Trabajadores de Peñasquito se manifestaron en la Legislatura; solicitan apoyo de diputados

Trabajadores de Peñasquito se manifestaron en la Legislatura; solicitan apoyo de diputados
Decenas de empleados protestaron en la Legislatura ■ foto: andrés sánchez

■ La mina tiene un conflicto con la empresa transportista CAVA y ejidatarios de Cedros

 

Este martes decenas de trabajadores, proveedores y contratistas de la mina Peñasquito, propiedad de Goldcorp, que opera en el municipio de Mazapil, llegaron a la Legislatura del estado para reunirse con los diputados.

El objetivo fue solicitarles su intervención para resolver el conflicto que mantiene la compañía con la empresa transportista CAVA y ejidatarios de Cedros y Mazapil y por el que la empresa canadiense anunció que suspenderá todos sus pagos y contribuciones a fondos, fideicomisos y programas de diversa índole.

En la mesa que entablaron con los diputados intervinieron varios trabajadores y proveedores quienes coincidieron en la necesidad de encontrar una solución al problema para evitar que miles de familias se vean afectadas al dejar de recibir los ingresos con los que ahora se sustentan.

Uno de los proveedores presentes expuso que, en caso de que la mina cierre sus operaciones, “prácticamente pondrían en quiebra mi empresa porque una gran parte de nuestros proyectos ya están encaminados, ya hay órdenes de compra, productos fabricados (…) y detendrían nuestro flujo de efectivo”.

Otra proveedora de Peñasquito refirió que las actividades de la compañía a la que representa dependen en más del 50 por ciento de esta minera, por lo que dijo que manifiestan su “solidaridad” hacia ella y sus demandas de solución.

Un trabajador más que habló frente a los diputados, asumiendo el discurso manejado por la propia empresa canadiense, calificó el bloqueo que se mantiene desde hace más de un mes en los accesos a la unidad minera como una extorsión e invitó a quienes participan en él a que se retiren porque “no creo conveniente negociar bajo esas condiciones”.

Los legisladores hablaron después de las posturas vertidas por los trabajadores, proveedores y contratistas de Peñasquito y uno de ellos, José María González Nava, apuntó que “no podemos arriesgar tanto empleo, tanta inversión” e hizo un llamado a las partes del conflicto a “agotar el diálogo”.

Por su parte, Héctor Menchaca refirió que “la minería ha dado realce al estado y sin esas empresas no sé qué sería del millón y medio de habitantes que tiene el estado” y dirigió su llamado a los tres Poderes del estado para poder entablar una mesa de trabajo y buscar soluciones a este problema.

Mónica Borrego resaltó también la importancia de la actividad minera en la entidad, pero matizó su postura recordando que también estas empresas de la industria extractiva obtienen mucha riqueza con los minerales que extraen del subsuelo de la entidad.

“La mina también se lleva mucho oro, también está haciéndose rica con nuestros metales. Entonces, vamos nivelando y sentándonos porque todos tenemos que ganar, todos tenemos que sacar el mejor provecho de la tierra zacatecana”, concluyó.

El compromiso que asumieron los legisladores, expuesto entre otros por el diputado Raúl Ulloa, fue el de leer públicamente el manifiesto que les entregaron los manifestantes durante los asuntos generales de la primera sesión realizada este martes.

Fue el diputado Omar Carrera Pérez quien dio lectura a este documento que se entregó en la Legislatura en representación, de acuerdo con los datos del posicionamiento de los manifestantes, de mil 952 zacatecanos que trabajan directamente con Peñasquito, 2 mil 968 trabajadores indirectos y 3 mil 500 contratistas.

“Esta gente – leyó el legislador – está harta de que su fuente de empleo sea tomada como rehén de intereses particulares y como botín de pseudo líderes que durante años se han beneficiado económicamente y que sistemáticamente año con año hacen uso de la extorsión y el chantaje para obtener contratos leoninos en favor de solo unos cuantos, abanderando siempre la lucha social por los ejidatarios a quienes solo les reparten migajas”.

El documento concluye haciendo un llamado al Gobierno del Estado “para que deje de ser sólo un observador pasivo y ponga en funcionamiento todos los mecanismos a su alcance para salvaguardar el derecho al trabajo”.

Además, se califica como urgente que el Poder Ejecutivo de Zacatecas “tome cartas en el asunto y coadyuve para que la solución al conflicto sea real, pronta y expedita, y que se eviten a toda costa afectaciones que dejarán, de no solucionarse, daños incalculables”.

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