El fenómeno migratorio es fundamentalmente un desplazamiento forzado, opina académico

El fenómeno migratorio es fundamentalmente  un desplazamiento forzado, opina académico
El 23 de diciembre de 2016, en Salaverna, Mazapil, 67 personas fueron desplazadas por la actividad extractiva. Con el pretexto de una falla geológica, las desalojó la Policía Estatal y sus viviendas fueron demolidas ■ foto: MIGUEL áNGEL NúÑEZ

■ Su origen reside en la incapacidad de los gobiernos para brindar a los ciudadanos derechos esenciales: Delgado

■ “Zacatecas no tiene de dónde agarrarse; le apuesta a megaminería que ha sido siempre la tragedia para el estado”

■ En La Colorada, Chalchihuites, integrantes armados de un cuerpo de seguridad privada contratado por la empresa Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares y las forzó a mudarse

El fenómeno migratorio, en todas sus características y dimensiones, es fundamentalmente un desplazamiento forzado, puesto que su origen reside en la incapacidad de los gobiernos para brindar a los ciudadanos derechos esenciales como al empleo, a la educación y a la seguridad en el lugar en que estos residen.

Raúl Delgado Wise, director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), manifestó que “hay desplazamientos forzados prácticamente en todos los sentidos, por violencia, por megaproyectos mineros, por la apropiación de tierras de parte de las grandes corporaciones como Monsanto y por la desaparición y desmantelamiento de la industria”.

En ese sentido, dijo que la migración también debe considerarse como desplazamiento forzado, ya que todas las causas de ese fenómeno se deben a la violación de los derechos humanos de las personas.

En el caso de Zacatecas, entidad que ocupa el lugar 12 a nivel nacional en desplazamiento interno forzado según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que no se observa una política adecuada para atender las múltiples manifestaciones de ese problema.

“Zacatecas no tiene de dónde agarrarse. Le está apostando a la megaminería que ha sido siempre la tragedia para el estado y ni siquiera se queda el 0.8 por ciento de lo que se llevan de aquí”, advirtió Delgado Wise.

Cuestionó que el Gobierno del Estado le siga apostando a las remesas y la migración a pesar de que, si bien son recursos importantes, provienen del sacrificio de la población que radica en Estados Unidos y cuyo salario en su mayoría es precario.

En ese sentido, consideró necesario repensar el desarrollo del estado, alternativas diferentes a la pequeña agricultura, la minería y la migración, lo que implicará reducir del desplazamiento forzado.

Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en México han sido desplazadas de manera forzada 310 mil 527 personas y el año pasado, Zacatecas se ubicó en el lugar 12.

Los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU, señalan que los desplazados internos son “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

El desplazamiento interno puede tomar distintas formas: individual o gota a gota tiende a ser un desplazamiento invisible, que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad. Y episodios de desplazamiento masivo, es decir, la movilización simultánea de diez o más núcleos familiares por una misma causa, tiende a tener lugar después de un ataque dirigido hacia los habitantes de una comunidad.

Al permanecer dentro del territorio nacional, no cuentan con una categoría legal como desplazados y por tanto, no cuentan con el régimen de protección que otorga el derecho internacional. Por ello, el gobierno en turno, tiene la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales que requieren los desplazados; y tiene la obligación de garantizar todos sus derechos.

La misma comisión señala que el desplazamiento en México ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo. Las y los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual, ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informa que durante el año 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, que impactó al menos a 23 mil 169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.

En Zacatecas se registraron 67 personas desplazadas debido a la actividad extractiva de empresas mineras. Entre esos casos está el de Salaverna, en el municipio de Mazapil, donde habitantes fueron desalojados por personal de Protección Civil y la Policía Estatal y sus viviendas fueron destruidas el 23 de diciembre pasado.

Según la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, el motivo por el que acudieron a desalojar algunas de las viviendas de la comunidad de Salaverna fue el hundimiento de tierra registrado el 24 de octubre.

La funcionaria manifestó que esa falla geológica fue la que presionó a Gobierno del Estado a llevar a cabo el operativo de “reubicación”, ya que “no podíamos dejarlo hasta el próximo año, cada día era un riesgo”.

Roberto de la Rosa, habitante de la comunidad, afirmó que el operativo se realizó para desplazar a las personas para que la minera Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim, pudiera iniciar un tajo abierto justo en la superficie donde se encuentra Salaverna.

Otro caso es el de La Colorada, en el municipio de Chalchihuites, donde integrantes armados de un cuerpo de seguridad privada contratado por la empresa Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares y las forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, la cuale se les entregó en comodato.

De igual forma que en Salaverna, los habitantes de la comunidad denunciaron que la minera los expulsó para que no hubiese resistencia ni obstáculos en la explotación de yacimientos de oro, plata y cobre.

En 2011, en Nuevo Mercurio, también en Mazapil, se detectó la presencia de bifenilos policlorados, una sustancia tóxica que dejó a su paso una empresa minera y que estaba afectando la salud de la población. En este caso intervino la Semarnat para iniciar un proceso de descontaminación.

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