El momento que vive el mundo, descifrado por los constantes escándalos de corrupción, ascenso de un populismo pragmático voraz y la indiferencia ante fenómenos tan graves como deshumanizantes, tales como la desigualdad y la constante negación y el desconocimiento de los derechos humanos, evidencia que se han desarticulado valores inherentes para que la vida en común sea posible en armonía y la democracia subsista.
El cuerpo social está gravemente contaminado de una desvalorización preocupante, los lazos de solidaridad y colaboración, básicos para la supervivencia en comunidad, no solo están desapareciendo, se están pervirtiendo peligrosamente, con un rumbo que nos está llevando a la desconfianza entre los más cercanos y también al desconocimiento e incluso a la atrocidad ante los que nos deberíamos reconocer como semejantes.
Sin embargo es simplista y conservador suponer que es un problema que se inicia, termina y se resuelve solo en el ámbito privado de las personas y familias: justo porque es un problema de características contagiosas, es un tema de interés que debe ser atendido desde el Estado, a través de políticas públicas que permitan el reconocimiento, la reconciliación y la recuperación del contexto que nos permitía identificarnos entre vecinos y personas.
Es en esta perspectiva donde aparece la voluntad política, entendida como la disposición de los liderazgos, formales y también los espontáneos, para activar los procesos, sean institucionales o meramente sociales, que permitan cambiar las cosas, esto con un alto nivel de compromiso que evite el desistimiento ante las naturales y esperadas inconveniencias. Hoy en muchos ámbitos y espacios de la vida política, tal voluntad está ausente; esto mismo ha conllevado al vaciamiento del discurso, antes sinónimo de programa e ideología, y también a la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en los actores públicos. La voluntad política, es preciso acotar, tiene un alto grado de responsabilidad, por lo que se encuentra distanciada del populismo demagógico y la necedad mediática. Más allá de posturas, significan acciones contundentes, cotidianas y más bien discretas. La mayor de las veces la voluntad política ha sido suplantada por simulación, que mucho ha contribuido también a la descomposición ética e institucional que hoy tiene a un paso del hartazgo desesperado a un sector creciente de mexicanos.
Quizá es necesario decir que estos dos elementos han estado distantes de muchas reformas que por ello mismo quedan sin más efecto que el de un maquillaje normativo. Visto está por ejemplo en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo presupuesto es nulo, justo en el año en el que debería arrancar sus acciones para prevenir, identificar y sancionar tan despreciable fenómeno. Ahí ha existido compromiso y colaboración ciudadana, pero también simulación parlamentaria y nula voluntad política.
Más allá de los discursos y los aplausos, de las esperanzas y las expectativas, el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de los mecanismos que le permitan funcionar para lo que ha sido diseñado, y esto es, el desmantelamiento de redes de corrupción; sin ello, terminará pasándole lo que a nuestra democracia electoral, que vive horas de peligrosa decepción.
Finalmente, la rendición de cuentas no es sino una natural amalgama de los dos anteriores elementos, pues a través de la ética y la voluntad política se vuelve un deber en dos direcciones informar sobre el uso del poder público conferido democráticamente, los contextos, argumentos, razones y previsiones de cada decisión, así como el uso de los recursos públicos.
En el actual debate en torno a los sistemas de transparencia, anticorrupción e impunidad cero (la Agenda TAI, descrita por Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana) no debemos olvidar cualidades personales y de liderazgo, sin las cuáles no pasaremos de una indignante, dolorosa y cada vez más peligrosa simulación.
Pd. En el supuesto caso de espionaje, no hay mucho que decir: la dignidad humana es un valor que debe estar sobre cualquier concepción social, más aun tratándose del ejercicio del poder, no corresponde a las víctimas la carga de la prueba, sino al Estado la de negar tal violencia que está fuera de los límites que el contrato social le ha otorgado para su existencia. ■
@CarlosETorres_
