Organismos autónomos, cuestionados por sus resultados y alto costo

Organismos autónomos, cuestionados por sus resultados y alto costo
Hace unos días, AMLO anunció que prepara una reforma para eliminar o modificar algunos organismos autónomos de transparencia y regulación ■ foto: cortesía

■ Se discute sobre su autonomía, porque varios funcionarios han estado ligados a poderes o personajes políticos y cuyas designaciones despiertan dudas

■ A revisión, el Inai, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre otros

■ Zacatecas es el cuarto estado con mayor cifra negra, es decir, donde hubo mayor porcentaje de personas que no denunciaron su victimización por algún acto de corrupción

 

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunciara en días pasados que prepara una reforma para eliminar o modificar algunos organismos autónomos de transparencia y regulación, luego de sostener que son costos y simulan el combate a la corrupción, los debates entre analistas y usuarios de redes sociales se han desencadenado y puesto sobre la mesa la pertinencia y eficacia de dichas instituciones.

Entre los organismos que serían sometidos a revisión se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), por mencionar algunos, ya que, dijo López Obrador, se crearon para “aparentar” de que iba a haber transparencia, se combatiría la corrupción y se acabarían los monopolios, cuando para lo que han servido es como “cortinas de humo” para la comisión de ilícitos y el ocultamiento de la información. “No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuesta mucho mantenerlos”, dijo el mandatario nacional en su conferencia matutina la semana pasada.

La creación de dichos organismos surgió en las postrimerías del siglo 20 y se fueron consolidando en los primeros años del presente siglo debido a las presiones a las que se vieron sometidos los gobiernos por la desconfianza que generaban entre la población. El papel de estos, bajo mandato constitucional, ha sido evaluar los temas que les competen sin que el gobierno interfiera en sus tareas, aunque cabe señalar que son financiados por presupuestos estatales, de ahí que se cuestione su funcionamiento y eficacia en sus empresas, por parte del mandatario nacional.

Las críticas a las intenciones del jefe del Ejecutivo nacional no se hicieron esperar, principalmente aquellas que apuntaron que al eliminar dichas instituciones se concentraría más el poder en la figura presidencial, además de que sería un atropello contra la democracia mexicana; mientras que organizaciones como Artículo 19 aseguraron que estas instituciones son “contrapesos” al poder frente a las propias arbitrariedades de las instituciones gubernamentales, además de que con su eliminación, coartarían el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Además de su funcionamiento eficiente se les ha cuestionado en el sentido de la autonomía, pues varios de los funcionarios que ocupan los cargos han estado ligados a poderes o personajes políticos y cuyas designaciones despiertan dudas.

Para el caso de Zacatecas, el auditor superior del estado, Raúl Brito Berúmen, fue un personaje ligado a la campaña política del actual gobernador Alejandro Tello Cristerna, y ha sido señalado por legisladores de la oposición, como funcionario que ha realizado auditorías a las propias dependencias gubernamentales “a modo”.

Igualmente se cuestionó en otro momento la incorporación de Fabiola Torres Rodríguez como comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Izai), ya que su nombramiento se dio luego de haber fungido como secretaria general de Gobierno en la administración de Tello Cristerna, situación que a nivel nacional también criticó el presidente cuando señaló que estos organismos ha servido también para darle trabajo a los allegados a los funcionarios públicos.

Por otra parte, en el Tribunal de Justicia Administrativa también está Uriel Márquez Cristerna, primo del gobernador y ex funcionario de la actual administración.

Asimismo, Aída Alicia Lugo Dávila, cuñada del ex gobernador y hoy senador Ricardo Monreal Ávila, también fue designada como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.

López Obrador ha señalado que en que su plan incluye distribuir las tareas de esas instituciones entre las secretarías, recortar el gasto y reubicar a los trabajadores de los organismos autónomos y diseñar una que se ajuste a la realidad de México.

Por otra parte, los resultados en combate a la corrupción son cuestionables, pues según la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, realizada por el Inegi, Zacatecas es el cuarto estado con mayor cifra negra, es decir, fue de los estados en donde hubo mayor porcentaje de personas que no denunciaron su victimización por algún acto de corrupción.

Así, aunque el Sistema Nacional Anticorrupción destaca a Zacatecas como una de las entidades que cuenta con todo un andamiaje anticorrupción, la desconfianza impera entre los ciudadanos. Y es que no suelen ser noticia ni las aprehensiones de funcionarios de alto nivel por actos de corrupción, ni el reintegro de recursos malversados de la Hacienda pública.

Related posts

Banner Home Videos 578 x 70
¡Suscríbete!
Suscríbete a nuestro Boletín Informativo para recibir las noticias más recientes de La Jornada Zacatecas en tu e-mail
TU EMAIL AQUÍ
¡Suscríbete!
Suscríbete a nuestro Boletín Informativo para recibir las noticias más recientes de La Jornada Zacatecas en tu e-mail
TU EMAIL AQUÍ