El Gobierno de México promueve un importante vacío institucional que empuja su responsabilidad constitucional a las autoridades estatales y municipales. Así lo han entendido hasta ahora las y los gobernadores de Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Yucatán y Zacatecas, así como distintos presidentes municipales.
La máxima autoridad dentro de una emergencia sanitaria es el Consejo de Salubridad General, que se instaló en sesión permanente hasta el pasado 19 de marzo. Lo anterior gracias a las presiones de especialistas virólogos, epidemiólogos, jurisprudentes, y funcionarios públicos, en los medios de comunicación y las redes sociales.
En el panorama inmediato del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en México efectivamente existe una contingencia sanitaria sostenida en Fase 1, o de transmisión por importación de casos.
Nos encontramos en un proceso de transición hacia la Fase 2, o de transmisión comunitaria, donde se registran casos de contagio por coronavirus dentro del país. Las medidas como la suspensión de eventos masivos, cierre de espacios públicos y privados compartidos, el trabajo desde casa (de ser posible en algunos casos) son características de esta etapa.
En México, la curva de infección ha evolucionado de forma intensiva al pasar de 11 casos a nivel nacional diez días atrás, a 367 confirmados al corte de esta publicación. De estos únicamente tres han fallecido, sin embargo, no es el número de muertes el que define un paso inminente a una nueva fase de contagio, sino el crecimiento de los casos confirmados.
Es así porque se juegan las probabilidades en contraste con las capacidades de los servicios de salud públicos para atender el número de casos que, en los próximos diez días, mostrarán otro crecimiento exponencial parecido (o mayor) al de la primera decena. Dependerá de qué tan evolucionado se encontraba el proceso de transmisión del virus antes de tomar medidas preventivas.
En ese diferencial habremos de atestiguar qué tanto tardó la federación en responder a una emergencia sanitaria en la que, hasta este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en minimizar. Ante el sesgo, los gobiernos estatales y municipales definieron, cada uno, su criterio de emergencia por la aparición de casos a nivel nacional como en su territorio.
¿Qué otra decisión podrían haber tomado si hasta el 19 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró al coronavirus una enfermedad grave de atención prioritaria? Lo anterior es equiparable con la declaración de contingencia ambiental, que obligaría a suspender de manera temporal las relaciones laborales, de acuerdo con los artículos 427 y 429 Ley Federal del Trabajo.
Una decisión de índole federal, y que compete a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que obligaría a la parte patronal “a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión [por contingencia sanitaria], sin que pueda exceder de un mes”.
En el caso de Zacatecas, a partir de este lunes se hace oficial el cierre temporal de museos, antros, bares, gimnasios, cines, salones de fiestas e instalaciones deportivas; así como la suspensión temporal de servicios turísticos como recorridos, callejoneadas o visitas guiadas. Mientras que los comercios de giro restaurantes, sólo podrán operar al 50% de su capacidad.
No obstante, mientras no exista la declaratoria de la autoridad federal sobre la contingencia sanitaria, la plantilla laboral en sus diferentes centros de trabajo no puede exigir al patrón lo correspondiente. Contrario a esto, las cámaras empresariales ya publicaron un desplegado con 14 “medidas urgentes”, las cuales giran en torno a exención de impuestos, créditos blandos, financiamiento, suspensión de pagos, periodos de gracia para el cobro de créditos, y otros.
La respuesta del Gobierno del Estado vino en forma de un Plan de Estímulos Fiscales, que le costó a Alejandro Tello Cristerna un episodio previo, innecesario, al enfrascarse con un particular (que además transita entre sospechas de corrupción) en reclamos individuales y no de gremio. La relación del ejecutivo estatal no debería reducirse a la de un capricho, pero su círculo cercano no ha logrado convencerlo de lo contrario.
Al darle trato lo legitima, y eleva el conflicto a la agenda pública (acaparada por la emergencia sanitaria), donde no corresponde debido a que arrastra un interés político bien definido. De paso, el ejecutivo se muestra abierto a debatir con un empresario, probable socio del Coordinador Nacional de Ganadería, inmerso en el cúmulo de irregularidades que arrastra en el programa federal del Crédito Ganadero a la Palabra.
Este es el mejor ejemplo de cómo el mismo gobernador, al caer en provocaciones inocuas, permite la politización de un tema público que pide no se politice, al tiempo que descuida la investidura. Su relación es estrictamente institucional hacia las cámaras empresariales -con las que Carlos Fernando Bárcenas Pous ha desmejorado la posición del gobierno-.
Con ellas podría acordar estímulos financieros, siempre y cuando no terminen en las cuentas bancarias de unos cuantos, tal como sucedió en 2009 cuando Marcelo Windler Fanjsod disfrutó de los recursos extraordinarios que correspondían a los agremiados de la CANIRAC, por la pandemia del virus Infuenza A-H1N1. En ese entonces los empresarios que hoy politizan callaron vilmente. ■
Twitter: @GabrielConV
