Distintas voces de servidores públicos se han dejado oír los últimos días para señalar que se castigará a los maestros que cometieron el “delito” de bloquear el tránsito del boulevard Adolfo López Mateos. Lo señalan los mismos funcionarios que hasta ahora han sido incapaces de castigar los innumerables actos de corrupción que se han hecho públicos en distintas administraciones estatales y municipales. Llama la atención la amenaza del encargado de procurar justicia en el estado y que no ha sido capaz de sancionar la compraventa de votos en la anterior legislatura, o el abuso en la asignación de las llamadas “herramientas legislativas”, no obstante que algunos de los involucrados están confesos. Lamentablemente, la parsimoniosa actuación de las autoridades encargadas de esos asuntos refuerza la mala percepción existente sobre la procuración y administración de la justicia.
Los funcionarios amenazantes parecen no percibir que la imagen de la justicia en la opinión pública es y ha sido en general, desfavorable, y pareciera reflejar el mayor descrédito popular de su historia. El jurista Miguel Carbonell, estudioso del tema de la corrupción en México, ha llamado la atención señalando que “la peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad que existen: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles”.
Las cifras son escandalosas: de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez; las condenas judiciales alcanzan una cifra del 1.06%, lo que significa que la impunidad alcanza una horrorosa cifra del 99%; además, si las detenciones no son realizadas en el momento mismo de cometer el hecho delictivo, es probable que los responsables nunca lleguen a ser detenidos por las “negociaciones” que los delincuentes pueden hacer con la propia policía o los agentes ministeriales, mediante actos de corrupción.
En su informe, el relator especial de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogados sostuvo, por ejemplo, que entre el 50 y el 70% de los jueces federales eran corruptos. El informe del relator señala las deficiencias en el sistema judicial mexicano: la disparidad presupuestal existente entre los tribunales locales y los federales; los mecanismos poco transparentes para sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos de corrupción; y la falta de independencia judicial que genera prácticas corruptas dentro del quehacer de la judicatura.
Las conclusiones del relator especial son demoledoras: “La impunidad y la corrupción en el sistema judicial mexicano siguen, al parecer, prevaleciendo”; “es preciso investigar y rendir cuentas públicamente de todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas las denuncias de corrupción generalizada, algunas de mucha resonancia”. Ojalá que en Zacatecas las cosas fueran diferentes, que reinara el Estado de derecho, y que no se aplicara la ley solo en “los gueyes de mi compadre”.
