Hay polémica por relevo en secretaría general del Spauaz

Hay polémica por relevo en secretaría general del Spauaz
Pedro Martínez Arteaga ■ foto: facebook

Reitera Pedro Martínez que no es de su interés seguir conduciendo al sindicato

A partir del 17 de agosto se dedicará a la impartición de clases n La JLCA avaló la extensión del mandato por la contingencia sanitaria n Algunos agremiados denuncian que la extensión es ilegal y violentan los estatutos

 

El Comité Ejecutivo del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz), administración 2017-2020, violentó los estatutos del gremio referentes a la democracia sindical al solicitar la prórroga del Toma de Nota que acreditase a Pedro Martínez Arteaga como secretario general hasta el 26 de agosto próximo, pues no hubo consulta ni aval de los agremiados para ello.

En principio, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) rechazó la solicitud de prórroga, pero finalmente la otorgó debido a que el representante obrero y el patronal votaron a favor de ésta. Así, con votación de 2 a 1, el Toma de Nota se extendió hasta la fecha mencionada.

Legalmente, cualquier sindicalizado podría ampararse y llevar el caso al Juzgado de Distrito, donde se invalidaría la prórroga del Toma de Nota y en consecuencia se nulificarían todos los procesos realizados a partir del 27 de mayo, entre ellos la emisión de la convocatoria para el proceso electoral.

El expediente 386/981, al que tuvo acceso La Jornada Zacatecas, expone que el 26 de mayo pasado, en su carácter de secretario general del Spauaz, Pedro Martínez Arteaga solicitó prorrogar el Toma de Nota debido a situaciones atípicas derivadas de la contingencia sanitaria, misma que había impedido convocar al proceso electoral.

“De todos es sabido que los términos jurisdiccionales o administrativos quedaron suspendidos, y en efecto ello repercute en nuestros actos sindicales, por lo que una vez que concluya la situación de salud que se ha comentado, también reanudaremos nuestro proceso de elección de Mesa Directiva”, expone la solicitud.

“Por ello, para que para que nuestro sindicato cuente con representatividad legal y con ello evitar posibles daños y perjuicios a nuestra organización gremial ante esta atipicidad originada por la emergencia sanitaria, solicito se extienda toma de nota prorrogada hasta el 26 de agosto de 2010, en la inteligencia de que la prórroga nos servirá para llevar a cabo el proceso electoral de manera ordenada, democrática y transparente”.

La respuesta de la JLCA, a través de su presidenta Juana Ibarra Juárez, fue: “no se acuerda de conformidad, ya que este Tribunal Laboral en función administrativa, no tiene facultad para extender la toma de nota del Comité Ejecutivo del Spauaz”.

La JLCA agrega que “es improcedente concederle esa prórroga de la Toma de Nota, en virtud que los principios básicos del sindicato establecen: ‘Será celoso de su independencia frente al Estado y a las instituciones educativas. Esta independencia es indispensable para mantener el carácter democrático del sindicato, es más, es la condición primordial para que el sindicato pueda representar efectivamente los intereses de sus miembros; un sindicato que pierde su independencia se convierte en instrumento de control y manipulación de los trabajadores, sirve para reprimir y contener sus demandas y no para promoverlas’”.

La JLCA aludió al artículo 123 de la Constitución que establece, en la elección de los dirigentes sindicales, el voto de los trabajadores personal, libre y secreto. En el caso del Spauaz expone que, efectivamente, sus principios básicos corresponden a la democracia sindical como medio de independencia hacia las autoridades del Estado.

“Entonces, la solicitud de prórroga de la Toma de Nota hasta el día 26 de agosto del año en curso, no se encuentra apegada a estos principios de libertad sindical y democracia sindical que se estatuyen en su documento de acción sindical, por lo que la autonomía laboral, al autorizar esa prórroga, estaría violentando esos principios de democracia establecidos en los estatutos de la organización sindical en la Constitución. De modo que, si esta autoridad interviene en la vida interna del sindicato y concede lo solicitado, violaría la autonomía sindical que goza esa organización y conculcaría los derechos de los agremiados en elegir libremente a sus representantes”.

La JLCA detalla que la contingencia sanitaria por el Covid-19 motivó la suspensión de los términos y plazos para la actividad jurisdiccional, realizada por la Junta, más no la suspensión del periodo de la Toma de Nota del Spauaz.

En ese sentido, este organismo determinó que el Spauaz, en la medida de sus posibilidades, debió establecer un método electivo para la renovación del Comité Ejecutivo que cumpliera con el principio de democracia sindical, garantizando así la libre participación de sus agremiados.

Sin embargo, el pasado 29 de junio la JLCA convocó a los representantes obrero y patronal a revisar y analizar el caso y a someterlo a votación. Ambos votaron a favor de la prórroga del Toma de Nota y la Junta en contra, por lo que se validó, por mayoría, la extensión del periodo hasta el 26 de agosto próximo a Pedro Martínez Arteaga y al Comité Ejecutivo.

