¿Habrá Reforma? El Formato Parlamentario para la UAZ

Desde que concluyó la administración de Silva Chairez los universitarios esperábamos lo prometido: un proceso de revisión y transformación profunda de la institución. Esperábamos que saliera el señor Armando de la Rectoría porque en ese contexto era imposible pensar en renovación alguna. Hemos rebasado ya un año de la presente administración y aun no se ha iniciado siquiera alguna actividad deliberativa para ir fijando temas, metodologías o hasta propuestas de cambio. En pleno periodo vacacional el actual rector declaró que impulsaría la reforma universitaria. Ojalá y no se repita lo que ocurrió con el anuncio que se realizó en los márgenes del primer informe, en el sentido de que se crearía un sistema universitario anticorrupción, y que nada ha ocurrido al respecto. Ya no digamos del sistema anticorrupción, ni siquiera una humilde comisión de transparencia. Los anuncios incumplidos deslavan la credibilidad. Incumplir los compromisos es veneno puro para cualquier servidor público: ojalá y en este caso se haga efectiva la promesa expresada en los medios de comunicación.
He podido escuchar y leer a numerosos actores universitarios que opinan sobre aquello que habría que cambiar y cómo. Como son expresiones en medios y redes sociales, son opiniones inconexas. Sin embargo, es claro que todos creen que debe partirse de definir una nueva estructura académica y renovar completamente las funciones administrativas. Y últimamente se ha comentado sobre las formas de gobierno y la manera de elegir las autoridades. Es sobre esto último que haré una reflexión.
Son dos asuntos: forma de gobierno y de integración de ese gobierno. En el diagnóstico que hacíamos hace un par de años afirmamos que el problema financiero era efecto de uno anterior: la crisis institucional. Es decir, que el mal diseño institucional se convertía en factor detonador de la crisis financiera, porque la manera de tomar decisiones era arbitraria y no se garantizaban los sustentos suficientes para garantizar decisiones de calidad que ofrecieran salidas a la insuficiencia crónica de recursos. Por ejemplo, no hay estructura de planeación democrática y reglamentación presupuestal ligada a dicha estructura. Todo el ciclo presupuestal está suelto. Los órganos colegiados no tienen dispositivos de obligación de sesiones y agendas, de tal manera que se citan cuando la administración quiere y la forma de tomar las decisiones está totalmente controlada, sin libertad genuina en la gestión de los temas. La descoordinación entre el área de la secretaria administrativa y académica genera un caos enorme. Y la ausencia de políticas de investigación o vinculación pone en desventaja a estas funciones sustantivas frente a la docencia. Todo está suelto y depende de la voluntad de las cabezas de la administración central. La arquitectura institucional que garantice decisiones fundadas en diagnósticos objetivos, la deliberación y democráticas no existe. Por ello, creo que debemos repensar todo el esquema de los dispositivos institucionales en la toma de decisiones que asegure esos rasgos: decisiones basadas en evidencia, legítimas y en procesos deliberativos.
La forma de elegir autoridades ha resultado muy cuestionada por todos. Sólo me preocupan algunas voces que retroceden en las opciones democráticas y regresan a formatos muy autoritarios como las llamadas juntas de gobierno. Lo cual significa eliminar a la comunidad universitaria como elector, para pasar a un pequeño comité que elije las autoridades. Es cierto que el actual sistema permite la actuación de clientelas y una sobre-ponderación de las preparatorias. Sin embargo, la solución es quitar el agua sucia y no aventar al niño con todo. Me parece que sería virtuoso que pensemos en formatos parlamentarios para el gobierno universitario. Pensemos en una integración menos burocrática del Consejo Universitario, porque ahora mismo es una junta de directores. Lo cual pervierte su función de contrapeso respecto a la rectoría. Un consejo universitario que represente a la comunidad universitaria y ahí, se formen las coaliciones necesarias, sobre bases programáticas para construir una rectoría de coalición y de gabinete. Esto es, el Consejo electo por votación directa, aunque siga siendo ponderada, construye los acuerdos suficientes para armar un gabinete, en el cual se designa un rector. Sin embargo, las decisiones más importantes caerían bajo la responsabilidad del gabinete. Esto es, el gabinete como tal se conforma en órgano de gobierno colegiado y el rector en ejecutor unipersonal. Además, también hay que repensar los requisitos para contender a los consejos: contar con un diagnóstico construido con metodologías rigurosas señaladas puntualmente en el reglamento de elección; requisitos para ser postulado a las funciones de gobierno; y los mecanismos de interacción entre consejos y autoridades ejecutivas en los procesos de decisión.
Si logramos que las autoridades sean legítimas, las decisiones se tomen en basa a evidencia y deliberación y todas las funciones estén coordinadas, habremos superado la crisis institucional; y con ello, pondremos las bases para atender todos los problemas que tengamos: académicos, administrativos y/o financieros. Para ello nos puede servir fijarnos en formatos parlamentarios y de gobierno de gabinete para idear las nuevas formas de la conducción institucional de la UAZ.