La aprehensión en España de Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su posterior extradición a México, ha levantado una fuerte expectativa en la opinión pública en que ahora existen condiciones para que ocurra lo impensable: el procesamiento penal de los “peces gordos” en materia de corrupción. El ambiente generado previamente por la presión del Gobierno Federal a grandes contribuyentes para que se pongan al corriente en sus pagos, así como por las informaciones difundidas sobre el tamaño del delito de elusión y evasión fiscal, contribuyó a que en pocos días el tema se haya convertido en el principal asunto tratado en el sistema de medios de comunicación. Se puede apostar a que la demanda de justicia y castigo a los corruptos pronto irrumpirá con mucha fuerza en las 32 entidades de la República.
Se debe condenar la corrupción porque revela la falta de ética de gobernantes y gobernados y es un ejemplo de la ilegalidad en la que por décadas hemos vivido los mexicanos. Ocasiona enormes costos economicos en los países que la padecen como un hábito cotidiano, como una práctica “normal” o “natural” en la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos. Es indispensable cuantificar esos costos para conocer el tamaño del problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención y erradicación. Pero la tarea no es fácil. Al ser un fenómeno ilegal y elusivo, tanto los costos directos como los indirectos de la corrupción son difíciles de calcular. Entre los primeros están el dinero que los ciudadanos comunes o las empresas deben destinar a pagos de sobornos para obtener una licencia, concesión o contrato; la enorme cantidad de recursos públicos de los programas sociales que se pierden en el camino de los intermediarios; el porcentaje que se han llevado por años los gestores “especializados en bajar” los recursos a las entidades federativas o municipios, las grandes pérdidas que sufre el fisco por el uso generalizado de facturas falsas emitidas por empresas “fantasmas” y, lo que es el colmo, la condonación simple y llana del pago de los impuestos a grandes contribuyentes; o la “comisión” que el constructor incorpora al presupuesto de una obra para que le sea asignada. Los indirectos son aún más difíciles de documentar o cuantificar. Tal es el caso de la disminución en la productividad de la inversión pública, así como del capital invertido por empresas; las inversiones que dejan de llegar; la reducción en la calidad de las obras o bienes producidos y los servicios otorgados.
Es evidente que la corrupción entraña costos económicos importantes para los países en los que su prevalencia rebasa un cierto umbral. Todas las encuestas apuntan en la misma dirección: la corrupción es un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión y, por tanto, al crecimiento. La corrupción tiene costos sociales de gran magnitud: afecta la cantidad, calidad y acceso a la infraestructura y los servicios públicos, perjudica el capital social, reduce los ingresos gubernamentales y por tanto los recursos disponibles para gasto social y está relacionado con menor desempeño en la educación y salud de la población.
Además de los económicos y sociales, la corrupción también tiene costos políticos para el país y es uno de los principales culpables de la creciente desconfianza en las instituciones y en las autoridades que las encabezan. Aun cuando el fenómeno de la corrupción no es privativo del sector público, no hay actores más desprestigiados en su honestidad y reputación que los integrantes de los partidos y los gobiernos. La percepción de que los legisladores y los partidos políticos junto con los impartidores de justicia son corruptos o muy corruptos ha generado una crisis de representación y descontento con la democracia. El ciudadano no siente que sus intereses están representados por las acciones del gobierno ni tampoco cree que los mecanismos de impartición de justicia sean útiles. La conclusión es ineludible: la corrupción puede ser rentable para unos cuantos e incluso puede facilitar la vida en el corto plazo, pero para el conjunto social sus costos son mayores que sus beneficios.
La impunidad es la ausencia —de hecho o de derecho— de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificadas en las leyes. Si los niveles de corrupción en nuestro país son de los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores. Uno de los factores más relevantes para explicar la extensión y frecuencia de la corrupción es la expectativa de impunidad que eleva la ganancia esperada de un acto de corrupción y conduce a un círculo vicioso. La combinación de ambas se convierte en un equilibrio pernicioso en el que se generan fuertes incentivos para que las empresas, los individuos y los servidores públicos refuercen estas prácticas en lugar de combatirlas. Cuando hay impunidad, quienes cometen un delito escapan a la investigación con miras a ser acusados, detenidos, procesados y, en su caso, condenados a penas apropiadas y a la indemnización por el daño causado a sus víctimas.
Por todo lo anterior es facil concluir: llegó la hora de combatir estos dos vicios, corrupción e impunidad, en estados y municipios. ■
