- La importancia de la sociedad civil y la academia en la conformación de un sólido Sistema Estatal Anticorrupción
Pocos temas de la reconfiguración política mexicana acontecida en los últimos cuarenta años, tienen un protagonismo civil tan marcado como el de la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia. Si bien, el proceso de transición democrática tuvo incursiones de diversos grupos de la ciudadanía sin-partido, ésta estuvo dominada por los actores políticos con intereses ideológicos bien definidos.
Es casi un acuerdo general entre académicos y expertos, el que, un nivel alto de participación ciudadana, ajena a los partidos políticos y a la estructura paraestatal y no-clientelar, es de suma importancia para la calidad de la democracia, y en el caso de las transiciones a ésta, para su consolidación.
En México esta conciencia se ha visto reflejada en el considerable incremento de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), desde el proceso de arranque de la transición política, pero principalmente a partir de la década de los 80’s, luego de la crisis económica de 1982 y del Terremoto del 85, en la Ciudad de México. Entonces, a éste último fenómeno Enrique Krauze lo llamó “bautizo cívico”, y Carlos Monsiváis lo describiría en los siguientes términos: “(…) fue la conversión de un pueblo en gobierno y el desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también, la importancia súbita de cada persona.”
De la red de OSCs, Convergencia de Organizaciones Civiles por la Democracia, nacida a inicios de los 90’s y actor fundamental en la defensa de la democracia en aquella década, a la Red por la Rendición de Cuentas, actor fundamental en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia, la importancia de la participación cívica, fuera de las agencias gubernamentales, los partidos políticos y las estructuras de poder estatal, ha venido creciendo en nuestro país, con resultados positivos para la consolidación no sólo de la democracia, sino también para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
La sociedad civil organizada no solo coadyuvó a la posibilidad de la transición, también provocó la que quizá sea la acción más consistente en favor de la democracia y su consolidación, del primer gobierno de la alternancia: gracias al empuje del entonces conocido Grupo Oaxaca, la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la historia del país, vio la luz a inicios de aquel sexenio.
Desde entonces, tanto los avances como las discusiones en torno a la temática de rendición de cuentas, han estado principalmente en manos de la sociedad civil organizada y la academia, que cada día responden con más especialización en el tema, atrayendo a su vez más interés de la agenda pública y la comunidad nacional en general.
Si atendemos a Octavio Paz, no podía ser de otra forma. Escribió el Nobel de Literatura, en su célebre ensayo El ogro filantrópico, identificando la raíz de la corrupción mexicana, en la persistencia del patrimonialismo español: “La corrupción de la administración pública mexicana, escándalo de propios y extraños, no es en el fondo sino otra manifestación de la persistencia de esas maneras de pensar y de sentir (…) personas de irreprochable conducta privada, espejos de moralidad en su casa y en su barrio, no tienen escrúpulos en disponer de los bienes públicos como si fuesen propios. Se trata no tanto de una inmoralidad como de la vigencia inconsciente de otra moral: en el régimen patrimonial son más bien vagas y fluctuantes las fronteras entre la esfera pública y la privada, la familia y el Estado. Si cada uno es el rey de su casa, el reino es como una casa y la nación como una familia.”
No es la clase política a la que interesa combatir lo que, quienes se encuentran ajenos a ella, reconocieron por muchos años como corrupción, y los miembros de aquélla, como una característica más del incomprensible (e incomprendido) régimen político de entonces.
Ha quedado claro, y lo han demostrado varios, entre ellos Luis Carlos Ugalde (¿Porqué más democracia significa más corrupción? Nexos, Febrero 2015) que la pluralidad política no minimizó la corrupción, sino que la democratizó. Los controles políticos que, de acuerdo con la teoría, inhibirían este fenómeno, no funcionaron porque al final de cuentas la idea patrimonialista virreinal, quizá no esté anclada en nuestro subconsciente público, pero parece ser que si lo está en la comodidad cínica de algunos.
Ante ello, el surgimiento de una sociedad civil cada vez más participativa, que ha sabido ser responsable con su indignación; síntoma a su vez, de un claro proceso de democratización, que incluye la concientización de los agentes sociales de la importancia de su participación. México hoy es otro.
En el proceso de construcción de las leyes reglamentarias de la Reforma Constitucional en materia de Anticorrupción, ha surgido con una fuerza inusitada, una voz no esperada, aunque, sí temida por la clase política mexicana: la sociedad civil organizada, preparada y valiente.
Teniendo como marco una nueva arquitectura institucional y democrática, totalmente distinta a la de hace apenas unos años, un grupo de académicos, activistas y líderes civiles y sociales, decidieron coordinarse para formular, vía iniciativa de ley ciudadana, una propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las siete leyes que habrían de formar parte del andamiaje jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción.
Podríamos resumir el exitoso resultado de la convocatoria, en lo dicho por Eduardo Bohórquez, enlace de las organizaciones académicas y civiles con el Senado de la República, el pasado 13 de junio: “Por la sustentabilidad del sistema político y la continuidad de la democracia, los mexicanos y mexicanas necesitamos ver cambios y hechos. Las leyes no son suficientes para transformar la realidad, pero el diseño actual de nuestras normas e instituciones es el cimiento principal del Estado de Impunidad que caracteriza a nuestra democracia.”
En los últimos meses este inusual proceso, en el que términos como Parlamento Abierto e Iniciativa Ciudadana, desconocidos para la agenda pública en nuestro país, han predominado, ha ocupado los espacios editoriales, la atención de los medios de comunicación y en general de una importante cantidad de mexicanos despiertos, atentos y resueltos a participar en la discusión de un tema que se ha vuelto toral y que ocupa, junto a otros de interés común, un lugar privilegiado entre sus preocupaciones, de acuerdo a diversas encuestas.
