El pasado fin de semana vivimos una manifestación más contra el actual gobierno. Este tipo de expresiones son tan naturales como deseables en una democracia; no parecen aún ser una mayoría del tamaño siquiera de la minoría que el pasado 2018 no votamos por el presidente, quien goza de una popularidad envidiable y, a todas luces, casi a prueba de todo desastre. También es cierto que los errores no han sido menores, que, dada la inexistencia de contrapesos siquiera cercanos al poder del poder ejecutivo hoy, no hay incentivos que obliguen a un cambio de rumbo aun cuando es racionalmente evidente una falla. El sistema político que se construyó en México desde su independencia, análogo al de la naciente democracia angloamericana de los Estados Unidos, y que se ha ido perfeccionando en los casi doscientos años desde la primera constitución, ha fallado en representar hoy a una sociedad tan plural y diversa, como tan poco politizada, a pesar de que en nuestro país el Estado es el centro de casi toda la actividad, sea directa o indirectamente. Siempre ha sido curioso cómo importamos ideas, formas e instituciones para deformarlas en una realidad que, quizá fue funcional pero que hoy demuestra un agotamiento, víctima del cambio social espontáneo y extraordinario que ha vivido nuestro país en las últimas tres décadas. Quizá ha llegado el momento de otra gran reforma política, como la que tuvo lugar en 1977 o en 1996, para modificar ya no sólo nuestro sistema de representación legislativa, sino también al propio poder ejecutivo, haciendo un esfuerzo por extirparnos viejos traumas que, a la postre, solo hemos ocultado sin exorcizarlos del todo. Me refiero a algunas brevísimas notas sueltas que debiéramos empezar a discutir, sobre cómo se organiza el sistema político en nuestro país. Vayan éstas solo como un incentivo para el debate.
En anteriores fechas he escrito aquí sobre la participación ciudadana y la ratificación o revocación de mandato. Su aplicación en México, con nuestra tradición personalista del poder, pero también con el exceso de influencia que tienen las personalidades y los actores sobre el ir y venir en la administración pública (evidenciado esto como pocas veces en el arranque del presente gobierno federal), hacen de esta figura quizá ni siquiera deseable: imaginar el desorden político, administrativo e incluso constitucional que pudiera haber en un resultado adverso a un presidente, que por lo demás, podría estar perdiendo fuerza popular, pero no política, es cercano a una pesadilla. En cambio quizá lo mejor sería acotar el mandato presidencial a cuatro años con posibilidades de una relección; pero no basta con ello, también habría que modificar la actual conformación y formas de elección de los integrantes del Poder Legislativo, para asemejarlo también a la utilizada en la democracia del norte, con un elemento adicional: acrecentar el porcentaje de legisladores de representación proporcional, pero solo en la Cámara de los Diputados, incrementando a su vez el número de éstos en general, sin aumentar, en ningún rubro su costo. Es decir, tener más representantes (y ojalá más representación) por el mismo costo. De tal forma que podría quedar quizá de la siguiente forma: 700 diputados federales a razón de 400 de mayoría (aumentando cien distritos uninominales) y 300 de representación proporcional, limitando a su vez el período de éstos a dos años, reelegibles sin límite (lo que incentivaría, a su vez, un nivel mayor de cercanía con sus electores). Esto también permitiría que, un presidente impopular perdiera su mayoría a la mitad de su mandato, con posibilidades para recuperarse en su propia relección. Finalmente, el senado podría conformarse por 128 senadores, éstos sí con un período de seis años, pero electos escalonadamente, a razón de una mitad cada seis años, en la que se elegirían dos senadores de mayoría, uno para la primera y otro para la segunda, y un cuarto cada dos años, a razón de un solo senador de mayoría por estado, sin límite para su relección, eliminando en esta cámara la representación proporcional por lista, pero sin ignorar que cuando menos una cuarta parte siempre será de la minoría.
Claro que habría que limitar también los gastos para que más campañas no signifiquen más gasto, sino más representación, más deliberación, más debate, más involucramiento y al final del día, también, más rendición de cuentas vertical.
En un país tan plural, tan extenso y tan diverso, una representación que atienda más a su carácter federal y menos a su impuesto permanentemente inclinación centralista, una revaloración de todo nuestro sistema de representación podría significar una reconciliación con el anhelo democrático históricamente insatisfecho. ■
@CarlosETorres_