El representante obrero, Ulises Armando Baltazar Zapata, votó a favor de la prórroga con el argumento de que, la JLCA recibió la solicitud de Pedro Martínez Arteaga el 26 de mayo, pero transcurrió más de un mes para que ese organismo emitiera un acuerdo, y según el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, deben de dictarse dentro de las 48 horas siguientes.

También argumenta que la presidenta de la JLCA, en el diario La Jornada Zacatecas, declaró que la definición sobre la prórroga del Toma de Nota en el Spauaz se definiría después de que concluyera la contingencia sanitaria y que la JLCA reanudara actividades, por lo que el acuerdo contra la solicitud sería contradictorio.

De acuerdo con señalamientos de algunos sindicalizados, Baltazar Zapata tiene un vínculo directo con la representación patronal, pues él es sobrino de Gustavo Castillo Vera, abogado que encabeza un despacho jurídico que lleva su nombre, mientras que el representante patronal ante la JLCA, Rodolfo Castro Delgado, es subordinado del apoderado legal de la BUAZ, Iván Navarro, quien a su vez es asociado al mismo despacho.

Desde el punto de vista de Enrique Viramontes Cabrera, docente universitario, “es una resolución vergonzante para quienes la votaron a favor, a saber, el representante obrero y el representante patronal. ¿Qué interés o lazo une a estos representantes que son contraparte? ¿Acaso existe por fuera del Sindicato y de la JLCA algún interés común entre estos representantes? ¿Será el mismo interés común que enlaza al jurídico del Spauaz con uno de los asesores jurídicos del rector? Todo indica que ese interés y lazo si existe. Ese mismo interés común, parece ser la causa que les permite a los asesores jurídicos de Pedro Martínez Arteaga y Antonio Guzmán Fernández cobrar por resolver a su favor, aunque no se tenga la razón jurídica”.

Consultado para analizar el caso, Sergio Correa Pacheco, abogado laborista externo a la BUAZ, considera que, sorprendido por la circunstancia de la pandemia, Pedro Martínez Arteaga “lo que hizo, lo hizo en pro del sindicato, porque no podía hacer otra cosa de momento. Sin embargo, coincido plenamente con el voto particular de la presidenta de la Junta, en el sentido de que, curiosamente, si alguien protegió el interés sindical, la autonomía y formas democráticas del sindicato, fue la autoridad laboral”.

En el voto de la JLCA, expone, la presidente menciona que no era posible la prórroga del Toma de Nota debido a que no se siguieron los procedimientos estatutarios, puesto que debió implementarse algún mecanismo para que la Asamblea del Spauaz lo avalara. Es decir, la solicitud se hizo “sin ningún tipo de consulta”.

Explica, además, que la JLCA no tiene facultad para otorgar prórrogas a ninguna directiva sindical, por lo que “el voto de la presidenta es de lo más correcto y de lo más sensible a favor de los trabajadores”.

Añade que, en casos como este, la autoridad laboral únicamente funge como ente registral, esto es, si se cumplen las normas estatutarias y estas son apegadas a la Ley Federal del Trabajo, simplemente se limita a registrar el acto que en este caso hubiese sido una prórroga. Sin embargo, se le pidió a la Junta que asumiere atribuciones que no tiene y esto es muy grave por el antecedente que deja a unos cuantos meses que entre en funciones en nuevo Tribunal de Conciliación Laboral, programado para el 10 de octubre”.

De acuerdo con Correa Pacheco, es paradójico que, contrario a lo que se comenta frecuentemente en el ámbito sindical, la autoridad laboral “protegió y trató de proteger la democracia sindical, y por otra parte el sindicato la vulnera”.

Es decir “es paradójico que la propia presidenta haya tenido que luchar con los representantes, sobre todo el obrero, quien debía de velar por los trabajadores y por las prácticas democráticas al interior del sindicato”.

“Forma es fondo. Entonces, si esta forma se aplicó aquí, el fondo creo que a nadie nos va a gustar y después no podremos sorprendernos cuando el Estado, a través de sus instituciones, tenga injerencia en este tipo de cuestiones. Creo que no debió haber sido así”.

Desde su perspectiva, en caso de que no haya alguna impugnación y el caso siga desapercibido, “el antecedente es muy malo porque el sindicato violó su propia normatividad y, curiosamente, la autoridad laboral encarnada en la JLCA, trataba de proteger la democracia sindical”.

Sobre la postura del representante obrero y el representante patronal en el acuerdo, y sus necos con un mismo despacho jurídico, Correa Pacheco manifiesta que es una situación que es “a vox populi conocido”, pero independientemente de ello el problema fue una falta de conocimiento y técnica jurídica en asuntos de índole laboral.

Respecto el voto del representante obrero, considera que “se debió a una falta de técnica jurídica y de conocimiento en este tipo de asuntos que a otras cuestiones. Creo que los representantes obrero y patronal lo vieron como si se tratara de un asunto individual que de una colectividad que, por supuesto, va a afectar a toda la planta docente de la Máxima Casa de Estudios”.

No me ha llegado
notificación: Arteaga
Pedro Martínez Arteaga afirma que, hasta el momento, no le ha llegado notificación alguna sobre el acuerdo mediante el cual se le otorga la prórroga al Toma de Nota, pero independientemente de ello, señala que hubiese sido irresponsable y poco ético dejar acéfalo al gremio en un contexto en el que se deben realizar múltiples procedimientos.

