Plan de Desarrollo de AMLO en realidad defiende la austeridad fiscal, el TLC e inversión extranjera: académico

Plan de Desarrollo de AMLO en realidad defiende la austeridad fiscal, el TLC e inversión extranjera: académico
Arturo Huerta González, investigador y ex coordinador del posgrado en Economía de la Facultad de Economía de la UNAM ■ foto: martín catalán

■ “Mientras siga el sector financiero trazando la política económica a su favor, no tenemos viabilidad alguna de crecimiento ni de recuperación de un proyecto de nación”

■ “Yo no sé de qué cuarta transformación está hablando el nuevo gobierno, porque lo económico no es viable”: Arturo Huerta González, investigador de la UNAM

■ Opina que aunque se erradicara la corrupción en México los problemas seguirían precisamente porque se preserva la misma política económica que los ha generado

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, aunque se dice que rompe con las políticas neoliberales, en realidad defiende la austeridad fiscal, el Banco Central, el Tratado de Libre Comercio y la inversión extranjera, afirmó Arturo Huerta González, investigador y ex coordinador del posgrado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Opinó que, si no se tiene el control de la moneda, no hay viabilidad para desarrollar proyectos de tecnología, industria, agricultura y empleo con una política de austeridad fiscal o de alta tasa de interés.

Es decir, el Estado debe tener control sobre la moneda para financiar proyectos prioritarios, además que ello no sería inflacionario porque sería encaminado a l incremento de la capacidad productiva, que a su vez permitiría una mayor demanda y un mayor gasto público.

Por el contrario, “mientras siga el sector financiero trazando la política económica a su favor, no tenemos viabilidad alguna de crecimiento ni de recuperación de un proyecto de nación. Yo no sé de qué cuarta transformación está hablando el nuevo gobierno, porque lo económico no es viable”.

Es decir, “se siguen con las mismas políticas económicas que nos han llevado a que el país no crezca y que el país no nos pertenezca. El Plan Nacional de Desarrollo atribuye al problema de corrupción la falta de crecimiento económico, pero esta es producto del neoliberalismo y de los preceptos de ‘más mercado, menos Estado’, la libre movilidad de mercancías y la reducción de la participación del Estado en la actividad económica”, expuso Huerta González.

Refirió que el problema de corrupción existe en todos los regímenes económicos, y aunque se erradicara la corrupción en México los problemas seguirían precisamente porque se preserva la misma política económica que los ha generado.

El mismo Plan Nacional de Desarrollo señala que un gobierno popular está a favor de los intereses populares, pero si ello fuera cierto no se habría aprobado la iniciativa de Hacienda sobre las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual le otorga amplias libertades a las empresas administradoras de los fondos para el retiro, las cuales son las beneficiarias y no los trabajadores.

“Entonces es falso que el gobierno está a favor de las grandes mayorías, porque se sigue favoreciendo al sector financiero, al grado que la política de austeridad fiscal solamente se implementa para mandar señales a los mercados financieros internacionales de que el gobierno está encaminado a incrementar su ahorro para el pago de la deuda”.

En consecuencia, el Gobierno Federal está disminuyendo inversión y gasto para que el superávit primario, el ahorro fiscal, sirva para pagar la deuda a costa de la restricción de la actividad económica.

Al respecto, Huerta González afirmó que “todo es para quedar bien con el capital financiero, con las calificadoras internacionales, y no cumplir los mandatos constitucionales de crecimiento, empleo y bienestar”.

Explicó que la causa del bajo crecimiento es la desaceleración de la actividad económica, pues el gobierno actual, este año, está gastando menos que lo que se gastó en el 2018, mientras que para el 2020 se plantea un superávit mayor de 1.5 del PIB, lo que implica un menor gasto.

“Ellos plantean que el sector privado sea el que comande la actividad económica, pero el sector privado no está invirtiendo porque el gobierno está gastando menos, además que el sector externo es adverso: estamos importando más de lo que exportamos, y a eso le sumamos las políticas arancelarias y la desaceleración del comercio internacional, no tenemos perspectiva de incrementar exportaciones”.

Se refirió a los principales proyectos que enarbola el Gobierno Federal y expuso que el Tren Maya solamente beneficiará a los empresarios y hoteleros instalados en la Riviera Maya que no tienen mayor impacto en la actividad económica, pues pagan bajos salarios y todos sus insumos son importados.

“Entonces esto no va a implicar un polo de crecimiento para la región, en absoluto, y luego se le sigue apostando al turismo, pero en un contexto de desaceleración de la economía mundial, menos turismo va a llegar al país”, dijo.

Respecto al proyecto de la frontera norte y del Istmo de Tehuantepec, Huerta González aseguró que es para promoverla entrada de empresas transnacionales y estas produzcan para la exportación, pero la perspectiva a nivel mundiales que el comercio internacional caiga.

