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jueves, 28 marzo, 2024
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De la exoneración al General Cienfuegos

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Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

Si en su mente en este momento predominan palabras como “zombie”, “justificar” o”maroma”, siga su camino estimado lector. Perderá su tiempo en estas líneas porque ya tiene usted una posición y ha cerrado ya la posibilidad de discutirla aunque sea interiormente.

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Imagino lo que piensa, que es más bien al revés, que las filias de quien esto escribe no me permiten ver lo que para usted es evidente. No pretendo negárselo, paradójicamente todo argumento que pretenda disputar eso no hará más que reafirmar su suposición.

Pero si ha tenido la paciencia para llegar a esta línea permítame confesarle que su posición fue también mi primer impulso en el caso del General Cienfuegos. Y así habría permanecido si no me hubiera ganado la curiosidad de lo que se diría al respecto en la conferencia mañanera.

Me imaginé el rompimiento con el fiscal general, o la argumentación de razones de Estado; tal vez se hablara de la descomposición generalizada, o se turnara el asunto a la justicia militar. Nada de eso ocurrió.

Por el contrario, el presidente avaló el desistimiento de la Fiscalía General de la República, y puso en duda la investigación americana. Le confieso que la posición me confrontó con la colonización interiorizada: “DEA=buena” vs “narcos= mexicanos”; instituciones americanas indiscutiblemente honestas, versos instituciones mexicanas indiscutiblemente corruptas. No tenía más que esos clichés para sostener mi dogma de fe.

No fui la única seguramente, porque el secretario de Relaciones Exteriores despresurizó la indignación mencionando que el Wall Street Journal ya había publicado semanas antes dudas sobre la rigurosidad de la investigación. Por la tarde, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela mencionaron que también lo había hecho el Washington Post.

La discusión en redes sociales me lo confirmó. Para algunos el actuar de la DEA es un asunto de derecho, pero el actuar de la fiscalía es un asunto político. A Estados Unidos lo mueve el estado de derecho, a México los intereses políticos.

La exoneración del General Cienfuegos es asunto político ¿pero su aprehensión es asunto jurídico? Negar en una y otra cosa cualquiera de los dos elementos (el derecho y la política) es ingenuo, y destacarlo es de Perogrullo.

Pero hay verdades que de tan sabidas se hacen desapercibidas. Se habla del asunto –incluso desde la izquierda- como si la misma guerra contra las drogas no fuera de por sí un asunto político, como si no hubiera sido el pretexto favorito para la intervención política y militar en América Latina.

La narrativa hollywoodense ha tenido sus conquistas, no sólo ha convencido de la peligrosidad de las drogas que destruyen familias, también ha convencido de la infabilidad del sistema de justicia americano, de la rigurosidad de las investigaciones de la DEA, y de la determinación incorruptible de sus agentes y sus jueces.

Nada podría quebrantar ese dogma de fe. Ni siquiera la impunidad a los millonarios como Michael Jackson u O. J. Simpson, ni los documentales que evidencian la desigualdad racial en el trato del Estado americano en el actuar policiaco y en el sistema judicial.

Nada lo pone en duda, ni siquiera las 750 páginas de expediente a disposición pública, porque antes de su lectura la conclusión estaba ya dada, y la cuarta transformación sepultada.

Yo misma caí en la trampa. Antes de conocerlos, asumía que la evidencia entregada contendría la voz del General en comprometedoras conversaciones, vídeos de sospechosos encuentros, estados de cuenta bancarios en paraísos fiscales, actas constitutivas de empresas fantasmas con las que se lavara dinero; cruces de datos que demostraran que los operativos de la SEDENA favorecían al aliado y perjudicaban al cartel enemigo, etcétera.

Pero no, ahora sabemos que más de un lustro de investigación dejó como evidencia las conversaciones entre dos presuntos narcotraficantes, hoy muertos, en los cuales uno le dice al otro que ha dialogado con quien entonces era Secretario de la Defensa Nacional, lo cual demuestra con capturas de pantalla de un supuesto chat entre uno de los capos y el militar, aunque en la información publicada nada permite comprobar que los mensajes estén escritos por el General, o que el celular fuera de su propiedad.

Sorprende en cambio la redacción, ortografía y lenguaje de quien se supone es el General, porque no corresponde con la que uno supondría común de alguien de su perfil. Impresiona la personalidad jocosa para los chistes homoeróticos que dicen, es muy lejana a la que se le conoce. Extraña el tono pedigüeño de negociar, casi miserable. E intriga que el encargado de la Defensa Nacional elija aliarse con un cartel tan menor e incipiente como el que se retrata hasta ahora en la información disponible.

Se podrá pensar que todo ello quedaría aclarado si cuando menos se abriera un juicio que permitiera investigar más. Pero se olvida que en lo jurídico, que para muchos tendría que ser prioridad, el sistema justicia penal pondera de inicio la presunción de inocencia, y que tendría que establecerse las pruebas suficientes para poner esto en duda e iniciar la acción legal.

Habrá quien diga entonces que se piense en lo político, la exoneración del General, podría generar tensiones y decepciones en esa materia que serán muy difíciles de lidiar.

Es verdad, pero se olvida que la decisión de la fiscalía no es absoluta ni atemporal. No constituye ningún manto protector que deje al General fuera de toda investigación en los muchos otros temas de interés público como Ayotzinapa y Tlatlaya.

Es a estos casos a los que hay que apuntar. ■

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