Si juntamos todas las reformas que se han llevado a cabo en este frenético proceso legislativo e intentamos observar qué les da unidad, es decir, qué racionalidad les proporciona coherencia, verificamos una constante: es una estrategia coherente para apropiarse por vías legales de la riqueza de ‘lo común’ en México por parte de los poderes económicos mundiales. Y para eso, tuvieron que hacer dos modificaciones funcionales: uno sobre las estructuras políticas de representación y otra sobre la fuente del poder que forma la opinión pública. Es una estrategia pensada y planeada tan a detalle, que se evidencia en la disciplina y obediencia milimétrica de los legisladores responsables de aprobar dichas iniciativas.
La apropiación de los recursos energéticos es la mayor muestra de la vorágine de adjudicación de los bienes comunes de la nación: representan una riqueza inmensa que rebasa el billón de pesos anuales. Senadores y diputados pasaron por sobre todas las recomendaciones de organismos internacionales, incluyendo los ambientales, por ejemplo se vio al Partido Verde votando a favor del método llamado ‘fractura hidráulica’ de alto impacto ambiental negativo, y con cinismo declaran ‘que serán daños menores’. Dividirán a Pemex, la seguirán exprimiendo con el esquema hacendario y no la dotaron de autonomía; con ello, garantizan el éxito de los negocios de las transnacionales que vendrán a invertir. Esta operación la hicieron posible con dos ingredientes: corrupción y reparto de beneficios a los legisladores por estricta obediencia. La corrupción gigantesca se dejó ver en el trato con la dirigencia del sindicato petrolero, y el reparto de beneficios a los legisladores que ven fortalecida su carrera política a cambio de obedecer al pie de la letra el sentido del voto. En los grupos parlamentarios afines al gobierno no hubo un solo voto crítico. La palabra que revela el signo de esta modificación a la constitución y en la creación de la Ley de Hidrocarburos, es la que usó el pan para suavizar el despojo: “Ocupación (temporal)”. Es un proceso de Ocupación el que ahora vivimos.
Para hacer funcional la ocupación realizaron dos operaciones: modificaron la estructura política donde separan aún más a los representados de los representantes, además, garantizando ‘bancadas privadas’ por largo tiempo (tipo tele-bancadas) por vía de la reelección. Y la operación más impactante es la modificación en el funcionamiento de los medio de comunicación. En este flanco cuidaron fortalecer a medios que permitan el ocultamiento de lo que realmente ocurre por medio de entretenimiento y, además, medios que permiten crear rostros para convertirlos en candidatos seguros. El control de los medios de alta penetración social se articula regulando no sólo lo que se dice, sino lo que no-se dice; y el formato a través del cual se dice. Y el formato de divertimento tipo televisa garantiza el contento-ocultamiento de la realidad. Adicionalmente, se estrechó al máximo la posibilidad de penetración social de la crítica a través de marginar a los medios de comunicación social. El extremo no sólo está en el trato a las radios comunitarias, sino al propio sistema de canales de televisión de propiedad pública: Canal 11, 22, Tv-UNAM, Canal del Congreso, Canal Judicial, etcétera. La paradoja que genera es gigantesca: canales públicos que están restringidos por la paga; podemos ver gratis Televisa y debemos pagar para ver al Canal del Congreso. El caso de las radios comunitarias es sintomático, se les da un máximo de 30 watts, se les margina a la parte de la banda que no se escucha, y se les impide la posibilidad de financiarse con autonomía (se les hace depender del poder público).
En suma, tenemos un proceso de Ocupación del país por parte de los capitales transnacionales usando la clase política como medio de legalización de ésta. Y para darle garantías de continuidad de dicha ocupación, se posicionan en los órganos de representación con la formación de bancadas privadas que pueden ser por tiempos prolongados, y se aseguran del poder de la comunicación socializada para gestionar la legitimidad (artificial) por la vía del control de la difusión de narrativas y el orientando el significado de los acontecimientos. Además, de asegurar la fábrica de candidaturas en este tiempo de política informacional. Un ingrediente más: el aviso de que habrá alta represión ante futuras protestas, el ‘aviso’ es dado en Puebla con la llamada ‘ley bala’. He aquí los mecanismos del poder, ¿y el contrapoder en qué situación se encuentra?
El contrapoder se encuentra en los sectores que promueven las libertades civiles, derechos sociales, la democratización de la sociedad y del poder político, y el desarrollo humano. Lo que aquí observamos es poco esperanzador: una sociedad civil debilitada y fragmentada; además de una izquierda electoral sumisa a las prebendas del poder, tibia y preocupada en su mediocre reproducción. Sin embargo, vemos en estos días la declaración abierta a la rebelión por parte de El Barzón y la CNPA, una población en franca precarización y una punta de la izquierda electoral que puede articular un programa de rebelión a través de la consulta energética (Morena), un movimiento juvenil que probó ser explosivo (que crece en pocos días) y un movimiento indígena que no ha sido derrotado. En poco tiempo se puede articular un contrapoder que equilibre la correlación de las fuerzas políticas nacionales alrededor del rescate de la riqueza común del país, por la democratización del poder político y el rescate del Estado. Estos dos años que siguen son determinantes para el futuro de México. ■
