Cada que tomamos una decisión, por pequeña que sea, realizamos un acto moral. No hay una sola acción humana que sea amoral: actuamos dirigidos por aquello que consideramos valioso. Y todo lo que sentimos como valioso o deseable es una construcción de nuestra sociedad y su historia. Hay quien cree que el asco que siente porque le dan a comer un gusano es una mera reacción física o biológica, pero no es así: su rechazo se debe a un valor de la cultura que ha educado sus emociones; esto es, su asco es un acto moral. Sin embargo, las elecciones no se agotan en los actos individuales o privados que todos realizamos, sino que las instituciones también toman decisiones y lo deben hacer sobre criterios públicamente conocidos. Si las decisiones remiten a los criterios que usaron las instituciones para distribuir los recursos que son efecto de la vida en sociedad, entonces hablamos de principios de justicia. Y si esos criterios son para tomar decisiones que tienen que ver con la vida biológica de las personas, como su salud o la relación con su medio ambiente, se llama ‘bioética justa’.
Las estrategias para la atención de la salud de la población están soportadas en la médula de la bioética médica. Es un área amplísima. Pero ahora mismo nos urge pensar el caso de la epidemia actual, que ya claramente es histórica. Hay debates bioéticos en los recursos que se destinan a otros rubros del Estado y dejan de destinarse a la salud para los permanentemente faltantes equipos de protección médica, y muchos otros temas. Sin embargo, hay un tema que ahora mismo comienza a ser caliente como fundidora de metales: la disposición raquítica de recursos médicos respecto a la demanda que una pandemia genera. Camas, atención profesional y ventiladores limitados frente a una demanda casi ilimitada: ¿a quién se le atiende y sobre qué criterios?
El Gobierno Federal publicó la propuesta de guía para formular los protocolos de actuación en el caso de que existan muchos demandantes de equipos y poca disponibilidad de los mismos. El punto de mayor debate y preocupación es la idea de que se le dé prioridad a los jóvenes sobre los viejos. Parece que el ‘sentido común’ es la idea natural de elegir a los jóvenes sobre los adultos mayores: ‘como ellos ya vivieron más, es justo que se priorice a los jóvenes’. Sin embargo, el sentido común es una construcción cultural que se debe a valores actuales, pero de ningún modo son universales. En el mundo indígena se haría lo contrario. La cosa es que, si la vida humana tiene un valor infinito, con lo cual se quiere decir que no hay manera de jerarquizar el valor de vida entre los seres humanos, entonces cualquier criterio que se use para darle la vida a unos y dejar morir a otros, será inmoral. ¿El criterio de preferencia será la utilidad social, la nación, la etnia, la profesión, el género, o…la edad? Y lo más grave: ¿El Estado puede convertirse en la institución que decida sobre la vida o muerte de las personas? Todo criterio tendrá cuestionamientos, pero debemos pensar no en lo mejor, sino en lo menos malo: y la contingencia que determine a quién se atiende, puede ser una manera de evitar que alguien decida la vida de otra persona. En cuanto se pone un criterio para elegir entre los demandantes, en ese momento se le pone ‘precio’ a la vida humana: y la moneda es justo el criterio que se eligió: el más útil, el más sabio o el más joven. Si la vida humana tiene un valor infinito, no puede tener precio. Y una cosa clara: el Estado no es Dios.
