El aplauso fácil

El aplauso fácil

Ha concluido el segundo periodo ordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura, estamos ya exactamente a la mitad de lo que será el trabajo parlamentario. Quienes integramos esta Asamblea, ejerceremos como diputados solamente dos años, y no tres como ordinariamente se encuentra establecido en la ley, lo anterior derivado de una reforma en materia electoral que busca empatar las elecciones locales con las federales.

Es esta característica, la de tener un año menos de función legislativa, la que como representantes populares nos obliga a trabajar con urgencia, debemos sacar adelante los instrumentos jurídicos de mayor necesidad social. El tiempo apremia.

Desafortunadamente no siempre es así. He denunciado en tribuna que la productividad de algunas comisiones legislativas es realmente baja, y a pesar de tener un sinfín de asuntos pendientes, prefieren dejarlos acumulados, y más aún si no son de conveniencia del bloque oficial integrado por los diputados del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.  Un ejemplo de ello es la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde han dormido el sueño de los justos dos propuestas que se presentaron al pleno respecto a la eliminación del fuero. Una de ellas presentada por la diputada Iris Aguirre, en la cual se busca acotar esta figura, y la otra del diputado Luis Medina Lizalde, quien plantea su derogación total. Diez meses han pasado sin que se pudiera discutir el tema.

Alevosamente el bloque oficial plantea una nueva propuesta, en donde ellos aseguran que pretenden la eliminación total, pero en los hechos no es así; en la iniciativa, que usted puede leer en la gaceta parlamentaria publicada en el portal oficial del Poder Legislativo, siguen dejando a consideración de la mayoría de los legisladores, la determinación de proceder o no, en contra de algún funcionario imputado.

Y es el engaño lo que desde la oposición repudiamos y criticamos. Si el bloque oficial tiene una propuesta diferente a eliminar el fuero, ¿por qué no lo dicen tal cual?, ¿por qué no decir que ellos no están de acuerdo con esa idea, y que tienen otra alternativa? y para el colmo, arbitrariamente determinan que su propuesta no sea estudiada solamente en la Comisión de Puntos Constitucionales (donde no tienen mayoría),  y amplían el turno a otras comisiones y ya con mayoría pretenden dictaminarla y presentarla al pleno, donde claro, también cuentan con el número de votos necesarios para aprobar las iniciativas que quieran, y como quieran, porque ni siquiera las reservas de la oposición quieren dejar avanzar.

Esas son las prácticas del bloque oficial, a la sociedad le dicen una cosa, pero internamente hacen otra.

La semana pasada, un grupo de taxistas encabezados por el líder de la CNOP, (asociación del PRI), llegaron al edificio del Congreso del Estado para exigir que no se aprobara la iniciativa que el día 9 de mayo presenté para reformar la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad, en materia de regulación de los servicios que prestan las empresas en redes de transporte, a través de aplicaciones móviles.

El enojo y reclamo de los taxistas, quienes piden que desaparezca Uber, llevó al bloque oficial a votar en contra mi propuesta, sin que siquiera permitieran socializarla, ni que se desarrollaran foros de discusión. Decidieron votar en contra a cambio del aplauso fácil, y de promesas de voto a su favor de parte del gremio. Lo que no les dijeron a los taxistas que estuvieron manifestándose, es que aún sin esta propuesta, Uber seguirá trabajando, y lo que yo planteaba eran regulaciones para garantizar el buen servicio a los usuarios y una competencia más sana, en donde se evite la polarización y confrontación que se ha dado entre los sectores que ofrecen la prestación de los servicios de transporte público, y quienes han decidido dedicarse de manera particular a otorgarlo.

Nuestra propuesta, si hubiera sido aprobada, representaría una gran aportación para terminar con la competencia desleal, e impedir que proliferen las empresas que operen en la informalidad y al margen de la ley.

Un punto esencial de esta iniciativa, es que las autoridades de Gobierno, Seguridad Pública y Finanzas, tengan un registro de todas y cada una de las empresas de redes de transporte que operen en el Estado, así como de los particulares que la integran, y que así los usuarios de este tipo de servicios, tengan la certeza y seguridad que las empresas dedicadas a ello, llevan a cabo su actividad conforme a la normatividad.

Aprovecho este espacio para reiterar que YO NO TENGO NINGÚN VEHÍCULO EN PLATAFORMA UBER, no me dedico a eso, y por ello invito transparentar quiénes sí; el reto está en la mesa.

Tampoco todo es negativo, hemos dado grandes avances en busca de incrementar la productividad legislativa, pero para los detalles nos leemos en la próxima.

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