“No es una hipótesis temeraria, sino mi propia interpretación”: García Zamora
Afirma que es el penúltimo recurso en el cual está pensando el partido y la cúpula del poder en el país si no logran inflar a su candidato, que no pasa del tercer lugar
“No es una hipótesis temeraria” el que el partido oficial, el gobierno mexicano y la oligarquía del país con la ayuda del gobierno estadounidense, acudan al recurso de aplicar al candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, la estrategia que ha llevado a prisión a Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, esto es, “la guerra legal”, “golpismo judicial” o Lawfare; magnificar, y se ha dicho por analistas, crear “una condena de excepción” en su contra, (http://www.jornada.com.mx/2018/04/12/opinion/022a1eco) para deshacerse de su adversario político.
A 80 días de que se celebre en el país la jornada electoral “si no hay un cambio radical en el funcionamiento del INE que deje fuera a los dos delincuentes electorales”, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco, “el mensaje es que pueden hacer lo que quieran y que estarán dispuestos tanto el PRI como el gobierno a inhabilitar a cualquier candidato que atente contra sus intereses”, dijo Rodolfo García Zamora.
La interpretación del docente investigador en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es que el PRI-Gobierno y las oligarquías estarían pensando en primera instancia en el fraude electoral, en segundo término acudir a la estrategia de la Lawfare, “utilizar de manera totalmente degradada al aparato de justicia”, e incluso, llegar al magnicidio, “inventar un accidente”.
Todo, para impedir que un candidato que puede tener el respaldo de la mayoría de los ciudadanos mexicanos llegue a la Presidencia, “y de alguna manera signifique afectar los intereses de quienes se han beneficiado por los últimos 40 años con la destrucción del mercado interno, la pérdida de la soberanía del país y la entrega de todos los recursos naturales e institucionales –de la nación- a las grandes corporaciones transnacionales”.
Además de integrar a la boleta electoral a quienes presentaron documentos falsos para acreditar el apoyo ciudadano ante el INE, otro antecedente de lo que está dispuesto a hacer el PRI-Gobierno y sus aliados, fue la destitución en octubre de 2017, de Santiago Nieto, quien encabezaba la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El ex funcionario ha denunciado ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó sobornarlo, y luego del acto fallido recibió amenazas entre otros medios para afectarlo incluso en su vida privada. En reciente visita a Zacatecas reiteró que su destitución fue ilegal.
Su separación del cargo fue motivada “simplemente, porque dijo que iba a investigar la participación de Odebrecht con más de 5 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto”, expuso García Zamora.
Al momento en que hizo este anuncio, dijo, tanto el aparato judicial como el sistema político mexicano, incluidos “los partidos proclives al gobierno, cerraron filas para defenestrarlo”.
Ya encabezada por otro funcionario, Héctor Díaz Santana, esta instancia será la encargada de investigar los elementos que le ponga a disposición el Instituto Nacional Electoral (INE), para determinar si Rodríguez Calderón se queda o no en la boleta electoral de forma definitiva.
Todos son elementos a tomar en cuenta “porque forman parte de los instrumentos de ilegalidad con que está desde ahora preparándose el partido oficial y el gobierno de México para tratar de imponer de manera antidemocrática y que degrade aún más a las instituciones”, a José Antonio Meade Kuribreña.
Lawfare, la guerra legal
El Lawfare es “un método guerra no convencional” utilizado por las fuerzas armadas estadounidenses que utiliza a la ley para conseguir objetivos militares; fue referido por primera vez en el libro sobre estrategia militar Unrestricted Warfare el año 99, pero en el 2001 comenzó a ser utilizado en ámbitos distintos, según exponen en un artículo, Lawfare. La judicialización de la política en América Latina, Camila Vollenweirder y Silvina Romano (http://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf)
Se traduce en el “uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político” y se combina con estrategias mediáticas, a fin de que la persona “pierda apoyo popular” y no “disponga de capacidad de reacción”.
Las autoras mencionan que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID), “es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina”.
Con el pretexto de la incidir en lucha anticorrupción desde los años 80 se incluyó desde los organismos financieros internacionales una reforma jurídica en estos países, presuntamente para acabar con la “ineficiencia del Estado”, misma que utiliza estrategias del sector privado, “la eficiencia y la transparencia (…) apostando a la formación de técnicos (apolíticos)”.
Al respecto Rodolfo García Zamora recordó que desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) se han estado canalizando los últimos 30 años “apoyos” para elevar la democracia, la transparencia y la buena gobernabilidad de los países latinoamericanos.
“Sin embargo no se ha tratado más que de esquemas cosméticos, porque lo paradójico es que frente a estos recursos que se han dedicado para que funcionen bien las administraciones públicas en América Latina, lo que sí ha sucedido es que se ha incrementado la corrupción y la impunidad”.
