Uno de los puestos clave para que funcione la maquinaria del conjunto de la administración pública estatal es la Secretaría General de Gobierno, porque además de coordinar la actividad interior de gobierno, es quien se encarga de garantizar la gobernabilidad en el estado, lo cual significa que debe atender dos temas esenciales para ello: los conflictos que pongan en riesgo la paz social o el manejo normal de las actividades de gobierno y el estado de la seguridad en el conjunto de la entidad. Por ello, era una tradición que ese puesto se le encargaba a uno de los perfiles que tuviera amplias habilidades políticas para la construcción de acuerdos, que tuviera conocimiento cercano con una parte importante de los actores políticos de la entidad y el conocimiento de la norma para actuar sin violar la ley.
Pues bien, hay decisiones del Gobierno del Estado que nadie se explica: ¿por qué nombrar en ese puesto clave a perfiles de ciertos saberes jurídicos, pero nulo oficio político y sin habilidades o competencias para la construcción de acuerdos? En el conjunto de la clase política local (y en los propios funcionarios de muchas áreas de gobierno) ha sido una decisión permanentemente criticada. Y no dejan de tener razón: las capacidades mostradas han sido nulas y con fuertes saldos al estado.
Casos como los conflictos en Salaverna, donde la población atacada por los intereses de las megaempresas mineras continúa en la incertidumbre porque la Secretaría de Gobierno no ha podido generar dichas garantías. El tema importantísimo del proyecto conocido como ‘Presa Milpillas’ para asegurar el agua y la sustentabilidad urbana fracasó ruidosamente porque no pudieron generar el acuerdo con los ejidatarios. Esto es, el trabajo de construcción de acuerdos era responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y fue lanzado a la basura. Un perfil rígido y burocratizado no sirve para las tareas de esa Secretaría.
La prevención del delito está bajo la responsabilidad de ese espacio y las acciones han sido muy negativas: incumplen acuerdos con los actores que apoyan este tipo de problemas y terminan siendo factor de fracaso. ¿Cómo es posible que la propia Secretaría provoque la frustración de los proyectos que ella misma impulsa? De ese tamaño es el problema de conducción. El incumplimiento es crónico: últimamente, es evidente la inobservancia de los acuerdos con los miembros del Coro y Orquesta del estado, que levantaron un movimiento de huelga de hambre. El conflicto en el Issstezac es otro estridente tema que ya va para varios años sin solución. Tuvo que venir la auditoría por parte de miembros de la Legislatura para que los ciudadanos sepamos los malos manejos de ese espacio, porque los responsables de la construcción de salidas a este tipo de conflictos tienen mentalidad de manual de aparato eléctrico y no la mente de un buscador de soluciones al interior de organizaciones institucionales. La falta de disposición, coordinación, empatía y un resto de competencias esenciales para conducir procesos políticos exitosos, faltan al actual responsable, y el gobernador debe dar cuentas a la ciudadanía de cómo es que decide poner un tapón donde debe haber puertas y caminos. Una calamidad.