Además, “esta estrategia ya la vivimos en las últimas décadas se le ha apostado al crecimiento de exportaciones y ¿dónde está el país? No hemos crecido más allá del 2.4 por ciento anual y en los últimos años estamos creciendo a 2.1 por ciento”.

Sobre la refinería Dos Bocas, dijo que hay estudios que evidencian que, en lugar de gastar 8 mil millones de dólares, sería más rentable si el gobierno comprara refinerías en Texas, que en este momento están en precio bajo, y ahorrar recurso que pueda der utilizado en otros rubros.
Incluso señaló que en México no hay desarrollo tecnológico ni industria en bienes de capital, por lo que se va a recurrir a importaciones para la construcción de la refinería misma.

Durante su visita a Zacatecas para participar en eventos académicos, el especialista presentó una conferencia titulada “Los desequilibrios regionales y la desigualdad social en México, en la que expuso que, ante el presupuesto restrictivo federal que afecta las regiones, estados y municipios, estos se han dado a la tarea de estimular la entrada de inversión extranjera y otorgar concesiones mineras y de playas a los hoteles internacionales.

Huerta González comentó que, en consecuencia el país es enclave de empresas transnacionales, de manera que, por ejemplo, las mineras en Zacatecas se llevan toda la riqueza natural y no se traduce en mejores niveles de vida de la población.

Desde su punto de vista, el gobierno podría, con gasto público deficitario, inmiscuirse en la minería, puesto que es un sector productivo rentable y eso generaría riqueza, ingresos y divisas para financiar ese déficit e impulsar el crecimiento económico.

Expuso que el atraso que enfrentan muchas regiones, como las crecientes desigualdades regionales, han sido resultado en gran medida de la falta de política económica y de estrategias de desarrollo por parte de los gobiernos para atender dichos problemas. Desgraciadamente, el sector hegemónico (que en las últimas décadas ha sido el sector financiero, como las empresas transnacionales) son las que determinan la política económica predominante.

Al dejar de actuar la política macroeconómica a favor del crecimiento económico, y al pasar a privilegiar al sector financiero a través de las altas tasas de interés, disciplina fiscal y estabilidad del tipo de cambio, indicó que las regiones, Estados y Municipios han pasado a verse rezagados e incapaces de hacer frente a los recortes presupuestales de que han sido objeto.

En consecuencia, estados y municipios son obligados a buscar políticas ‘ingeniosas y novedosas’ para promover proyectos e inversiones de empresas locales o foráneas para que se ubiquen en la región, para evitar acentuar el estancamiento y el atraso regional. El problema es que poco se puede alcanzar si no hay política macroeconómica que acompañe las iniciativas regionales que surjan.

Huerta González explicó que, ante los problemas de falta de recursos financieros que ocasiona la austeridad fiscal y los recortes de las partidas presupuestales a los estados y municipios, y sus bajos recursos internos, los gobiernos locales pasan a promover entrada de inversión extranjera, como proyectos de exportación, o proyectos turísticos, o de minería, o de fracking. Tratan a través de la mayor privatización y extranjerización de sus regiones, salir de los problemas que enfrentan, siendo que ello las convierte en enclaves del capital internacional, sin que ello se traduzca en mayor desarrollo y bienestar de sus pueblos y población.

Consideró entonces que se requiere de una banca de desarrollo regional que otorgue recursos y créditos baratos para potenciar su crecimiento. Las regiones menos desarrolladas deben contar con mayores recursos, acompañado ello de políticas de inversión de infraestructura y gasto público, en educación y formación de capital humano y de ciencia y tecnología, que configuren las bases y las condiciones para impulsar la inversión privada en tales regiones.

“Los proyectos a impulsar en las regiones, deben buscar un desarrollo incluyente, la generación de empleo bien remunerado y que no se atente sobre el derecho de los residentes, ni contra el medio ambiente. El crecimiento debe impulsar bases reales para un crecimiento sostenido. Las decisiones importantes deben recaer en la sociedad organizada y no en las empresas nacionales o transnacionales que inviertan en la zona que sólo ven el objetivo de lucro”, añadió.

Asimismo, puntualizó que los residentes deben oponerse a todo aquello que dañe el ecosistema y que atente sobre las hábitos y costumbre de sus pueblos y luchar por que se instrumenten políticas en beneficio de su región y no comprometer el patrimonio regional y nacional a inversiones extranjeras como ha venido aconteciendo hasta ahora, que atentan contra el patrimonio nacional y no impulsan el desarrollo regional, ni la generación de empleo bien remunerado, y si en cambio ocasionan graves daños ecológicos y acentúan las desigualdades regionales, de ingreso y de riqueza en nuestros países.

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