■ Opina que “sería sumamente sencillo ganar” si se partiera primero de la Ley de los Sistemas Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas
■ El artículo 87 establece que para ajustar el costo se deberá elaborar un estudio que justifique las nuevas cuotas y tarifas; se tomarán en cuenta observaciones de los usuarios
De “lamentable” y “pobres” calificó la sesión y los debates de los integrantes del Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el asesor fiscal y especialista en temas ambientales Jorge Rada Luévano, luego que la Jiapaz sesionó el sábado durante siete horas con la intención de modificar la tarifa del agua potable sin llegar a acuerdo alguno y cuyo receso se ha extendido hasta el próximo 2 de marzo.
Y es que de acuerdo con el especialista, “ni el director, ni los presidentes tienen bases jurídicas para sustentar los incrementos, ni tampoco tienen argumentos para debatir que se mantengan las tarifas”, pues consideró que en un debate se requiere de conocimiento en el tema, tanto en aspectos técnicos como jurídicos, y eso no se observó en la sesión.
Rada Luévano insistió en que si se parte de argumentos y se llevan a un tribunal por ese incremento, sería sencillo que a la gente no le cobren el aumento de la tarifa. “Que no te den atole con el dedo, el tema de fondo está sumamente carente de una justificación legal. Los presidentes deben saber que en el ámbito legal fácil se caería, y si no lo saben, qué lamentable que no tengan una asesoría adecuada”, subrayó.
El abogado refirió que temas como los dictámenes, la auditoría, la legalidad de la zonificación, el cobro del IVA, que está prohibido, la verificación y la calibración de los medidores no fueron abordados en la sesión, y que las “propuestas populistas” tampoco sirven de nada.
Para el especialista, “sería sumamente sencillo ganar” si se partiera primero de la Ley de los Sistemas Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, que particularmente el artículo 87 establece que para ajustar el costo “se deberá elaborar un estudio que justifique las nuevas cuotas y tarifas y se tomarán en cuenta las observaciones y sugerencias que realicen los usuarios, tales como el nivel socioeconómico de los mismos y cualquier otra que estime pertinente, a través de los consejos consultivos de los organismos descentralizados”.
Asimismo, establece que una vez aprobadas las modificaciones, se ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de la localidad. A su vez, los organismos operadores podrán solicitar a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), la elaboración de los estudios técnicos y financieros de apoyo para el incremento de cuotas o tarifas.
Para Rada Luévano, y en sintonía con el numeral de la ley mencionada, la Jiapaz debió de elaborar un estudio que justificara las nuevas cuotas y tarifas y dárselas a conocer, además, a los usuarios previamente, algo que no hizo, así como tampoco existe el estudio técnico y financiero por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, que razone y justifique el alza de las cuotas por concepto de prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, razón por la cual debería declararse la nulidad del acuerdo de aumento tarifario.
Otra ilegalidad, explicó Rada Luévano, y conforme al artículo de la misma ley, la Jiapaz tiene la “inexorable obligación” de que previamente al aumento de las tarifas, debe tomar en cuenta las observaciones y sugerencias que realicen los usuarios, tales como el nivel socioeconómico de los mismos, pues, en ningún momento realizaron estudio socioeconómico que justificara el aumento de las tarifas.
Asimismo, se pudiera objetar que el Consejo Consultivo, que a su vez aseguran representa a la ciudadanía, está conformado por empresarios y representantes de las cámaras, sin embargo, “no existe, y a conveniencia de la autoridad, jamás existirá un representante de los usuarios domésticos, es decir, aquellos que no somos restauranteros, ni constructores ni hoteleros o empresarios y los que no tenemos voz ni voto; ni siquiera la oportunidad de ser escuchados por la autoridad previa a elevar tan atrozmente las cuotas por la prestación del servicio de agua potable”, por lo que, al no haberse considerado las observaciones y sugerencias de los usuarios, se debería declarar la nulidad del aumento tarifario, también.
Finalmente, el asesor fiscal, consideró que tampoco “es muy eficaz” ir a clausurar las instalaciones de la Jiapaz, como lo hizo la semana pasada el morenista Ernesto González Romo, pues tal acto, consideró, “da un sabor más a política barata mediática, que a solución de fondo”, pues esos personajes, aseguró, no conocen tampoco ni lo técnico ni lo jurídico del asunto.
