Debido a los problemas económicos que enfrenta por las multas que debe y la reducción en sus prerrogativas generada por su baja votación, la dirigencia nacional del PRD acordó liquidar a todos sus trabajadores sindicalizados, para lo cual destinará 35 millones de pesos.
Humberto Zazueta, secretario de Operación Política perredista, informó lo anterior, al explicar que en agosto pasado se puso en marcha un programa de retiro voluntario, pero sólo 60 empleados lo aceptaron. El resto –poco más de 130– lo rechazaron.
Ante la disminución del financiamiento público que tendrá esta fuerza política a partir de enero y que le impedirán cumplir con el pago de la nómina, explicó que la dirigencia acordó liquidar a todos los sindicalizados en este momento en que aún tiene capacidad económica y depositar los recursos en la Junta de Conciliación y Arbitraje.
La medida se acordó por unanimidad el jueves en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, tras consultar a autoridades del Trabajo.
Zazueta puntualizó que esta medida es dolorosa, sobre todo porque los trabajadores tienen bien puesta la camiseta del partido y muchos ingresaron desde su creación. Sin embargo, “no tenemos alternativa… O hacemos eso ahorita o al rato vamos a tener una situación en la que no se les pueda pagar”.
En entrevista, expuso que la liquidación se hará conforme a la ley y respetando los derechos de los empleados.
Resaltó que se hará una evaluación de las necesidades del partido y se procederá a la recontratación, pero con nuevas condiciones laborales y tomando en cuenta la situación de austeridad que prevalecerá en el PRD.
Expuso que se liquidará de igual manera al personal de confianza y estimó que tal medida se aplicará a partir de la próxima semana.
Por la noche, el sol azteca emitió un comunicado en el que contradijo los dichos de Zazueta, ya que expuso que se iniciará una revisión de capacidad presupuestal en todas las áreas y secretarías y, de ser el caso, apegados a la ley, cubriremos las liquidaciones adecuadas de los trabajadores
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Esto se ha determinado como medida de austeridad de acuerdo con la realidad y el futuro financiero del PRD y sin el afán de lacerar derechos laborales ni en un futuro retrasar pagos de la nómina, subrayó.
Recientemente el representante perredista ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Camerino Márquez, informó que desde agosto pasado, el órgano electoral le retuvo al partido 50 por ciento de sus prerrogativas para pagar las multas que le impusieron por 126.9 millones de pesos.
Con esa medida, el financiamiento público mensual pasó de 41.3 millones a 20.5 millones de pesos. Entre las sanciones se encuentra una que data de la elección presidencial de 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador fue el candidato a Los Pinos. Esta es la más grande, pues asciende a 83 millones de pesos por rebasar topes de gastos de campaña.
El representante explicó que a partir de enero de 2019 habrá también un decremento en las prerrogativas de esta fuerza política debido a la caída en su votación. En 2015, el PRD obtuvo 11 por ciento de los sufragios, pero en julio pasado bajó a 5 por ciento.
Si a ello se suma la posible reducción del financiamiento público de los partidos en 50 por ciento, propuesta por el partido Morena, las prerrogativas del perredismo podrían quedar a partir de 2019 a 25 por ciento de lo que recibía a principios de 2018, esto es, entre 10 millones y 15 millones de pesos, en el mejor de los casos. Ello sin contar con los pagos que debe abonar para las multas.
