La política de drogas sigue en el aire. En la campaña y al inicio del gobierno se habló de una propuesta de fondo y bien fundamentada sobre la necesidad de despenalizar el uso y comercio de drogas, empezando con la Cannabis. Quien fue responsable de hablar de ella y defenderla en la prensa fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Después de los foros organizados para el análisis del tema en la Congreso, quedó muy claro que el combate militar a las bandas que cultivan y distribuyen las plantas y sustancias llamadas ‘drogas’, es ineficaz y con pocas probabilidades de éxito. Por otro lado, los derivados de la Cannabis tienen empleos diversos y todos de importancia: el activo para usos médicos, entre los que se encuentra el Cannabidiol (CBD) tiene potencias sanitarias: da estabilidad al sistema endocannabinoide que influye en funciones fisiológicas para mantener la homeostasis fisiológica; esto es, modera la función cerebral, el sistema endócrino y el inmunológico. Lo cual, previene la posibilidad de una gama enorme de enfermedades. También las funciones recreativas que no son peligrosas en tanto no sean adictivas. Y además, los usos industriales del cáñamo que son de amplia ventaja en textiles y aislantes. En fin, ahora mismo resulta un absurdo mantener la prohibición tanto por razones de beneficios de la planta como por los temas de seguridad.
La prohibición de la producción y comercio de las sustancias llamadas ‘drogas’ produce necesariamente violencia, porque esta última se convierte en la forma para garantizar lo que no hace el Estado, que da certeza a los contratos comerciales y regula la competencia. Un producto legal es regulado por el Estado y eso resuelve la relación entre compradores y vendedores, y también el Estado da certeza en los procesos de competencia comercial. En el caso de las sustancias no-legales, el Estado no puede regular nada y por tanto, la manera que tienen las organizaciones que las producen y las venden de asegurar lo pagos y de ocupar territorios en los procesos de competencia, es por medio de la violencia. Si la violencia sustituye al Estado, al entrar el Estado a regular esas actividades la violencia deja de tener lugar. Como efectivamente ocurrió en el caso de la prohibición y después la despenalización del comercio del alcohol en Estados Unidos.
Si la cosa es así, ¿cómo es que se mantiene la prohibición y la estrategia militar para ‘contener’ este problema? La única hipótesis que resta es la presión de los Estados Unidos para mantener estas políticas. En este caso junto al tema migratorio y a tópicos estratégicos de planeación macroeconómica, estamos ante una crisis de soberanía. El pueblo de México está siendo severamente afectado por esta falta de soberanía: se mantienen niveles gigantescos de violencia, se violan derechos humanos y se obstaculiza el desarrollo económico. Y son amenazas al gobierno con bloqueos comerciales. Después de firmado el T-Mec y en la coyuntura del cambio de gobierno norteamericano, México debería emprender las medidas de despenalización de la mariguana, por lo menos. La falta se soberanía tiene ya costos de oportunidad muy altos, demasiado altos.
