Llegan a 12 años las huelgas de Sombrerete, Cananea y Taxco

Llegan a 12 años las huelgas de Sombrerete, Cananea y Taxco

El 30 de julio llegan a 12 años las tres huelgas en pie de lucha y más dignidad que nunca, de resistencia sin doblegarse a ningún poder ni a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña ni al segundo millonario del país Germán Larrea ni a las autoridades laborales sumisas y dependientes.

La solidaridad con los huelguistas del Sindicato, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, ha sido constante esos años y la solidaridad internacional, han llevado a que en cada huelga la mayoría siga en pie de lucha, sin dejar sus guardias ni la unidad obrera y de clase.

12 años y medio de exilio forzado pasó Napoleón Gómez Urrutia y su familia, por la persecución política del gobierno de Fox, a petición de Germán Larrea, a raíz de que se obligó con huelgas al oligarca a pagar el 5% de las acciones al Sindicato Minero en 2005 De que se denunció a él y a Fox de responsables de la tragedia de Pastas de Conchos del 19 de febrero de 2006, por incumplir las normas de seguridad y de Inspección del Trabajo, como consta en la Recomendación 26/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fox libró 19 órdenes de aprensión contra Gómez Urrutia y el 17 de febrero de 2006 retiró la toma de nota el líder minero, para entregarla al empleado de Grupo México, quien asaltó el edificio sindical con 300 golpeadores. El 20 de abril de 2006, Fox ordenó desalojar, sin orden judicial, a los mineros de Lázaro Cárdenas, asesinando a dos obreros e hiriendo a 51, según la Recomendación 37/2006 de la CNDH.

Los gobiernos panistas y el oligarca se toparon con la férrea unidad del gremio en torno a su líder, al rechazar el desalojo y expulsar a la Policía Federal Preventiva (PFP) y la policía de Michoacán, por los mineros y la población de Lázaro Cárdenas. Este acto fue el inicio de una escalada de agresiones que fracaso, gracias a la unidad del heroico gremio.

El 30 de julio de 2007 iniciaron las tres huelgas de Taxco, Cananea y Sombrerete por violaciones de las empresas a los contratos colectivos de trabajo (CCT): que desconocieron a los líderes nacionales y de las secciones; las empresas negaron la seguridad en las tres minas exponiendo a los obreros a otras tragedias, por la retención ilegal de las cuotas sindicales. Violaciones acreditadas en los procedimientos de huelga en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En los tres casos Larrea acudió a la inexistencia de las huelgas, que la JFCA le otorgó, pero las perdieron ante los amparos del Sindicato. Así Larrea acudió a otros recursos más ilegales contra las huelgas, como armar juicios paralelos a las huelgas: en Taxco pidió 2 veces la terminación de las relaciones de trabajo, por el agotamiento de la mina que fue falso: mientras en la JFCA presentaba pruebas del agotamiento, en la Bolsa de Valores informaba lo contrario.

En Sombrerete, Larrea demandó la titularidad del CCT y usó a la CROC perdiendo el recuento de 2012, al llevar a 78 empleados de confianza que la JFCA aceptó, pero la violencia de la CROC asustó a los empleados y no fueron a votar. Después usó un sindicato patronal de Monterrey, en otra demanda de titularidad del CCT, se valió de una demanda de 210 ex mineros contra la empresa para desconocer las indemnizaciones, que la JFCA aceptó, así volvían a ser mineros en activo y ganar el recuento, la JFCA aceptó los obreros “repuestos” y les otorgó el laudo. Larrea inmediatamente movió a la JFCA para abrir la mina con otro CCT, otro sindicato y acabar con la huelga en 2018, pero el amparo a favor del Sindicato Minero mantiene vigente la huelga.

En Sombrerete el oligarca no escatimó la violencia: tomó la mina en plena huelga el 30 de agosto de 2012, el mismo día en que interpuso la demanda de titularidad y hasta hoy la mina sigue tomada por la fuerza.

En Cananea, demandó la terminación de las relaciones de trabajo por “causas de fuerza mayor”, contó con una inspección de la Secretaría de Economía, que no realizó, no obstante se declaró que las condiciones de la mina eran deplorables y por “causas de fuerza mayor” se daban por terminadas las relaciones de trabajo de 1,200 mineros.

El 14 de abril de 2009 se llevó el juicio, con todo y Laudo (ya preparado) y se controló a las autoridades judiciales que negaron los amparos al Sindicato. Larrea logra poner a su abogado Fernando Gómez Mont como Secretario de Gobernación de 2008 a 2010. La JFCA declaró concluido el juicio y los despedidos. La huelga quedó sin materia.

Y la empresa reabrió una semana después, pero con otro sindicato, otro CCT y otros trabajadores, desde luego usó la violencia de la PFP para desalojar a los obreros. Al ver cerrada las puertas de la justicia en México, el Sindicato acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 5 de enero de 2012, a finales de 2016 la CIDH le pidió al Estado mexicano su informe y respondió el embajador de México en la OEA, en 2017, que se negara la admisibilidad al Sindicato Minero, “por no agotar los recursos jurisdiccionales en México” sin prueba alguna.

En la réplica, el Sindicato demostró a la CIDH que sí había agotado todos los recursos jurisdiccionales, pero con pruebas de su dicho: que la inspección de la Secretaría de Economía era inválida, que el juicio no se llevó con el debido proceso y que las autoridades laborales y judiciales carecieron de autonomía.

El 31 de agosto de 2015 se exhibió a la CIDH un estudio comparativo de los dos CCT: el del Minero de 2005 y el de la CTM de 2012, que muestran la mutilación de salarios y prestaciones, ya denunciados esos CCT en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el caso 2694. En 2005 el salario integrado era de un promedio de 450 pesos diarios, en 2012 con la CTM de 150 pesos. El objetivo del oligarca fue abaratar el costo en la fuerza de trabajo, a costa de todo.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de la OEA y la CIDH, se le pidió cumplir los tratados internacionales, que forman parte de la Constitución, para que la CIDH proceda a la admisibilidad del caso P-5-12, y llame a un diálogo amistoso en el marco de la CIDH.

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