- En lo que va del actual gobierno, se han recibido 28 denuncias por acoso y hostigamiento sexual, 22 de las cuales se judicializaron: Adriana Rivero
- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endire) 2016, la violencia laboral ha aumentado 25%, sólo siendo superada por la callejera y familiar, informó la titular de Semujer
Este miércoles, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dio a conocer la puesta en marcha del primer instrumento para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de acoso dentro de la administración pública estatal.
Adriana Rivero Garza, secretaria de las Mujeres, detalló que, en lo que va de la administración, se han recibido 28 denuncias por acoso y hostigamiento sexual, de las cuales, 19 corresponden a acoso sexual y nueve a hostigamiento; asimismo, del total, 22 denuncias llegaron a judicializarse.
Sin embargo, el Ejecutivo estatal acotó que esto se trata apenas de un subregistro de la realidad sobre estos hechos, pues muchas mujeres se quedan calladas.
Incluso, detalló que ha habido ocasiones en las que mujeres principalmente hacen “peticiones para cambiarlas de área, para sacarlas de un ambiente de acoso, abuso, hostigamiento», sin necesariamente denunciar.
Esto, sostuvo, «me deja claro que no estamos exentos en el gobierno, porque no se sancionaba el acoso y por eso continuaba”; de ahí, la necesidad del protocolo.
Rivera complementó, además, informando que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endire) 2016 señala que la violencia laboral ha aumentado 25 por ciento, sólo siendo superada por la violencia callejera y familiar.
El gobernador puntualizó que el nuevo instrumento forma parte del modelo de igualdad y se trabajó a través de los comités de equidad, producto de la política de igualdad. Afirmó, además, que su administración trabaja en compromiso con el respeto a los derechos humanos y con la perspectiva de género.
Asimismo, hizo un exhorto a los municipios y a los otros Poderes del estado para que también adopten estas medidas; el protocolo prevé las medidas para denuncia, actuación y sanción, de forma que no se caiga en la revictimización y se garantice que exista un proceso confidencial.
