Ciudad de México. Las reformas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto incrementaron el empleo formal, pero no han logrado disminuir la pobreza ni la desigualdad, sostuvo este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Agregó que las políticas monetaria y fiscal, determinadas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, respectivamente, «no están respaldando el crecimiento» económico. Propuso reforzar los programas sociales.
«Aunque las recientes reformas han incrementado el empleo formal y han mejorado la inclusión financiera, la pobreza sigue estancada y persiste la desigualdad, incluso de género», sostuvo el organismo, al dar a conocer su informe Perspectivas económicas.
México es, junto con Chile, el país con mayor desigualdad del ingreso entre aquellos que forman parte del organismo.
En México, 20 por ciento de los mexicanos que se encuentra en la parte más alta de la pirámide del ingreso en el país gana 10 veces más que aquellos que están en el opuesto, en el 20 por ciento de la base. Esta brecha hace de México el país con la mayor desigualdad en el ingreso familiar. Es la misma relación que existe en el caso de Chile.
De acuerdo con las mediciones de la OCDE, 16 de cada 100 mexicanos tienen un ingreso que los mantiene debajo de la línea de pobreza, la cuarta proporción más elevada entre los países que integran ese organismo. En las mediciones nacionales, 40 de cada 100 personas no pueden comprar con su salario una canasta básica de consumo.
En el reporte publicado este martes, la OCDE sostuvo que las políticas monetaria y fiscal no están respaldando el crecimiento.
La inflación ha desbordado con creces la meta del banco central -que es de 3 por ciento y ahora se sitúa en 6.3 por ciento- como consecuencia de la depreciación acumulada del peso durante 2017 y de la progresiva liberalización de los precios nacionales de los carburantes, añadió la OCDE.
Para evitar el desanclaje de las expectativas de inflación, el BdeM elevó la tasa de interés de intervención desde 3 por ciento a finales de 2015 hasta el 7 por ciento actual. El moderado incremento de los salarios y de la capacidad ociosa también está permitiendo que las presiones inflacionarias subyacentes continúen contenidas.
Una vez que la inflación regrese hacia la meta, el banco central tendrá margen para relajar su posición y apoyar el crecimiento del crédito y la inversión, consideró.
En la parte fiscal, el organismo apuntó que la deuda pública registró un aumento sostenido que la llevó de representar un monto equivalente a 43 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2012 hasta más de 58 por ciento en 2016, lo que propició que las agencias de calificación modificasen de estable a negativa su perspectiva de la deuda soberana de México.
En 2013 el gobierno se comprometió con un plan de consolidación fiscal plurianual destinado a estabilizar la proporción de deuda respecto al PIB, lo que se ha alcanzado gracias a los ingresos fiscales adicionales derivados de la ampliación de la base tributaria pero también mediante la reducción de la inversión pública, con las potenciales implicaciones negativas para el crecimiento a largo plazo, apuntó.
Las altas transferencias están contribuyendo a los buenos resultados fiscales previstos en 2017; no obstante, es improbable que estos vuelvan a repetirse en los próximos años, lo que coloca más presión sobre el gasto, dijo.
Sigue existiendo, sin embargo, margen para aumentar adicionalmente la recaudación fiscal mediante la lucha contra la evasión fiscal y la diversificación de la estructura tributaria, así como para hacer que el sistema impositivo y de transferencias sea más redistributivo.
«Una vez que la proporción de deuda respecto del PIB se estabilice, las autoridades deberían plantearse ampliar la asistencia a la infancia y extender la educación preescolar, con el fin de promover la igualdad de oportunidades, incentivar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y aliviar la escasez de trabajadores cualificados en el futuro.
«Reforzar el gasto social en programas para erradicar la pobreza extrema, como Prospera, debería ser también una prioridad en el futuro. La simplificación de los procedimientos administrativos para poder acceder a las transferencias sociales y el apoyo a la labor de los trabajadores sociales con familias marginadas, sobre todo en zonas remotas del sur, son también aspectos cruciales para resolver la pobreza extrema», planteó.
