En los índices sobre Corrupción y Buen Gobierno (ICBG), Zacatecas está en el lugar 8 de 32. Sus números varían u oscilan, pero la final del día su comportamiento es persistente al alza. En el último lustro las personas que fueron víctimas de actos de corrupción en contacto con autoridades en seguridad pública y en la apertura de empresas, prácticamente se duplicó. Esto, ¿es un problema de cultura? ¿O es un problema de control de la organización de las instituciones? Si creemos lo primero, estamos fritos: los cambios culturales son de larga duración y dependen de contingencias incontrolables. Si es lo segundo, entonces sí hay mayores esperanzas: es cosa de mejorar los dispositivos institucionales del llamado ‘control interno’. Este último se define como “la seguridad razonable sobre la consecución de metas institucionales”. Así las cosas, la idea es que hay una relación inversamente proporcional entre cumplimiento de metas y corrupción: entre mayor cumplimiento de metas, menor corrupción. Esto es así, porque existe el supuesto que la corrupción se asocia con todos los factores que hacen que las metas se perviertan y no se cumplan.
La corrupción es un fenómeno sistémico: una red de reglas y rutinas institucionalizadas en la informalidad de la vida de las organizaciones gubernamentales, pero que resulta funcional; es decir, hace que las cosas se hagan. Por ser funcional, la corrupción vive y pervive. Pues bien, si es un problema sistémico, la hipótesis es que con una ‘solución’ sistémica se resolverá el mal. Así surge la pregunta, ¿el sistema estatal anticorrupción ha demostrado ser efectivo contra la serpiente de la corrupción? Pues aún no. A pesar de legislar en gran cantidad sobre el tema, el problema sigue vivo y coleando. Es como observar que se pone mucha penicilina a una bacteria que pasea por la alameda. Una muestra de los dispositivos legislativos sobre el tema: el artículo 138 de la constitución estatal, el Eje 1.5 del Plan estatal de desarrollo, el art 30 de la Ley de la administración pública del estado, toda la Ley del sistema estatal anticorrupción, la Ley de justicia administrativa, la Ley de fiscalización y rendición de cuentas, la Ley de responsabilidades administrativas, y el art 37 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Como vemos: Muchas leyes y pocas nueces.
La paradoja: una medida institucional depende de la voluntad política de poner en marcha en llamado Control Interno en el Ejecutivo estatal. Pero no se confundan: no se tata de los órganos de control interno, sino de la función de control de las metas en todas las dependencias. Pues bien, así las cosas, la pelota está en la cancha de la Secretaría de la Función Pública de Godezac, que es la encargada de hacer funcionar la función del control interno en todo el Gobierno estatal. En suma: Doña Paula tiene muchas nueces que juntar.