“A mí no me interesa que digan que se ratifica al secretario general. Yo estoy consciente que mi Toma de Nota se venció el 26 de mayo y el 27 dejo de ser secretario general, pero no podemos dejar en la indefensión y en la indefinición de las cargas de trabajo, por ejemplo, para iniciar actividades el 17 de agosto”.

Sin embargo, “mientras a mí no me notifiquen no me doy por enterado y no tengo por qué actuar de una u otra manera conforme a su decisión. Yo simplemente soy encargado del despacho y seguiré aquí para que no mermen los derechos de nuestros compañeros sindicalizados”.

En su opinión, no era posible que la Asamblea o la Coordinadora de Delegados no tenían capacidad de convocatoria para hacerse cargo de las funciones sindicales e incluso algunos presentaron una propuesta para convocar al proceso electoral, pero al final estuvieron de acuerdo en el planteamiento del Colegio Electoral.

Martínez Arteaga recuerda que, desde el comienzo, “siempre se dijo, y así me llamó mucha gente, que era encargado de despacho. Eso no me hace que deje de trabajar y al contrario hay que atender, porque tenemos mucho qué hacer en cuestiones de prestación, Otro asunto, estoy al 1000 por ciento viendo las cargas de trabajo. Imagínese el caos que se produjera si no estuviera sacándolas”.

“Yo ya no quiero estar aquí, pero hay que ser responsables. Aquí se necesita tener ética política y ética sindical para no dejar tirada la casa, y más ahorita que se necesitan, sobre todo, cargas de trabajo, y que estamos atendiéndolo 16 horas al día”.

Precisa que para él no es importante que le den o no el título de secretario general, pero “lo digo con toda responsabilidad: ¿Quién va a hacer esto? ¿Pedro López y 20 gentes? No, aquí se necesita que el Comité Ejecutivo siga sacando el trabajo. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos de sacar todo el trabajo sindical pendiente”.

Reitera que no es de su interés seguir conduciendo al sindicato y a partir del 17 de agosto se dedicará a la impartición de sus clases. Incluso le fueron asignados grupos en Fresnillo dos días por semana.

“Voy a ser respetuoso sobre lo que ellos mandaten, pero dejaría en muy malas condiciones a la gente que no se le dé su carga por un trámite burocrática. Además, la Secretaría del Trabajo emitió una respuesta y para mí es más importante lo que diga la Federación que lo que se diga aquí a nivel estatal”.

Martínez Arteaga indica que esta situación puede ser utilizada por planillas perdedoras para emprender un conflicto poselectoral, porque una vez que pierdan, puede iniciar recursos legales de todo tipo.

Viramontes Cabrera opina que el acuerdo suscrito por el representante obrero y el representante patronal, para otorgar la prórroga del Toma de Nota, evidencia el afán “de autodesignación en el cargo por tres meses más”.

“Sin consultar a ninguna instancia sindical estatutaria (fundamentalmente porque las deprecia), el exsecretario general hizo la petición a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sin fundamento legal ni estatutario, para que se le extendiera el periodo de Toma Nota hasta el 26 de agosto”.

“34 días después de su petición, el 29 de junio, en el mundo al revés o en sentido contrario de lo acostumbrado por el representante gubernamental de la autoridad laboral, por mayoría de votos del representante obrero y del representante patronal y con el voto en contra de su presidenta, la JLCA resuelve otorgar prórroga al Comité Ejecutivo del Spauaz para llevar a cabo la elección de Comité Ejecutivo.

Refiere que el representante obrero argumentó, sin fundamentación legal ni estatutaria, que fuera desechado el proyecto de acuerdo del 11 de junio (que rechaza la petición de prórroga porque la JLCA no tiene facultades ni capacidad para tener injerencia en la vida interna de un Sindicato tratándose de la elección de dirigencia), y en consecuencia se conceda la prórroga.

En contraparte, expone, la presidenta de la JLCA argumenta que, con lo aprobado por los votos de los representantes obrero y patronal, se violenta la independencia sindical, la libertad sindical y la autonomía de los sindicalizados para resolver sobre quiénes son sus dirigentes, según se establece tanto en sus Estatutos como en la Ley Federal del Trabajo.

Según Viramontes Cabrera, “los argumentos expuestos por la presidenta son muy importantes al menos por dos cuestiones: la primera es que la resolución acota la prórroga exclusivamente para realizar la elección, es decir, no tienen ninguna otra función y la segunda es que los términos legales en que se concede, allana el camino para atacar o recurrir la resolución por cualquier sindicalizado con altas probabilidades de obtener su anulación”.

“Por cierto, los candidatos y sus planillas ¿Qué postura fijarán, ahora o después, respecto a esta injerencia documentada en la vida interna del sindicato, a petición del exsecretario? ¿Lo dejarán pasar? ¿Harán la política del avestruz? ¿Así defenderán los Estatutos, la libertad, la independencia y la autonomía sindical?”, concluye.

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