses. Por eso es tan importante que aquellos activistas que han acumulado trayectoria en la promoción o defensa de luchas igualitarias logren candidaturas con expectativa de triunfo. Observamos que una cantidad importante de candidatos son personajes que se vendieron como ‘buenos subordinados’ con las élites partidarias para ser ‘elegidos’ por los dedos dorados. Y pocos son los que se postulan o competirán bajo la idea de representar una demanda social concreta. Pero esos pocos son los que pueden hacer un trabajo digno y empujar las agendas que a la sociedad nos interesan. Bienvenidas las candidaturas de la diversidad social a favor de intereses igualitarios.
