La Conago llamó a pensar en nuevas fórmulas para el pacto fiscal en México. Ahora mismo tenemos un esquema muy centralizado de recaudación de los impuestos en el país. La Federación recauda más del 90 por ciento de los recursos impositivos, pero gasta sólo el 60 por ciento de los mismos. Esto tiene ventajas y desventajas para los estados y municipios. La ventaja es que el esfuerzo recaudador corre a cargo del gobierno de la república, y los estados pueden gastar dineros que no les costó reunir. La desventaja es que la centralización hace que la decisión de gasto de la parte más importante de lo que la federación devuelve a los estados es decidida desde el centro, como es el caso de los Aportaciones (Ramo 33). Y los estados pueden definir por cuenta propia las llamadas participaciones (Ramo 28). Lo cierto es que la Federación es la encargada de percibir los impuestos más importantes: el IVA y el ISR. Los estados tienen algunos impuestos menores, y los municipios cuentan con el predial que, sabemos, capta un porcentaje mínimo de la norma hacendaria.
El hecho de que los estados se endeuden de forma imprudente se debe a que gastan lo que no cobran. Y a su vez, los estados no sienten ser soberanos por depender del gobierno central en el 80 por ciento de sus ingresos anuales. Pero hay un problema más complejo: la asimetría entre los dos méxicos, el del norte y el del sur. El del norte tiene índices de crecimiento altos y los del sur ritmos muy lentos de actividad económica, pero justo por eso son los que necesitan más recursos para lograr el bienestar de su población. Si se descentraliza el cobro de impuestos con la idea de que los estados gasten lo que recauden, deberemos pensar en la función de redistribución progresiva del Estado.
Pues bien, como podemos observar, se necesita discutir el pacto fiscal para decidir (como se hizo en el 70, en el 80 y 92) los criterios de cobro y formas de distribución del recurso entre los estados y municipios. Sin embargo, dejado así, es absolutamente insuficiente si no se aprovecha para hacer un debate integral de una nueva ley hacendaria mexicana. En otras palabras: una mejor ley de coordinación fiscal no tiene solución si no se enmarca en una nueva ley hacendaria integral. No basta con criterios de redistribución si previamente no se asegura que la bolsa de impuestos será mayor al 13 por ciento del PIB y se acerca a los 30 puntos, que es la norma mundial. Primero debemos doblar la captación fiscal de forma progresiva y después decidir los criterios de distribución de eso. De lo contrario, estaremos discutiendo como re-distribuir la miseria, lo cual será necesariamente inconforme. Así las cosas, es esencial acordar primero, cómo se organizará la discusión de la hacienda nacional general y después la coordinación fiscal federal. Primero lo primero; y después, lo que le sigue.
