Absueltos, 13 ex policías de Sombrerete; se comprobó que fueron torturados

Absueltos, 13 ex policías de Sombrerete;  se comprobó que fueron torturados
Los agentes fueron acusados de homicidio, delincuencia organizada y asociación delictuosa ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Fueron detenidos en 2014 acusados de secuestrar a trabajadores mineros en Chalchihuites

■ Se acreditó que en el momento de los hechos se encontraban aplicando exámenes de confianza en la capital

Acusados de homicidio, delincuencia organizada y asociación delictuosa, 13 ex policías adscritos al municipio de Sombrerete fueron absueltos luego de evidenciarse que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo confesiones a través de actos  tortura y se acreditó que en el momento de los hechos se encontraban aplicando exámenes de confianza en la capital. Sin embargo, permanecen aprehendidos por una averiguación del fuero federal.

A pesar de que la investigación judicial derivó en la absolución y que la tortura fue acreditada por el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) aun no emite las recomendaciones correspondientes a la queja presentada por familiares.

Los ex policías fueron detenidos entre julio y agosto de 2014, acusados de secuestrar a varios trabajadores mineros en el municipio de Chalchihuites y del homicidio de un comandante de la Policía Ministerial en Sombrerete, ambos casos ocurridos en 2013.

José Guadalupe Lozano, representante legal de algunos de los ex policías, aseguró que las detenciones fueron arbitrarias y durante el proceso fueron violentados sus derechos humanos.

“Fueron torturados y todo fue acreditado en los expedientes que se llevaron en el Juzgado de Sombrerete. El tribunal designó peritos especialistas en la materia y ellos llegaron a la conclusión que hubo actos de tortura que repercutieron en su estado mental y físico, pero también en su situación legal, porque las declaraciones que supuestamente habían vertido, fueron como producto de ello y finalmente fueron consideradas nulas”, expuso.

Asimismo, los expedientes administrativos elaborados por el médico y psicólogo al interior del penal, indicaron que a su llegada estaban severamente lastimados, con estrés postraumático, y recomendaron aplicar el Protocolo de Estambul.

La investigación de los peritos médicos reveló que Francisco Javier “N”, Luís Alfredo “N”, Raymundo “N”, Félix “N”, Elio “N”, José Arturo “N”, Octavio “N”, Gerardo “N”, Osiel “N”, Luís Enrique “N”, Martín “N” y Benito “N” fueron objeto de varios actos de tortura en los que se usaron aparatos eléctricos denominados “chicharras”, golpes contundentes que provocaron fracturas e incluso violación con varios artefactos.

Según Lozano, todas las declaraciones de sus representados fueron obtenidas mediante tortura, pues fueron obligados a firmar documentos en blanco que después se presentaron como supuestas confesiones, lo cual fue corroborado por los peritos, motivo por el cual el proceso derivó en una sentencia absolutoria.

Otro aspecto que permitió la absolución fue que el día en que ocurrió el secuestro de mineros en Chalchihuites, los policías imputados estaban en la capital del estado aplicando un examen de control de confianza y por lo tanto resultó imposible que estuvieran en ambos eventos.

La sentencia absolutoria de los ex policías data de marzo y abril de 2017, pero inició otra averiguación del fuero federal con el argumento de que los delitos imputados refieren a delincuencia organizada, pero se espera que el Tribunal Superior de Justicia confirme la sentencia absolutoria que a su vez se entregará al Juzgado Federal.

El abogado puntualizó que, en el caso de los mineros secuestrados, sus familiares sugirieron líneas de investigación que la Procuraduría nunca atendió, a pesar que señalaron como responsables a personas determinadas.

Por su parte, Liborio Carrillo Castro, representante legal de uno de los ex policías, informó que a partir de los hechos de tortura de que fue objeto su cliente, se presentó una queja ante la CDHEZ cuyo número es 506/2014.

“El expediente está debidamente integrado y concluido desde 2016, cuando se aportaron dictámenes periciales médicos y psicológicos que demuestran que existió la tortura. A la fecha la CDHEZ está revictimizando a todas las víctimas ante el hecho de que no resuelven la queja”, dijo.

Señaló que todos los dictámenes de tortura están debidamente sustentados con la investigación que ordenó el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Segundo del fuero común en Sombrerete y los propios peritos del Poder Judicial del estado.

El único vínculo de los ex policías con los hechos que se les imputó, dijo, es la declaración que se les hizo firmar en contra de su voluntad, después de ser sometidos a varios actos de tortura.

Cuestionó que el proceso penal ya haya concluido y se haya emitido una sentencia de absolución y que la queja ante la CDHEZ todavía no se resuelve y por lo tanto aún no existen recomendaciones de ese organismo.

Carrillo Castro informó que en junio pasado entregó una copia de la sentencia absolutoria en la CDHEZ, puesto que no es posible que la atención de la queja lleve tanto tiempo, incluso más que el proceso penal.

En consecuencia, “los familiares de mi defendido y yo hemos tenido que acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar asesoría y ellos nos recomendaron que esperemos a que se resuelva porque no hay justificación para que no se resuelva”.

Desde su punto de vista, la resolución de la CDHEZ debe ordenar a la Procuraduría que ejerza la acción penal correspondiente contra los servidores públicos (policías ministeriales y miembros del Ministerio Público) que participaron en actos de tortura contra varios ex policías.

También manifestó que debe indemnizarse a las víctimas de tortura y ella debe considerar varias circunstancias, porque muchos de ellos ya fueron abandonados por sus familiares y no cuentan con recursos para costear su defensa legal.

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