¿Qué aspectos contempla la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) que obliga a los maestros a evaluarse? ¿Qué connotaciones e implicaciones encierra esta que es la más importante de la leyes secundarias que norma y fija las directrices para la evaluación de la educación y de los maestros, que pretende sean de calidad? ¿Por qué algunas de sus consecuencias transcurrida la primera etapa de evaluación y desde que se aprobó, han llevado a la CNTE y maestros que se han inconformados con reticencias y resistencias a considerarla como una ley que tiene un carácter punitivo? Para aproximarnos a las respuestas (mismas que intentaremos dar en las próximas colaboraciones) de las anteriores interrogantes, se hace necesario revisar la fuente primaria que contiene la LSPD que no es otra que el decreto del 3 de septiembre de 2013.
La LSPD tiene como referentes a los niveles básico: formado por los tipos preescolar, primaria y secundaria y el medio superior como componentes del Sistema Educativo Mexicano, mismos sobre los que se ocupa en cuanto al desempeño docente y formación continua del profesorado que en ellos labora. Teniendo como marco general y objetivo general la persecución del logro de una educación de calidad, la LSPD regula el ingreso, evaluación, permanencia y promoción de los docentes.
En su capítulo II la ley en cuestión, sin mencionarlo por su nombre completo habla del Instituto responsable del diseño de los instrumentos de evaluación. Integrado por especialistas que operan como Consejo con su presidente a la cabeza, el Instituto terminaría siendo el INEE que entre sus atribuciones la ley lo mandata para definir los procesos de evaluación, fijar los lineamientos para la evaluación del ingreso al Servicio profesional y del desempeño docente, seleccionar concurso de oposición de por medio a “los docentes que se desempeñaran de manera temporal en funciones técnico pedagógicas…”, (las cursivas son nuestras) y dar a conocer los resultados de los diferentes procesos de evaluación. De igual forma el INEE es el ente encargado de autorizar los parámetros e indicadores para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Cada uno de estos momentos, habrán de ser valorados vía su evaluación respectiva. Otras competencias del Instituto tienen que ver con la supervisión de los procesos de evaluación, emisión de resultados y asesoramiento a las autoridades.
Por su parte las autoridades educativas seleccionaran y capacitaran a los evaluadores; de igual forma a los aplicadores, de los exámenes se entiende; convocaran a los concursos de oposición para cada proceso de evaluación, ofrecerán “programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional…” de docentes y directivos. Esta última como la actualización de planes, programas, método y enfoque educativos, es una de las grandes asignaturas pendientes de la Reforma. También habrán de administrar el otorgamiento de plazas “con estricto apego al orden de los puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes que resultaron idóneos en el concurso”. Todas las atribuciones y competencias tanto del Instituto como de las autoridades se trasladan al ámbito de la educación media superior. La LSPD a través de los criterios e instrumentos diseñados por el INEE parece estar inspirada en una filosofía regida por un espíritu burocrático profesional. La calidad educativa que se persigue parte de la profesionalización del cuerpo o cuerpos de profesionales docentes. Esto es los enseñantes ensimismados al grado del paroxismo alienante, en su formación continua deben estar actualizándose de manera permanente primero para poder ingresar al servicio, ya estando dentro afianzarse con la seguridad relativa en el empleo; y, decimos a fin de conservar el empleo por qué la base hay que hay ratificarla por medio de las evaluaciones periódicas a las que serán sometidos. Para mantenerse en la jugada el grupo de alumnos a los que se enseñan deben demostrar su aprendizaje y por su parte los maestros deben observar y cumplir satisfactoriamente con los instrumentos de evaluación, cuatro en total, que obligatoriamente por ley se les aplican. Ser profesional se demuestra cumpliendo con los protocolos y formatos y pasar los exámenes. Todo esto en medio de un engorroso y laberintico burocratismo. El resultado satisfactorio de todo este viacrucis debe tener un dictamen satisfactorio para mantenerse con el empleo, no ser puesto en capilla o despedido después de tres pruebas y morir en el intento de conservar la chamba.
Todo esto se podía haber ahorrado. En condiciones más o menos normales y partiendo de que se cuenta con profesores responsables y comprometidos, bastaría con depositar la confianza en los educadores, facilitarles su trabajo en términos de flexibilizar y actualizar los programas, dotarlos de autonomía y capacidad de gestión al igual que los directivos de los establecimientos educativos; darles libertad para que hagan su trabajo y que los alumnos demuestren objetiva y fehacientemente ante padres y comunidad lo que aprenden. Si los pupilos muestran dominio de los contenidos curriculares y competencias para pensar y resolver problemas cotidianos, comunicarse y a vivir y convivir con sus semejantes; señal que han aprendido y recibido una educación de calidad. El Estado por su parte deberá de preocuparse por actualizar y capacitar permanentemente a los educadores, aunando éstos su afán autodidacta y espíritu de superación. Por supuesto que todo esto merece a cambio el debido reconocimiento social mediante el pago de un salario justo que dignifique y honre a la profesión.
Entre los maestros sobre los que pende el hacha del despido por haber actuado de facto, por la vía de los hechos al no acreditar ninguno de los cuatro instrumentos de evaluación habiendo demostrado con son líderes académicos y entregar buenas cuentas en su trabajo, deben conservar el empleo y ser defendidos por sus alumnos, padres, comunidad y colegas. Al cesarlos se estaría castigando a la disidencia. Acallando una legitima protesta. Mientras tanto, preparémonos a las parafernalias que sufriremos o gozaremos según sea el caso, con la visita del Papa. ■
