■Gobierno estatal asegura que refrenda el respeto a los derechos humanos
■ Funcionarios habrían cometido abusos durante operativo de desalojo
■ Hubo acciones irregulares y fuera de la legalidad, sostiene el organismo
■ Los diputados solicitarían la comparecencia de Fabiola Torres Rodríguez
■ No se acredita identidad de la quejosa, ni de 6 personas agraviadas, señala SGG
La secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, rechazó las recomendaciones que le envió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), respecto a la actuación “irregular y fuera de la legalidad” que tuvieron sus funcionarios durante el operativo de desalojo de la comunidad de Salaverna, en Mazapil, el pasado 23 de diciembre de 2016.
La presidenta del organismo, María de la Luz Domínguez Campos, convocó a una rueda de prensa para dar a conocer esta negativa a aceptar los señalamientos por parte de la funcionaria estatal y de la dependencia que encabeza.
Además, conforme a la ley de la CDHEZ, informó que remitirá la documentación a la 62 Legislatura local para que, como se establece legalmente, los diputados soliciten la comparecencia de Torres Rodríguez a fin de que explique las razones por las que rechazó las recomendaciones.
En los hechos de diciembre estuvieron involucradas la Secretaría General de Gobierno, la Dirección Estatal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ).
En el informe difundido se señala que se pidió documentación a cada una de las instancias involucradas. Además, la ombudsman aseguró que fueron entrevistados los pobladores de Salaverna en su calidad de agraviados, así como 27 policías estatales, otros 9 ministeriales y 5 trabajadores de Protección Civil, quienes participaron en el operativo.
La conclusión de esta investigación realizada durante meses por la Comisión fue que el 23 de diciembre de 2016 hubo “violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica” por parte de los elementos policiacos de la SSP y de la PGJEZ y, de manera específica, del director de PC, Juan Antonio Caldera Alaníz y de la coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Raquel Ortiz Sifuentes.
SSP y PGJEZ aceptaron señalamientos
En primer lugar, Domínguez Campos sostuvo que a la Secretaría de Seguridad y a la Procuraduría se les hizo una recomendación en cada caso y en la que se solicitó girar una circular a todos los elementos de sus corporaciones para que cuando estas corporaciones acudan “a brindar apoyo a otra dependencia que así lo solicite, se apeguen completamente a la orden estrictamente generada y que no se exceda en el uso de sus atribuciones”.
Tanto el procurador Francisco Murillo Ruiseco como el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, aceptaron este señalamiento.
Hay “suficiente evidencia” de excesos cometidos
La Secretaría General de Gobierno tuvo el mayor número de observaciones a sus actos ya que, entre otros aspectos, se señala que no tenían una orden de la autoridad competente para demoler inmuebles, ingresar a las viviendas y sacar pertenencias de los pobladores.
También está el señalamiento de que la Dirección Estatal de Protección Civil “no determinó fehacientemente la existencia de un riesgo” inminente, debido a que no se realizaron los estudios necesarios.
Domínguez Campos señaló que uno de los análisis en este sentido en el que se han sustentado las autoridades fue realizado por la Minera Tayahua, que opera en el subsuelo de Salaverna, por lo que consideró que este informe está “viciado de origen” por los intereses de la empresa.
En este sentido, aseveró que “la responsabilidad del Gobierno del Estado es proteger a los ciudadanos de este estado y no necesariamente proteger otro tipo de intereses”.
La ombudsman sostuvo que “pese a que las autoridades responsables negaron los hechos imputados, hay suficiente evidencia” para señalar que tanto el director de PC, Caldera Alaníz como la coordinadora de Asesores, Raquel Ortiz, excedieron el límite de sus atribuciones, violando con ello los derechos humanos de los agraviados.
Ocho recomendaciones rechazadas
Las recomendaciones rechazadas por la secretaria general de Gobierno, en su calidad de titular de esta dependencia que encabezó el operativo del 23 de diciembre, fueron ocho.
La primera y la segunda solicitan la inclusión en el Registro Estatal de Víctimas de los seis agraviados por esta actuación gubernamental, además de una valoración para ver si estas personas requieren atención psicológica y, en consecuencia, brindarles el tratamiento que pidan.
La tercera llama a capacitar al personal de Protección Civil en temas relacionados con la protección y el respeto del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, mientras que la sexta va encaminada a implementar campañas de sensibilización para que estos trabajadores actúan respetando los derechos humanos sobre todo en los casos de atención a poblaciones afectadas por la actividad minera.
En la cuarta y quinta recomendación se solicita a PC que elabore dos estudios. El primero debe ir enfocado a analizar el problema de hundimientos en la localidad de Salaverna, mediante “técnicas de prospección geofísica”, a fin de determinar las zonas de peligro. El otro estudio tiene que ser sobre “el impacto del uso de explosivos en el interior de la mina perteneciente a la Minera Tayahua S.A. de C.V., ubicada en el subsuelo de la comunidad”.
El séptimo punto se refiere a la obligación de la dependencia de iniciar las investigaciones administrativas que se requieran para deslindar las responsabilidades y la octava recomendación solicita otorgar tanto a los pobladores de Salaverna como de Nuevo Salaverna un programa de apoyo “que les permita mejorar su calidad de vida en relación a la situación de desplazamiento en la que se encuentran”.
Años de conflicto
Los pobladores de la comunidad de Salaverna llevan ya años de conflicto con la empresa minera Tayahua, propiedad del mutimillonario Carlos Slim, lo que se ha traducido en litigios por la propiedad de las tierras y en el desplazamiento forzado de decenas de familias.
En el sexenio pasado, la compañía extractiva construyó un fraccionamiento residencial que denominó Nuevo Salaverna y al cual se mudaron varias familias que habitaban en la comunidad original.
No obstante, hubo pobladores que rechazaron apegarse a la imposición de la empresa y a la fecha continúan viviendo en Salaverna. En numerosas ocasiones han denunciado que la minera realiza explosiones en el subsuelo de la comunidad para provocar los hundimientos y orillarlos a abandonar sus casas.
Fueron ellos, quienes todavía permanecen en sus hogares, las personas que se vieron afectadas por el operativo que un día antes de la celebración de Nochebuena del año pasado llevó a cabo la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección Estatal de Protección Civil, y que tuvo como objetivo el desalojo de estas familias y la demolición de sus viviendas.
