Entender y aceptar la recién aprobada Ley de Amnistía sin antes analizar los aspectos jurídicos y sociales (no solo de la teoría, sino de la práctica) sería muy difícil. Quien no conozca la realidad de los procesos penales en México, sin duda, su análisis alcanzará solamente para pensar que con la Ley de Amnistía se “están liberando delincuentes”.
Un profesor de derecho penal de la Unidad Académica de Derecho de la BUAZ, decía –“la cárcel es para los pendejos y para los pobres” –sin duda sus palabras eran algo fuertes, desconsideradas tal vez, pero lo que trataba de dar a entender era cierto. Las cárceles actualmente están llenas de inocentes, de personas que cometieron delitos menores pero que no pudieron pagar la reparación del daño o una defensa adecuada (a pesar de que hay la garantía de un defensor de público), de personas a las cuales un “poderoso” o el mismo gobierno les fabricó un delito; van a la cárcel personas que estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado; y los delincuentes verdaderamente peligrosos cuando mal les va, están tras las rejas “simbólicamente”, pero desde adentro de los penales están extorsionando y comandando grupos delictivos; o si no, simplemente son liberados por algún error en el procedimiento, como los secuestradores recientemente liberados en Zacatecas ¿recuerda?
La cárcel es un castigo que únicamente se merecen los infractores de los códigos penales estatales o federal, aunque las infracciones a otras leyes pueden derivar en delito. Con esto quiero decirle que existen distintas ramas del derecho y La Ley de Amnistía atañe principalmente a una de esas ramas que es el derecho penal.
Todas las ramas del derecho tienen sus propias características, principios y procedimientos, pero lo que hace especial a todo el estudio y la aplicación del derecho penal, es que se castiga a sus infractores con la privación de la libertad y con la perdida de sus derechos ciudadanos, por eso la observancia de los derechos humanos en esta rama es fundamental. El proceso penal en México ya no es tan nuevo, pero se le sigue llamando “nuevo sistema de justicia penal” puesto que entró en vigor en el año 2016; lo novedoso que sigue siendo este sistema para muchos, quizá sea la causa de que se comentan ciertas irregularidades en dicho proceso.
Las etapas del proceso penal brindan la oportunidad para que el imputado, quede libre de cargos incluso quedando sin antecedentes penales desde las primeras audiencias; claro está, que existen ciertos requisitos. A la víctima de un delito menor lo único que le interesa es que se le repare el daño y eso no es otra cosa más la exigencia de una cantidad específica de dinero al imputado; se supone que esa cantidad es acorde al daño causado, pero en la práctica, al imputado se le puede sacar todo el dinero que él o su defensa lo permitan; aun así, es mejor pagar determinada cantidad que enfrentar un largo y cansado proceso penal. En pocas palabras, los imputados por delitos menores que tienen la solvencia económica suficiente para “reparar” el daño o llegar a un acuerdo con quien lo acusa, sale en poco tiempo bien librado del proceso penal, sea culpable o no. Ante esta lógica, el profesor de derecho penal que menciono en la primera línea del segundo párrafo de este texto, no está tan equivocado.
El fin de un sistema penitenciario no es castigar nada más, sino que debería de buscar reintegrar al infractor, a la sociedad, es decir transformarlo en un ciudadano de bien, en la medida de lo posible. Tomando en cuanta eso, el sistema penitenciario en nuestro país, no está cumpliendo con sus objetivos; las cárceles están saturadas y desde adentro se siguen cometiendo ilícitos; a eso, súmele todo lo que le cuesta al Estado mantener el sistema penitenciario.
La Ley de Amnistía busca la liberación de los delincuentes menores, aquellos que cometieron delitos por primera vez, que cometieron delitos menores, los delincuentes de grupos indígenas que no tuvieron acceso a una defensa adecuada. Quedan exentos de esta ley los homicidas, secuestradores, delincuencia organizada, en fin, los que cometieron delitos graves, que no hay duda de su participación en la comisión de dichos delitos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos así como la ONU, han visto con buenos ojos la Ley de Amnistía, pues se trata de una acción humanitaria, que no borra los antecedentes penales ni exime de la reparación del daño, tampoco beneficia a los peligrosos delincuentes, sino que va enfocada a los sectores más vulnerables; beneficia a quienes no tuvieron los recursos en su momento para reparar el daño; es en beneficio de aquellas personas que por necesidad robaron algo y que están compartiendo celda con un violador o un secuestrador.
La ley de Amnistía se trata de salvaguardar los derechos humanos por eso fue aprobada de manera urgente debido a la pandemia del Coronavirus. No solucionará los errores que se cometen en los procesos penales, ni mejorará el sistema penitenciario, pero hará una depuración en las cárceles de México. ■
