Alejada de la estridencia de las redes sociales, Adriana Rivero Garza, secretaria de la Mujer en Zacatecas, ha tendido una red de políticas públicas para intervenir oportuna y adecuadamente en las comunidades tepehuanas de la entidad. La visibilización de la violencia en contra de las mujeres de las comunidades indígenas no se antoja sencillo, sino que obedece a su propio grado de complejidad social.
El día de ayer, entrevistada por La Jornada Zacatecas, la secretaria dio muestra de un trabajo institucional cuidado y de responsabilidades bien delimitadas. Desde un enfoque metodológico pulcro, digno de un proceso de investigación para generar conocimiento para la construcción de políticas públicas, la Secretaría de la Mujer en Zacatecas ha atinado a la resolución de problemas sociales contemporáneos fomentando el vínculo entre sociedad civil y gobierno.
Una vez atenuado el linchamiento social contra la diputada Iris Aguirre, quien en su momento pudo haber cuidado un poco más las formas para comunicar probables delitos sexuales entre la población tepehuana, las instituciones dieron parte de lo expuesto y han confirmado que a la fecha existen dos denuncias por violación a mujeres indígenas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Es ahí donde el diseño de las políticas de prevención, restauración, atención a víctimas y procuración de justicia encuentran su nivel de peculiaridad, y la SEMUJER lo ha entendido claramente. En primer lugar, no se pueden descartar hechos constitutivos de delito por agresiones sexuales mientras existan dos procesos de investigación, sin embargo, las investigaciones no obedecen a mecanismos convencionales.
¿Qué implica esto? Que tanto la Procuraduría como la Secretaría de la Mujer deben observar en todo momento los códigos culturales y normativos de los pueblos indígenas. Esto es, las instituciones tienen un grado susceptible de intervención, siempre y cuando no invadan la esfera de usos y costumbres que dan identidad a cada pueblo indígena en Zacatecas y en México. De lo contrario atentarían contra su autonomía y autodeterminación.
¿Por qué es tan llamativo el tema? Porque vivimos en un país de importantes contrastes culturales que sólo tienen sentido si coexisten en un ambiente de pluralidad. Lo que para un pueblo indígena puede resultar una práctica común entre sus habitantes, para otros pueblos y para los habitantes no indígenas podría parecer un hecho condenatorio, reprobable o transgresor de derechos humanos.
Ese es el nivel de complejidad del fenómeno social que las redes sociales tan sólo ocultaron con las acostumbradas diatribas y soflamas. Frente al reto, la Secretaría de la Mujer buscó entonces la asesoría de la Red Nacional de Comunidades Indígenas, así como del Observatorio de Participación Social y Violencia de Género en Aguascalientes, con la finalidad de construir criterios orientadores que permitan conocer hasta dónde la intervención de las instituciones del estado es permisible en los nichos autóctonos y qué tipo de políticas podrían surgir en ese margen de integración.
No es un camino sencillo. Tampoco es la primera vez que se recorre. En comunidades indígenas de Jalisco y San Luis existen antecedentes de estos ejercicios vindicativos, de acuerdo a la versión de la secretaria Adriana Rivero. Por el momento, se puede hablar ya de un proceso de corresponsabilidad entre las instituciones de gobierno y las autoridades indígenas para definir hasta dónde los derechos humanos son puestos a prueba en este entramado, y hasta dónde el contacto con la comunidad tepehuana respeta el principio de libre autodeterminación.
Una vez satisfechas estas directrices, las autoridades administrativas irán a un pre-diagnóstico con elementos conceptuales y valorativos que permitan conocer en qué grado los derechos humanos de las mujeres indígenas han sido violentados, de qué manera se sancionan estas conductas, y más importante aún, de qué forma y hasta dónde el estado puede incidir en la prevención de las tentativas de los delitos sexuales en pueblos con usos y costumbres diversos.
Nos encontramos ante un trabajo de artesanía institucional, y como tal, tanto la Secretaría de la Mujer como la Procuraduría General de Justicia en Zacatecas, deberán obedecer a criterios particulares para intervenir en los delitos a nivel micro orgánico. Es un ejemplo de cómo construir políticas públicas obedeciendo al vínculo entre sociedad civil (con un bagaje de especialización y producción de conocimiento) y gobierno.
Un paradigma que bien podría replicarse en distintos fenómenos de violencia (no sólo en contra de las féminas) para darle coherencia y pertinencia a las políticas de prevención de las conductas delictivas en su máximo apogeo, donde muestran una faceta sumamente virulenta, que es el caso de los grupos criminales sofisticadamente organizados.
No hay que perder de vista que este vínculo real entre sociedad civil y gobierno, enfrenta dos tóxicas inercias: la simulación de “sororidad” entre féminas que entienden el compromiso con la causa únicamente dentro de sus intereses económicos y políticos particulares, y una sociedad profundamente excluyente. ■
Twitter: @GabrielConV
