El legislador debe ser el eco de la razón,
y el magistrado, el eco de la ley
Pitágoras
La estrategia de seguridad implementada en los últimos años, ha sido la principal protagonista de las políticas públicas de nuestro país. Esta estrategia responde no sólo a una cuestión de normatividad interna de la República, sino que atiende principalmente, a los protocolos internaciones que México ha signado para combatir el crimen organizado y la delincuencia en pequeña y gran escalas. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden, la paz pública y la reinserción social del individuo.
El eje fundamental del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la coordinación entre sus diversas instancias y las autoridades de la Federación, los Estados, y los Municipios, acción primordial para combatir la inseguridad, toda vez que no debe verse como una problemática aislada que afecta sólo una localidad o región, sino como una relación sistémica, como factor preponderante que interviene en el diseño e implementación de la política pública de la materia.
La ciudadanía en este caso, es el centro de la política de prevención como actor principal y corresponsable en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas, y que sin su intervención, el esfuerzo que el gobierno realice sería ineficaz para cumplir con los fines de la seguridad pública.
En cuanto al Programa Nacional de Prevención del Delito, los tres órdenes de gobierno deben alinear presupuestos para hacer de la prevención una prioridad nacional y el mismo deberá enfocarse, entre otras, en las siguientes acciones:
- Construcción de ciudadanía responsable, cultura de la legalidad y corresponsabilidad social.
- Mejoramiento del entorno situacional, definido conjuntamente con los ciudadanos.
- Activación y apropiación social de los espacios públicos.
- Otorgamiento de préstamos para la creación de empresas sociales, y
- Orientación educativa para combatir las causas psicosociales del delito (alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar y de género, abuso infantil, pandillerismo, entre otras).
Conscientes de la necesidad de alinear las funciones de las policías de los 3 órdenes de gobierno, es necesario conformar una comisión con integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y en su caso, con especialistas para analizar la viabilidad de establecer en el país los modelos de Mando Único o Policía Estatal Coordinada.
Estamos actualmente en el proceso de implementación de la reforma legal. En lo local se promueve con los gobiernos municipales la firma de convenios de colaboración para que la designación de los mandos municipales se realice de manera coordinada entre ambos órdenes de gobierno y que antes de ser designados hayan sido evaluados y certificados, que cumplan con el programa de capacitación de mandos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se debe establecer un sistema de coordinación y cooperación que genere orden, confianza, jerarquías, mandos claros y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
En cuanto a las Reformas Legales importantes, destaca la iniciativa de configurar un Código Penal Único que rija para todo el país, que unifique los 33 existentes y, por ende, establezca tipificación, medidas y sanciones uniformes para todo el territorio.
Lo anterior se justifica en virtud de que si los estados no cuentan con criterios uniformes, es complicado llevar a cabo traslados y, sobre todo, convenios de colaboración en la materia. Además de que nos encontramos en un proceso de implementación del Sistema Penal Acusatorio y que, por lo tanto, las normas en la materia que rigen en todos los estados resultan ya inoperantes para las metas fijadas.
Esta iniciativa abre enormes posibilidades para eliminar obstáculos en los cuales se ha sostenido la ineficacia y la corrupción del aparato de justicia penal. Asimismo, permitirá diseñar una política de estado del orden criminal para homologar las acciones de las entidades federativas y de la Federación para enfrentar a la delincuencia.
La solución no la tiene una sola persona de lo que durante décadas se ha generado y permitido, recordemos que el Estado está integrado por tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial los que en el ámbito de su competencia deben hacer valer el Estado de Derecho que significa aplicar el principio de legalidad, brindar al ciudadano seguridad, que se administre justicia, consistente en prevención, persecución de los delitos, que se imparta justicia y que exista colaboración entre los poderes del Estado para que la suma de esfuerzos genere mayores y mejores resultados. En esta estrategia debe incluirse un sistema de inteligencia e investigación que permita combatir este fenómeno que tanto daño hace a la sociedad. Al pie y al orden.
