Fuera de toda posibilidad de continuar su carrera política en el Congreso de la Unión -ni por vía plurinominal, mucho menos de mayoría relativa- el ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes concluirá su mandato al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie, en próximos días, por los posibles daños ambientales que provocaría el desarrollo turístico “Malecón Tajamar”, en el Caribe mexicano.
El proyecto promovido por FONATUR en enero de 2016, que vendió distintos predios por alrededor de 2 mil millones de pesos a inversionistas nacionales y extranjeros, fue avalado en un primer momento por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante un estudio de impacto ambiental que, debido a distintas irregularidades, fue detenido por un grupo de ambientalistas en espera de que las autoridades resuelvan los amparos por posibles afectaciones el ecosistema que pretendía destruirse.
Con una inversión inicial de 520 millones de pesos, el Gobierno Federal vía FONATUR esperaba que de la venta de predios en el Malecón Tajamar, pudieran obtener una derrama económica que ascendía a 12 mil millones de pesos. No obstante, hoy las demandas de los inversionistas ascienden a 3 mil millones de pesos para solventar el pago del dinero perdido en un proyecto que, de acuerdo a la postura de los ambientalistas, se encuentra en vías de detenerse de manera permanente para no afectar el manglar quintanarroense.
Esta no sería la primera vez que FONATUR se vea obligado a devolver recursos a los inversionistas, debido a que los proyectos de fomento al turismo han resultado inviables. En agosto del 2011, un juzgado civil radicado en la Ciudad de México ordenó al Fondo Nacional de Turismo pagar a una empresa desarrolladora italiana por los terrenos del predio conocido como “La Herradura” en la zona hotelera del municipio de Cancún, debido a que los funcionarios de la dependencia federal vendieron a razón de uso de suelo comercial, y no para la edificación de condominios turísticos.
En septiembre de 2017, FONATUR también habría extralimitado sus funciones al haber otorgado autorización a un hotel de cuatro estrellas -el cual valúa su precio de alojamiento mínimo en 8 mil pesos diarios-, para que dentro de su proyecto de remodelación se le permitiera destruir un tramo de la ciclopista pública también en la zona hotelera del Ayuntamiento de Cancún, violando con ello los lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano de Cancún y otorgando indebidamente 500 metros cúbicos de área de uso público a una empresa particular.
Pero no sólo la materia turística deberá de mantener ocupado al ex gobernador zacatecano, ahora lejos de sus aspiraciones como legislador en la Cámara Alta, o diputado federal plurinominal en San Lázaro. El 2016 fue el primer año en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó bolsas de participaciones federales con recursos sin etiquetar, y que han sido utilizados por los gobiernos de los estados para pagar sueldos por encima de los tabuladores oficiales, remunerar plazas no autorizadas, simular obras y servicios que nunca se entregaron, realizar adquisiciones y compras sin facturas, y otorgar gratificaciones y bonos al margen de la ley.
En el quinto lugar de los 10 estados más opacos identificados por la ASF, Zacatecas no aclaró el destino de casi mil millones de pesos, de los 7 mil millones que la federación le transfirió por concepto de participaciones durante 2016. De esos mil millones la Auditoría encontró que en el gobierno de Miguel Alonso, 47 millones fueron a dar a obras contratadas sin documentación comprobatoria. Otros 5.8 millones se destinaron al pago de una obra o servicio por parte de una autoridad estatal, sin que los trabajos se hayan entregado. Y un total de 838.4 millones de pesos de participaciones no cuentan con documentación comprobatoria que respalde su uso legítimo.
En condiciones muy similares, pero sin la posibilidad de ser auditadas, seguramente se encuentran las participaciones federales sin recursos etiquetados del 2011 al 2015 de la administración alonsista. Con aumentos progresivos, y sin un esquema de fiscalización de las partidas financieras, la discrecionalidad del presupuesto fue la marca de agua de los gobiernos priistas afines al presidente Enrique Peña Nieto.
El diagnóstico es claro para el contador Alejandro Tello Cristerna. Hace un par de días el gobernador zacatecano confirmó a los medios de comunicación un panorama complicado para su partido en las próximas elecciones. Volcado en, si no por ahora reconstruir enteramente la confianza ciudadana, al menos no abrir una brecha mayor de descontento y hartazgo popular bajo las siglas de un partido caracterizado por tolerar la impunidad, Tello no niega la situación que vive el Revolucionario Institucional.
Muestra de ello fue la posición firme del Comité Directivo Estatal para impedir el paso de Miguel Alonso Reyes en la segunda fórmula al Senado de la República. ■
Twitter: @GabrielConV
