Perspectiva Crítica
La contienda electoral que se avecina para 2018 ha comenzado a representar para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) una cuesta ascendente que se ve cada vez más difícil de remontar, en especial de manera legítima. Ello es producto de la preferencia ascendente de la gente hacia otros partidos, particularmente el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero también por el voto de castigo que se perfila como un preocupante lastre para el PRI. El voto de castigo se ha agudizado en los últimos meses por el incumplimiento de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto; la crisis económica y la crisis del pacto político-social; los mega saqueos y los mega endeudamientos en los que varios gobernadores priístas han dejado a sus estados, y la situación de inseguridad pública que lacera gran parte del país.
Ante este escenario de desprestigio, el PRI ha rehabilitado su recurso de cooptación del voto mediante el reparto de artículos ínfimos, pero que representan mucho para amplias capas necesitadas, tales como estufas, tinacos, gorras, manteles, etc. De igual manera ha ejercido la presión tradicional a nivel institución para que trabajadores, sindicalizados y aspirantes a un empleo se comprometan a votar por el PRI a cambio de determinada seguridad laboral. Pese a estas medidas que han resultado efectivas para corromper el voto en el pasado, hoy por hoy parecen insuficientes para garantizar el triunfo en zonas neurálgicas en los comicios de 2018, tales como el Estado de México o Veracruz, ambos saqueados y sumidos en la inseguridad. En resumen, no hay garantía para que las prácticas mafiosas del PRI le alcancen para aspirar a una victoria electoral, o al menos para disimular un nuevo fraude electoral.
Debido a esto, el tricolor ha optado por recurrir a fórmulas más agresivas, entre las que destacan tres por ser las más recientes, y justamente en el marco de la elección que se avecina para el Estado de México, lugar que resulta determinante para que un partido político se posicione como aspirante a mantener o hacerse del poder federal en 2018. Dichas medidas son la participación de Angélica Rivera en eventos públicos, la manipulación de las fuerzas armadas en beneficio del PRI, y los espots tendenciosos.
La “gaviota” ya había sido utilizada previamente en el Estado de México para generarle simpatías al PRI, pero ante el repunte de la candidata de Morena e incluso de la panista Josefina Vázquez Mota sobre el candidato tricolor, Alfredo del Mazo, se hizo una pausa forzada en la ostentosa vida de Angélica Rivera para vestirla con un atuendo casual y llevarla a darse baños de pueblo al Estado de México. Lo delicado es que la “gaviota” ha realizado los eventos públicos bajo la justificación de ejercer “programas sociales”, cuando en realidad se coacciona el voto al entregar artículos y becas a cambio de la copia de la credencial de elector. De acuerdo a Proceso, al menos hay 117 denuncias al respecto ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El segundo caso se inició a partir de una declaración de Andrés Manuel López Obrador, el cual hizo mención en semanas previas a la responsabilidad del Ejército en hechos que violentan los derechos humanos. Sus palabras fueron intuidas por el PRI como la oportunidad de acusarlo de estar en contra de las fuerzas armadas, y de inmediato se montó un evento en el que Peña Nieto realizó un torpe monólogo orientado a acusar de manera velada a López Obrador de descalificar a los uniformados por “ignorancia o por dolo”. Para convencer, el atípico evento estuvo nutrido por 32 mil soldados y marinos que acudieron en calidad de acarreados, sólo que sin su torta y su frutsi.
Cabe la reflexión de lo bajo que ha caído la moral de nuestras fuerzas armadas al prestarse a la fabricación de actos de campaña disfrazados para favorecer al PRI, y servir como utilería para el golpeteo político contra López Obrador. Por otra parte, parece que tanto a Peña Nieto como a los uniformados lo que menos les interesa es que ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y sólo entre 2007 y 2015, ya había 11 mil 601 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos haya aportado casos sobre tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, retención ilegal y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas armadas, o que desde hace años organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW) también hayan denunciado los atropellos del Ejército, la Marina y otros organismos de seguridad.
El tercero de estos hechos radica en los spots lanzados por el PRI con respecto de la inseguridad en el Estado de México. Se trata de una ironía absurda, pues los espots critican la inseguridad del espacio urbano que el mismo PRI gobierna, y el cual padece fenómenos como los feminicidios, los robos con violencia, la prostitución forzada, el homicidio o el narcotráfico. Los espots reflejan la desesperación del tricolor por generar simpatías de los votantes a como dé lugar, incluso teniendo que echar mano de criticar la porqueriza que ellos mismos han generado. Es un riesgo calculado que se basa en la desmemoria de la gente, y el estado de desesperación por la inseguridad pública. ■