El proceso ha sido bien conocido, y ha llegado el punto de continuar con el esquema para concluir exitosamente el objetivo. Hay que atender que sea idónea la conformación del Comité de Participación Ciudadana, que Presidirá el Consejo Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y el diseño y puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el primer caso, la recientemente promulgada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, ha establecido los requisitos y características de quiénes deberán integrar este Comité de Participación Ciudadana, entre las que destacan la autonomía que éstos deberán tener, los elementos personales de probidad y prestigio y su contribución en la materia. También ha indicado dicha legislación los pormenores del proceso de selección, entre los que destaca la activa participación de instituciones de educación superior y de investigación.
Ahora bien, en el caso de la implementación de los Sistemas Locales, dicha ley, en su artículo 36, ha establecido las bases que deberán atender. Destacan: la equivalencia de su integración y atribuciones al del Sistema Nacional; la determinación de que la presidencia de dicho sistema se encuentre en su Consejo de Participación Ciudadana y los requisitos y procedimiento análogo a los de nivel federal para el nombramiento de los integrantes de este Comité Ciudadano.
En Zacatecas además de los componentes del Sistema Nacional se ha adelantado la inclusión de una novedosa agencia estatal, con el título de Consejo Estatal de Evaluación de la Política Pública, símil al del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (mejor conocido como CONEVAL), que, apuntamos, deberá estar integrado por personas profesionalizadas en los ámbitos que habrá de medir, evaluar y analizar. La idea no solo es interesante, per se es buena y propositiva en el ánimo de que la rendición de cuentas no quede en la identificación del problema, sino en la ruta de la solución de éste.
De suma importancia es que se atienda con sensibilidad, los requisitos establecidos por la ley, pero también, que se genere, en el proceso de gestación y discusión de los detalles de este Sistema Estatal Anticorrupción, apertura y confianza a la sociedad civil y a la academia en Zacatecas.
Habrá que ser crítico con franqueza: en Zacatecas el desarrollo teórico e institucional en materia de rendición de cuentas es precario y principalmente estatista, es decir, surgido de la necesidad gubernamental de cumplir con obligaciones impuestas en el ánimo nacional, aunque ha habido avances y la cultura de la transparencia parece ir avanzando, lenta pero consistentemente.
Por tal razón en nuestro caso se requerirá de una alianza que más allá de mera participación conlleve también un alto porcentaje de formación ciudadana en la materia. Para ello hay que considerar el fomento a la incursión en el tema de la academia local e implementar ambiciosos programas conjuntos de desarrollo teórico, investigaciones académicas y organización civil especializada, para lograr que el Sistema Estatal Anticorrupción, interesante proyecto institucional de rendición de cuentas, no quede en manos de unos pocos, inentendible e intransitable para la mayoría, y un mero esfuerzo insuficiente para todos.
En este sentido, la participación de los medios de comunicación, las instituciones educativas, las asociaciones civiles, los municipios, los partidos políticos e incluso, los sindicatos, es de suma importancia. Una campaña estatal por la transparencia no vendría mal. Un esfuerzo interinstitucional, caracterizado por la intención de formar y educar para ejercer este derecho de acceso a la información, pero también el amplio concepto del ejercicio de rendición de cuentas.
Solo así, en un amplio compromiso, que abarque a todos en la conciencia de que la rendición de cuentas es, no sólo un sólido instrumento democrático, sino también una actividad constante de coparticipación y responsabilidad colectiva incluyente, que puede, además de prevenir e inhibir la corrupción, mejorar los resultados del gobierno, la calidad de los servicios públicos, la moral política, la representatividad gremial e incluso, el nivel de bienestar, social e individual.
Tal como lo dice John M. Ackerman: Es solamente a partir de un comportamiento pro-activo, creativo y de auténtica apertura por parte de los servidores públicos como emergen las anheladas sinergias. Además, dependen de la acción decidida, organizada y arrojada de los actores sociales y cívicos comprometidos con la transparencia.”
Entonces podremos avanzar rumbo a lo que Guillermo O’ Donnell, llamó la accountabillity horizontal, en la que instancias del Estado encargadas de “supervisar, controlar, rectificar y/o sancionar actos ilícitos” de otras instituciones, no sólo estén dispuestas a hacerlo, sino que se vean obligadas por la presión ciudadana, que podría verse resuelta a ejercer este control a través de lo que él mismo autor denominó la accountabillity vertical, es decir, las elecciones.
En ello los medios de comunicación deben asumir un compromiso de control político, propio de las democracias deliberativas modernas: el de ser el altavoz de las demandas surgidas de la participación ciudadana y el uso por ésta de las herramientas que le proporcionen la transparencia y el acceso a la información. Ya decía Enrique Krauze, quien escribía en 1983, en Una democracia sin adjetivos: “La revista Proceso es hoy por hoy, más efectiva que la Secretaría de la Controlaría.”
Ninguno de los tres poderes, municipios, organismos autónomos, instituciones educativas, partidos políticos y sindicatos puede ser ajeno a la carga de legitimidad que brinda la transparencia y la inteligente rendición de cuentas. En el aparente estado de urgencia en el que se encuentran las instituciones por necesidad de credibilidad.
Pero también, solo así, con formación e información requerida, se podrá lograr una efectiva coparticipación de actores civiles, sociales y políticos, en torno al concepto de rendición de cuentas, lo que podría aproximarnos a su vez a una dinámica de gobernanza a partir del interés y el impulso del involucramiento de la ciudadanía, en distintas facetas y roles, en un proceso tan complejo, como requerido hoy en nuestra democracia.
*Miembro de la ONG ‘Impacto Legislativo’, especializada en transparencia y rendición de cuentas e integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.
