El modelo (equivocado) de seguridad en los municipios: la alternativa

El modelo (equivocado) de seguridad en los municipios: la alternativa

El artículo 21 de la Constitución establece un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da origen a una Ley general que reglamenta dicho sistema. Y en el Sistema Nacional están incluidas las policías y los planes de seguridad municipal, lo cual envuelve o comprende los planes y proyectos de prevención del delito. De los casi 2 mil 500 municipios se eligieron 300 para dotarlos de financiamiento con el objetivo de que fortalezcan la capacitación de sus cuerpos policiales, el equipamiento y, un 10 por ciento, para proyectos de prevención. Esos 300 municipios contienen al 70 por ciento de la población del país, por lo tanto, son aquellos que por su densidad poblacional tienen los mayores índices de inseguridad.

Pues bien, este esquema que viene desde el gobierno de Calderón y se deriva del modelo creado por García Luna, sigue incólume y continúa creando más problemas de los que resuelve. El primero es que mete a las policías municipales en la misma lógica de actuación que las estatales y federales. Las pone en el mismo saco, al grado que los equipan de igual forma y les enseñan las mismas competencias. El segundo es que subsume los proyectos de prevención en las estructuras de seguridad pública, con lo cual la prevención termina con recursos ínfimos (por no decir ridículos) y los pequeños proyectos se implementan desconectados de las políticas de desarrollo social, económicas y educativas. Esta desconexión los convierte en proyectos irrelevantes.

Si se modificaran estos dos aspectos, y se le diera a los municipios una función específica y distinta a los otros órdenes de gobierno en el objetivo de garantizar la seguridad de la población, y por tanto las policías municipales se cambiaran por cuerpos municipales de seguridad ciudadana y territorial; y además, se convirtiera a la prevención en una estrategia transversal de desarrollo social, económico y educativo, que pudieran coordinar los municipios dada su naturaleza territorial; entonces podríamos pensar en tener resultados positivos.

Podríamos afirmar (basados en los resultados) que las policías municipales portan más problemas que soluciones y cuestan muy caras. Si ese recurso se utiliza para formar cuerpos de seguridad ciudadana con personal calificado para crear en las colonias de los municipios sistemas de protección ciudadana y gestión de la paz, los resultados pueden verse al muy corto plazo. La organización vecinal apoyada con protocolos bien diseñados y acompañados de cámaras de vigilancia doméstico-vecinal, podían extenderse en la totalidad de la mancha urbana de la zona metropolitana. Además, los municipios pudieran contar con equipos especializados en intervención territorial y construcción de tejido social que coordinara desde su territorio los programas de prevención transversal con las dependencias de desarrollo social, económico y educativo. Cada peso gastado de esta forma seria una fructífera inversión en resultados positivos. El modelo actual es muy caro, no ofrece algún resultado y termina siendo contraproducente. Sin embargo, la tendencia parece ir en sentido opuesto. Si tenemos un problema complejo y atendemos ese problema con formas centralizadas, estaremos condenándonos al vacío de resultados, por la razón de que la centralización jamás puede manejar la complejidad. Y ahora mismo hay una tendencia a la recentralización en las estrategias de seguridad.

En suma, debemos repensar la seguridad (y la prevención) en los municipios, lo cual pasa por modificar el artículo 21 de la Constitución y su Ley reglamentaria, a fin de darle al municipio las funciones específicas en el ámbito de la seguridad, las cuales deberán estar centradas en la prevención territorial del delito.

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