Un Poder Judicial ya “envilecido”
El Poder Judicial recibe en México un trato de excepción porque forma parte de la estructura de dominio. Su actuación no se pone en controversia pero tiene un vicio de origen, sus integrantes no “llegaron por la trayectoria o capacidad profesional, sino como pago a sus servicios políticos”, expuso.
Por eso este poder de la Unión, “está degradado y envilecido como lo está el Gobierno Federal en su conjunto y el equipo de gobierno en el caso de Zacatecas”.
En este sentido, Rodolfo García Zamora dijo en referencia a las demandas administrativas interpuestas contra 50 jueces y magistrados de Zacatecas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y EQUIS Justicia para las Mujeres, que acompañan más de una decena de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de que lograr la publicación de todas las sentencias en su versión pública a fin de que se constituyan en un medio de rendición de cuentas y transparencia de lo que hace este poder, que “es un planteamiento muy lógico, coherente y democrático”.
“Si se exige transparencia en el uso de los recursos públicos al Legislativo y al Ejecutivo, la misma trasparencia tiene que haber en términos de la sentencia que afecta la vida común, la vida de las personas y la vida de los diferentes sectores”.
Dijo que la evidencia del envilecimiento del Poder Judicial en México lo exhiben en otras cosas, el que haya más de 15 ex gobernadores la mayoría priístas y dos panistas, que se robaron más de 150 mil millones de pesos y gozan de total impunidad “porque fueron los financiadores de la campaña de Enrique Peña Nieto”.
Esto resulta patético, expuso, cuando hace no muchos años un ama de casa en San Luis Potosí pagó los útiles escolares con un billete de 500 pesos falso y fue enviada a las Islas Marías.
“Más envilecimiento del Poder judicial no puede ser, como cuando los campesinos luchan en Oaxaca, Guerrero o Chiapas por la defensa de sus tierras y son encarcelados como si fueran un peligro para el país y los verdaderos delincuentes que están robando miles de millones de pesos que son los ex gobernadores y los funcionarios actuales cuentan con la protección y la impunidad”.
Mencionó entonces que no podrá haber democracia en el país, mientras persista la corrupción, la impunidad en todo el Gobierno mexicano y la impunidad, en particular en el Poder Judicial”.
Y agregó sobre otro indicador que muestra el estado en que se encuentran las instituciones que constituyen el sistema de procuración e impartición de justicia en México, que ya suman siete meses sin que exista un procurador general de Justicia, cuando han ocurrido en los últimos 11 años, más de 240 mil asesinatos y desaparecido 40 mil personas.
“Una mayor muestra de desprecio a la legalidad y a la institucionalidad tan evidente como esa esta…ahí ni el Congreso ni el Senado han hecho nada porque finalmente son cómplices y beneficiarios de esta situación”.
Desde “los sótanos
oscuros” de la burocracia
Recordó otra vez de la forma en que llegan al Poder Judicial ciertos personajes, el caso de Eduardo Medina Mora, “un funcionario que venía de los ambientes de espionaje del Gobierno federal que de una manera forzada lo mandaron al servicio exterior sin tener experiencia ni preparación y luego en fastrack, van y lo meten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Estos funcionarios que proceden de “los sótanos oscuros de la burocracia mexicana” y que son puestos por ejemplo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “lleno de priístas y que fueron las cuatro firmas que habilitaron la inscripción de El Bronco en la boleta electoral”, de la misma manera podrán “interpretar la normatividad y en la recta final de la campaña inhabilitar la participación de cualquier candidato que consideren incómodo para el sistema”.
Utilizarán para ello “cualquier argumento legal, supuestamente de alta complejidad técnica y que solo ellos entienden, y por tanto, que la mayoría de los 125 millones de mexicanos no debemos conocer”.
Supuestamente altamente técnicos y competentes, son en la práctica, dijo, sujetos “totalmente subordinados al poder, la corrupción y la impunidad”.
Como dicen analistas de los casos de Brasil y Argentina, lo que ha sucedido en esos países puede ser un precedente, el primero por el impeachment o desafuero de Dilma Roussef y ahora la vinculación a proceso de Lula Da Silva, y en el segundo de la persecución judicial que ha sido objeto Cristina Fernández de Kichnner, de la ruta que podrían seguir las oligarquías mexicanas auxiliadas por “los sistemas de espionaje y poder de los Estados Unidos”, expuso García Zamora.
“Entonces creo que efectivamente no es una hipótesis temeraria, sino mi propia interpretación, es que es el penúltimo recurso en el cual está pensando el partido y la cúpula del poder en nuestro país si no logran inflar o resucitar a este candidato que por más que hacen no pasa del tercer lugar”.
