■ Recurrente, difundir en el espacio digital material con contenido íntimo sin consentimiento
■ La sanción propuesta oscila entre los cuatro y ocho años de cárcel y una multa de mil a 2 mil unidades de medida y actualización
Con la lectura este jueves de una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para incluir el tipo penal denominado violación a la intimidad sexual, ya son dos las propuestas que existen en la Legislatura local para tipificar en el estado la como delito la práctica, cada vez más recurrente, de difundir en el espacio digital material gráfico, de video o audio con contenido íntimo sin el consentimiento de la víctima.
Este jueves en la sesión ordinaria se leyó una iniciativa de reforma enviada a la Legislatura local por la diputada federal zacatecana, Frida Esparza Márquez, en la que se propone añadir el artículo 233 quater en el capítulo de Acoso y Hostigamiento Sexual, que está dentro de los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas.
En este agregado se plantea la tipificación del delito de “violación a la intimidad sexual” y se refiere que lo comete “quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima”.
La sanción propuesta oscila entre los cuatro y ocho años de cárcel y una multa de mil a 2 mil unidades de medida y actualización. Según el planteamiento, la persecución del ilícito no sería de oficio, sino que se requeriría de una denuncia por parte de la víctima.
Se considera una agravante, por el que se podría incrementar la pena de prisión, el hecho de que el responsable del delito sea el cónyuge o haya estado unido a la víctima por alguna relación afectiva, así como cuando la persona afectada “no tenga la capacidad de comprender el significado de hecho o posibilidad para resistir la conducta delictuosa”.
En este texto que se propuso añadir en el Código Penal se establece también que la autoridad investigadora deberá ordenar el “retiro inmediato” de las publicaciones que motivaron la denuncia “al administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o red social que las contenga”.
El pasado 28 de mayo, la diputada local, Navidad Rayas, presentó otra iniciativa de reforma al Código Penal del estado para, en lugar de tipificar un nuevo delito, ampliar el concepto de acoso sexual a “quien, sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio”.
Este jueves también se propuso otra reforma al Código Penal con el objetivo de homologar a la norma nacional las sanciones que en el estado se dictan en los casos de feminicidio.
La diputada María Isabel Trujillo Meza planteó incrementar las penas de cárcel por este delito, que actualmente son de entre 20 y 50 años de prisión y una multa de 200 a 365 cuotas, para que queden como en el Código Penal federal, es decir, de entre40 y 60 años de cárcel y una multa de 500 a mil cuotas.
Además, en la sesión ordinaria de ayer los legisladores aprobaron enviar un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que “tenga a bien implementar todos los recursos económicos, tecnológicos y humanos necesarios, a efecto de asegurar el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, estableciendo mecanismos efectivos para garantizar la emisión de la credencial para votar desde el extranjero y su necesaria confirmación; integrando de igual forma y de manera debida y oportuna la lista nominal de electores residentes en el extranjero”.
La aprobación de este llamado fue calificada por los diputados locales como un “hecho histórico” y que pone nuevamente a Zacatecas a la vanguardia en la defensa de los derechos de los migrantes zacatecanos y mexicanos que residen fuera del país.
