Los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería: Burnes

■ Existía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo, creando ciudades dinámicas con riqueza

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■ Se dio paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala, las mineras ya no se relacionan con las regiones y no tienen efectos intersectoriales

■ En 2019 había 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras; equivale a 31.64% del territorio estatal y 70% lo controlan consorcios extranjeros

Desde tiempos de la Colonia, Zacatecas se configuró como el territorio con gran potencial minero en el que se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, y que desde entonces atrajeron la mirada de extranjeros, tanto que hasta la fecha acaba de aprobarse un proyecto más de la minera canadiense Orla Mining y su Camino Rojo, el cual ha llamado la atención por las dimensiones que rondan las 206 mil hectáreas en el municipio de Mazapil.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como una de las entidades que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, pues el 80 por ciento de su territorio es muy rico en minerales y esto ha captado al capital minero reestructurado que ha permitido que las grandes empresas se apropien de la riqueza a gran escala, pues para 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, lo que equivale al 31.64 por ciento del total del territorio estatal, siendo controlados, en un 70 por ciento, por consorcios extranjeros.

En Zacatecas, según registros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), únicamente dos empresas concentran la mitad de todas las concesiones del estado, que son Industria Peñoles y la compañía canadiense Orla Mining, que en un primer momento se especializaba en la producción de energía solar y que ahora estará a cargo del Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo, que confirmará a la entidad como el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, a pesar de la importancia que significa la entidad para la minería, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas ha señalado que dicha situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.

Y es que, de acuerdo con el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Arturo Burnes Ortiz, los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería, el cual duró cuatro siglos, y que tenía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo y mano de obra, creando ciudades dinámicas con riqueza, para dar paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala en el que las mineras ya no se relacionan con las regiones y mucho menos tienen efectos intersectoriales respecto a la materia prima que extraen.

De esta situación, ha señalado Burnes Ortiz, ha surgido lo que se conoce como las “cuatro D” relacionadas al factor extractivo que son: la Descapitalización de un recurso que es patrimonio de la nación, la Desnacionalización, puesto que la riqueza potencialmente invertible en el territorio nacional toma los caminos de la frontera y los puertos y no dinamiza sino que se desnacionaliza; el Deterioro de los términos de intercambio, es decir, cuando solamente se basa en la extracción y se exportan concentrados y materias primas sin llegar al proceso completo y por lo tanto deteriora la región; y la del Despojo, porque los posesionarios originales de la tierra son los campesinos y comuneros que han sido víctimas de una ley minera y sobre todo del “lesivo” artículo 6 que estipula que la minería es una actividad preferencial sobre todas las demás y que puede ser explotada la tierra por causa de interés público, y que los impuestos, además, son del ámbito federal dejando en una asimetría desfavorable a la comunidad.

Por tal motivo, mediante un comunicado el pasado 22 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, la REMA reprochó que aun cuando el gobierno de la Cuarta Transformación constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, muestra al mismo tiempo su “total complacencia” al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, dando muestras de que este gobierno “se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero”, el cual, según los activistas, genera daños permanentes y cancela el futuro de las próximas generaciones.