■ En 2014, la SEP firmó convenio con 17 estados por 747 millones de pesos
■ Del monto de recursos a Zacatecas le correspondieron 50 millones de pesos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en sus revisiones a las cuentas públicas, ha estado advirtiendo desde hace años irregularidades que, con el tiempo, han salido a la luz evidenciando entramados de corrupción y malos manejos del presupuesto.
Uno de estos casos, por ejemplo, fue el de los convenios firmados entre dependencias federales y universidades públicas, como la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ).
Esta situación la señaló la ASF de manera reiterada, por lo menos a lo largo de cinco años, hasta que recientemente estalló el escándalo con la publicación a nivel nacional de la investigación periodística llamada “La Estafa Maestra”.
Otra de las advertencias que ya desde 2014 ha hecho la auditoría y que todavía no se ha abordado con profundidad es el manejo de los recursos públicos por parte de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
En una auditoría practicada por el ente fiscalizador al programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) denominado “Fortalecimiento a la Educación Temprana y Desarrollo Infantil”, el organismo federal sostiene que ni la dependencia federal tiene definidos los mecanismos de entrega del recurso ni los centros escolares informan de manera precisa del destino que le dan al dinero que reciben a través de convenios con esa instancia del Gobierno de la República.
En este informe, la auditoría expone que fueron 747 millones de pesos los que se distribuyeron en los estados mediante la firma de 17 convenios; entre ellos, el signado con Zacatecas por la cantidad de 50 millones.
De los señalamientos que la ASF le hace a la SEP destacan el hecho de que no existe una normativa para la aplicación de los recursos destinados a este programa, es decir, “no cuenta con regulaciones normativas, tales como lineamientos para garantizar los principios de selectividad, equidad y transparencia”.
También se expone que la secretaría no define el público objetivo al que está dirigido este presupuesto, además de que no tiene criterios establecidos para seleccionar los estados que recibirán recursos y cuál será el monto que se les otorgará en cada caso.
En cuanto a este último punto, se agrega que “la SEP, mediante nota informativa, señaló que para la entrega de los recursos, considera únicamente a los estados que solicitan el apoyo, y que los montos se determinan conforme a lo que éstos requieran y los distribuye de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria con que se cuente”.
Asimismo, la auditoría refiere que la dependencia federal no cuenta con herramientas de supervisión y evaluación para dar seguimiento a la aplicación del dinero en los centros que son beneficiados con los convenios.
En este sentido, la ASF advierte también sobre irregularidades en los procesos por parte de los Cendis. Al respecto apunta que, de los 17 estados que firmaron convenios para recibir apoyos, “en 10 de ellos, la Oficialía Mayor de la SEP no contó con dos o más de los ‘Informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos y los productos que se generen’, además de los informes finales, aun cuando remitió diversos oficios a las entidades federativas para solicitarlos”.
De igual forma se agrega que, de las entidades que sí enviaron la información requerida, en algunos casos “se constató que ésta es inconsistente, ya que los informes corresponden a estados de ingresos y egresos con cifras globales u oficios en los que únicamente indican que los recursos se entregaron a asociaciones civiles sin precisar cuáles y el monto otorgado, o bien, se informa que se utilizaron para gastos operativos sin indicar a qué trimestre corresponden”.
Cabe recordar que en Zacatecas la organización Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), cuyos líderes son José Narro y Felipe Pinedo, es fundadora y propietaria de algunos Cendis ubicados en diferentes municipios del estado.
