En América Latina en la década pasada (y ahora mismo en España), las derechas hicieron uso de medios poco democráticos para derrotar a los gobiernos progresistas. En Brasil la judicialización impidió a Lula competir en el proceso electoral donde ganó Bolsonaro. A Correa le generaron una serie de acusaciones para que no pudiera regresar al país, después de una década de logros importantes; y a Evo lo expulsaron con uso de las fuerzas armadas. En Argentina Cristina pasó por sendos procesos igualmente complicados. En todos los casos, se registran dos constantes: control de medios de comunicación y uso a conveniencia de los sistemas de administración de justicia. Sin embargo, lograron incidir en ambos espacios gracias al poder económico del Capital. En España ahora mismo el partido popular y Vox bloquean al gobierno progresista de la alianza Psoe-Podemos, sin la mínima prudencia dada la crisis económica desatada por la pandemia. En el fondo se vive una verdadera lucha de clases.
En el caso de México la situación tiene algunas similitudes con los procesos anteriores, y también diferencias. Existe un sector del empresariado y ciertos medios de comunicación en revancha abierta, con discursos de odio y afanes golpistas igual que en Ecuador y Brasil. Pero en México el actual gobierno pactó con algunas derechas que le ha permitido sobrellevar las condiciones de equilibrio político a favor del gobierno, es el caso de las grandes televisoras y las iglesias evangélicas. Recordemos que El Globo y El Clarín fueron esenciales en la derrota de Lula y Cristina respectivamente; y las iglesias evangélicas fueron los actores centrales para el despojo del poder de Evo en Bolivia.
En México, el pacto con ese sector de las derechas ha costado la renuncia del gobierno a una parte esencial de la agenda histórica de la izquierda: los impuestos progresivos, la democratización de los medios de comunicación y los derechos civiles de las minorías. Estos temas AMLO los ha omitido en sus planes. De tal manera que, de forma estricta, según los temas, el gobierno se comporta como de centro-izquierda en algunos (como los apoyos sociales); y en otros (como los derechos LGTB) de centro-derecha. No se ha definido claramente a la izquierda del espectro político. Eso ha permitido cierto equilibrio al gobierno, pero a costa de áreas esenciales de la agenda política.
Se puede entender la conducta del gobierno que se mueve conforme a lo fácticamente posible, y no a lo deseable. Por ejemplo, en el caso de la política de migración está muy condicionado por la fuerza de los EEUU. Sin embargo, el aparato político del partido y los legisladores, pueden empujar claramente hacia la izquierda y rebasar al propio gobierno (que no puede hacerlo). En este contexto, el gran reto de Morena consiste en posicionarse a la izquierda con temas como el presupuesto progresivo, los derechos civiles y la renta básica; y que avancen por la vía del Congreso. En algunas cosas, ya ha adelantado la dirección nacional de Morena.
En ese sentido, mientras la izquierda progrese por otras vías que el gobierno no puede, la derecha golpista seguirá débil y haciendo sendos ridículos en sus planes de reconquista antidemocrática del poder. En esa misma dirección, es importante también atemperar la idea de crear sólo dos polos políticos como lo sugirió el Presidente, porque eso implicaría amarrar las manos a una coalición igualitaria que avanzara en los temas que dijimos arriba. Mientras las derechas antidemocráticas y llenas de odio se mantengan rezagadas, la humanidad caminará y el cielo podrá bajar a la tierra.
